El martes 19 de abril se votó en el pleno de la Convención Constitucional el segundo informe de la Comisión de Derechos Fundamentales, aprobando un conjunto de derechos sociales referidos a vivienda, salud y educación. En cuanto a los derechos educativos, el único apartado deliberado y aprobado[1] por el pleno, fue el artículo número 15, el cual establece que; “El Estado asegura a todas las personas el derecho a la educación”.
Este derecho aceptado en la nueva constitución sujeta al plebiscito de salida, según palabras de Alejandra Arratia, directora ejecutiva de Educación 2020[2], es importante debido a que “asegura el derecho a la educación a todas las personas del país, con lo cual cambiamos algo que es muy importante: que el Estado pase a tener un rol garante, no como la actual constitución, que tiene un rol subsidiario”[3]. Es decir, que los tres poderes del Estado ejerzan una protección sobre los derechos humanos como obligación garante, lo cual ha sido dimitido y vulnerado por las funciones estatales durante los últimos 49 años, sobre todo en materia de educación pública.¿Qué tipo de educación va a garantizar el Estado garante de derechos considerando las condiciones históricas de la realidad escolar pública?
Es innegable el carácter imperativo de constituir un Estado garante de derechos, al igual que es imperioso establecer la educación pública como un derecho fundamental que asegure el acceso gratuito a todo niño, niña y adolescente (NNA) en su proceso escolar, junto a toda persona que deseé ingresar a una institución estatal educativa superior. Sin embargo, paralelamente a este proceso; ¿cómo ha continuado la realidad de la educación pública en Chile? o particularmente, ¿cómo ha continuado la realidad escolar pública desde las perspectivas de los actores que diariamente forman parte de los espacios educativos?
Al visualizar la realidad escolar pública desde una mirada panorámica se advierte un escenario altamente tensionado por situaciones de violencia, condiciones de precariedad y vulneralización de derechos sufridos por profesores, profesoras y estudiantes. Este marco conflictual ha tomado una mayor conmoción pública durante los primeros meses del año por particulares circunstancias informadas públicamente, como ha sido el incremento de casos de violencia estudiantil suscitados desde el regreso a la presencialidad escolar al interior de un número de establecimientos educativos de diferentes regiones del país[4], la muerte de un joven estudiante quien se disparó al interior de su espacio escolar, la toma estudiantil de cinco colegios emblemáticos de Santiago en conjunto a las manifestaciones estudiantiles realizadas durante el mes abril y principios de mayo[5].
Estas experiencias, traducidas en acontecimientos públicos, realmente despiertan preocupación al pensar el actual estadio de la realidad educativa post emergencia sanitaria, sin embargo estas experiencias comprendidas desde una mirada socio antropológica no se conciben como prácticas sociales aisladas, sino que forman parte de un entramado histórico que llegan a configurar el actual presente historizado. En este sentido, desde la década de los 90’ e inicios de los 2000, la realidad educativa ha experimentado diversas transformaciones a partir de los procesos de privatización o “modernización de la educación” en Chile, constituyéndose las bases de una política educacional centrada en la inversión subsidiaria por parte del Estado a organismos privados, facultando la realización desregulada del negocio educativo. Al mismo tiempo, produciéndose la sedimentación progresiva de la precarización escolar pública, en correspondencia al creciente aumento del gasto destinado para la educación formal por parte de la mayoría de los hogares en Chile, instalándose la deuda como uno de los principales mecanismo de financiamiento para costear dichos procesos.
La instalación deliberada de esta lógica estructural, ha implicado que las dinámicas de poder de carácter neoliberal atraviesen los diferentes ámbitos del campo educativo, como ha ocurrido en la dimensión cotidiana de la educación, principalmente, en la vida cotidiana de quienes producen la realidad escolar pública en Chile. En donde la diversidad de actores escolares, tanto educadores como educandos, tanto profes como estudiantes, han sobrellevado un continuo histórico de problemáticas que no se reducen exclusivamente a lo que acontece al interior del impetuoso espacio escolar, sino que de igual manera, estas problemáticas se encuentran relacionadas con la producción de procesos de desigualdad, segregación y empobrecimiento sistemático experimentados durante los últimos 22 años por la población chilena.
Lo cual, fue claramente puesto en manifiesto al decretarse las cuarentenas obligatorias a nivel nacional producto de la disipada emergencia pandémica, al develarse mediáticamente las complejas desigualdades que arrastran un conjunto de familias, personas pobladoras, profesores, niños, niñas y jóvenes de determinados sectores marginados de las garantías estatales. Este escenario conllevo a que el espacio escolar fuera construido cotidianamente desde los hogares imbricados en dichos procesos de desigualdad, ante lo cual, es importante considerar que la actual realidad escolar se mantiene intersectada por estas experiencias de confinamiento, desigualdad y experiencias psicoemocionales.
Por tanto, en atención a este contexto es importante reflexionar sobre ¿qué tipo de educación va a garantizar el Estado garante de derechos considerando las condiciones históricas de la realidad escolar pública? No obstante, para dotar a esta reflexión de una mayor inteligibilidad es necesario adentrarse en el espacio cotidiano de la educación pública, concebido como un campo impregnado de contenido histórico, político y social. En este sentido, solo mediante la profundización de los procesos, relaciones y sentidos construidos cotidianamente por los actores escolares en cada espacio educativo en relación con otros procesos institucionales o estructurales, es posible acercarnos a comprender; ¿qué está aconteciendo en la realidad escolar pública en Chile?
A este respecto, si deseamos mirar la realidad escolar pública a través de un prisma socio antropológico, es fundamental ahondar en las realidades educativas a través de las relaciones, perspectivas y procesos que los actores producen en sus particulares espacios, en vinculación a otros entramados sociales (familia, población, barrio, junta de vecinos) interrelacionados según sus diferentes niveles contextuales y sociohistóricos (Estado, políticas neoliberales, políticas educativas o urbanas). Teniendo en consideración, que los actores que construyen cotidianamente los entramados educativos en cada colegio o espacio social, han experimentado y subjetivado de diferentes maneras los procesos hegemónicos que han sostenido las determinadas formas de desigualdad durante los últimos años en el Chile actual.
Es apremiante promover los saberes de quienes construyen diariamente, mediante singulares relaciones y experiencias, la realidad escolar pública, puesto que estos conjuntos de conocimientos son generalmente relegados a formas rutinarias del quehacer o concepciones neutralizadas por el manto imperceptible de la normalidad. Acorde a este marco, la perspectiva socio antropológica orienta su interés a elaborar una mirada crítica sobre los procesos configurados como realidades naturalizadas o tramas reificadas, como se expresa en la comprensión de la violencia estudiantil como elemento propio de la vida escolar pública, invisivilizando u omitiendo los procesos de violencia, por ejemplo que se han ejecutado en las institucionalmente denominadas; macro zona sur y macro zona norte o los procesos de pobreza urbana desplegados en determinadas comunas de Santiago, que han dejado una infinidad de huellas sin beneficio de inventario o sin beneficio de reconocimiento.
En definitiva, si deseamos observar la realidad escolar pública a través de una mirada socio antropológica, es importante apreciar que el campo educativo no se limita al plano escolar y lo escolar no se acota a lo institucional, dado que cada espacio se encuentra relacionado con múltiples contextos, procesos y formas de desigualdad producidas durante el incesante curso de la historia. Por lo cual, uno de los grandes desafíos para quien se interese en promover las perspectivas y voces de los actores escolares, es trabajar colectivamente en elucidar, desmitificar e historizar las distintas huellas que han atravesado la diversidad de profesoras, docentes, estudiantes, NNA, personas pobladoras, familias, entre tantos más, durante la construcción de sus vidas cotidianas en relación a sus territorios, colegios, contextos y espacios sociales.
[1] Por 114 votos a favor, 12 en contra y 20 abstenciones
[2] https://www.educacion2020.cl/
[3] Cita extraída del Dínamo, para revisar el artículo completo ver; https://www.eldinamo.cl/educacion/Los-temas-pendientes-que-dejaron-las-normas-de-educacion-rechazadas-por-la-Convencion-20220420-0048.html.
[4] Para mayor información, ver https://www.defensorianinez.cl/noticias/defensoria-de-la-ninez-reune-a-actores-claves-para-enfrentar-crisis-de-convivencia-escolar-y-episodios-de-violencia-en-el-regreso-a-la-presencialidad/
[5] Para mayor información, ver https://tribunavm.com.ar/index.php/2022/05/09/protestas-de-estudiantes-en-chile/
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