Una vez más, los adalides de la educación han guardado silencio cómplice, frente al inicio de un nuevo relato, que de manera silente, despoja y desaloja de la acción educativa, el carácter edificador de la persona y con ello, el asomo, ya, del transhumanismo en educación.
Sabido es que la Superintendencia de Educación es una instancia del Sistema de Aseguramiento de la Calidad de la Educación parvularia, básica y media, por ello se espera que lo demandado por aquella, en términos de directrices y obligaciones que las unidades educativas, en su ejercicio administrativo de la educación deben cumplir, estén en coherencia con las bases que conforman el largo proceso de Reforma Educacional, iniciado el año 1996. Destacamos algunos hitos referenciales: Reforma Educacional (1996), Evaluación Docente (2005), Subvención Preferencial (2008), Ley General de Educación (2009), Superintendencia de Educación Escolar (2011), Agencia de Calidad (2011).
El relato surgido desde la Reforma Educacional tendía a propiciar una consideración antropológica que ponía como centro a la persona estudiante, inmersa en un contexto curricular de aprendizaje donde el diálogo constituía el vehículo promocional de la intersubjetividad y la construcción del mundo, respaldando las consideraciones de un hacer significativo, constructivo, interactivo, participativo y democrático, destacando el rol facilitador (posteriormente de mediador) del profesor, que abandonaba la praxis punitiva de una pedagogía instructiva y disciplinaria por una de la seducción, motivación e inclusión, desde la otredad distintiva del educando, dándole la posibilidad de exponer la semántica de su propio universo y mirada.
Pues bien, ¿cómo se condicen estas bases, aún vigentes, con lo expuesto en la Circular n° 1, de la Superintendencia de Educación (p. 30) donde se habla de registrar las observaciones positivas y negativas del estudiante para tomar una decisión disciplinaria? Nos parece que ello implica regresar a aquella pedagogía que imposibilitaba el desarrollo del juicio moral, que, basada en el autoritarismo y la coerción punitiva, generaba una moral heterónoma, la que a su vez impedía el pensar libre de prejuicios y ataduras, quedando, como subsuelo el temor a ser castigados y sancionados, más que el convencimiento de un norte valórico, que requiere del diálogo dilemático, pensante y reflexivo para, efectivamente, edificar a los estudiantes hacia una moral autónoma. Además, ¿cómo se entiende esta regla con lo expuesto en la letra e, n° 20 de la propuesta de Objetivos Fundamentales Transversales para la enseñanza básica?, «reconocer y respetar la diversidad cultural, religiosa y étnica y las ideas y creencias distintas de las propias en los espacios escolares, familiares y comunitarios, reconociendo el diálogo como fuente de crecimiento, superación de diferencias y acercamiento a la verdad», (OAT, 2012).
¿Cómo se entiende la recomendación del diálogo si este ya está eliminado con lo expuesto en la circular? Ello parece haber pasado inadvertido y, una vez más, los adalides de la educación han guardado silencio cómplice, frente al inicio de un nuevo relato, que de manera silente, despoja y desaloja de la acción educativa, el carácter edificador de la persona y con ello, el asomo, ya, del transhumanismo en educación.
En vez de consignar descriptiva y cualitativamente lo ocurriente, base para una orientación del diálogo y reconocimiento del estudiante, hoy se registra adjetivamente para sancionar.
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Foto: Chile Ayuda a Chile / Licencia CC
Comentarios
13 de mayo
FRENTE A LA FISCALIZACIÓN DE LA SUPERINTENDENCIA DE EDUCACIÓN EL COLEGIO DE PROFESORES REGIONAL METROPOLITANO, EXPRESA:
Según consigna la prensa, la Superintendencia de Educación Escolar fiscalizó entre el 25 de marzo y el 26 de abril pasado a 4.211 establecimientos del país. Se detectó irregularidades como el registro de alumnos “presentes-ausentes”, tomas de asistencia con lápiz grafito, el uso de corrector o de tinta deleble, la utilización de cuadernos u otros registros informales como libro de clases o simplemente no haber llenado los campos asignados a este ítem. Planteles enfrentan sumarios administrativos que pueden terminar en sanciones que llegan hasta 40 millones de pesos.
Frente a estas informaciones dadas a conocer, queremos señalar que hace años el Colegio de Profesores viene señalando las anomalías que con tanta sorpresa el Superintendente, don Manuel Casanueva, da a conocer. Se trata de una respuesta tardía y confusa de las autoridades ante una situación por todos conocida y denunciada hace años por nuestra orde
Lamentablemente, las respuestas de la Superintendendencia y el Mineduc insisten en la misma lógica mercantil que inspira el modelo educacional chileno: establecer multas en dinero, aumentar las medidas de control desde una perspectiva casi policiaca en lugar de terminar de una vez por todas con el absurdo de la subvención por asistencia media.
Además, la puesta en práctica de la Superintendencia de Educación, ha introducido un factor de estrés en la comunidad escolar, de desconfianza al interior de los equipos docentes, entre docentes directivos y docentes de aula, introducido una sobrecarga laboral en materia administrativa, que distrae a los docentes de su labor principal, que es enseñar y dificulta los procesos educativos.
Por último, vemos con preocupación que esta medida y estos anuncios del Superintendente no sean una excusa para hostigar a las escuelas públicas, ahogarlas económicamente con onerosas multas y facilitar de ese modo la privatización del sistema escolar, que ha sido la política predominante de la administración del Presidente Piñera.
Dpto. de Educación
Colegio de Profesores de Chile
Regional Metropolitano
Saludo fraterno
Patricio Martínez G.
Presidente Colegio de Profesores
Comunal Peñalolén
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