En lo que a crisis de la educación se refiere, lo característico de las movilizaciones respecto de los municipios o alcaldes se acotaba a la negociación de cuánto y cómo se realizaría la toma o el paro, correría lista de asistencia o no, se realizarían jornadas de reflexión o no, se asistiría a marchas o no, entre otros. Pero nunca se había interpelado a los municipios respecto de asumir compromisos para revertir la municipalización de la educación.
En otras oportunidades hemos escrito sobre la geografía de la multitud, haciendo referencia al movimiento social que se desarrolló durante el año 2011, el cual vino desde el sur al norte. En sí mismo, el movimiento social tuvo y tiene una expresión espacial, la cual no siempre se visibiliza con toda la claridad e importancia que merece. En ese sentido, indican algunos expertos en estrategia, que el manejo del espacio tiene insospechadas repercusiones en el poder político formal institucional. Los historiadores, geógrafos y politólogos saben de ello.
La geografía de la multitud, representada por los estudiantes, bien lo ha entendido. No sólo han ocupado el espacio público que ofrecen las calles de la ciudad, sea en las clásicas marchas, las memorables representaciones teatrales y de danzas, haciendo uso de emblemáticos espacios públicos como son las veredas de la Moneda, Plaza de la Constitución, entre otros. El más estratégico y que generó una atrofia a la dinámica rutinaria escolar y política, fue la toma de los liceos, emblemáticos o no. Ello provocó genuinamente una tensión que hizo crisis en el Gobierno de Sebastián Piñera, el cual, como ya lo ha demostrado la encuesta CEP de agosto, es la suma de todos los miedos, haciendo alusión a una película norteamericana.
Pero hoy, los estudiantes secundarios apoyados por los universitarios, están dando un giro estratégico respecto de su afán de calidad y gratuidad de la educación. Sus movilizaciones están orientadas hacia los sostenedores municipales para exigirles que gestione el fin de la administración municipal de la educación, cuestión que no debe entenderse como el fin de la educación pública, por no ser los municipios quienes la administren. Es solicitarles a los municipios: ¡devuelvan la administración de la educación pública al Estado!
Utilizar este mecanismo ‘político– espacial’ de movilización, es realizar una coherente lectura de la coyuntura electoral municipal, pero también una justa re-focalización de la protesta estudiantil, esto es, en una de las escalas de administración y generación de educación que no había sido abordada, como parece querer serlo en esta nueva instancia. En lo que a crisis de la educación se refiere, lo característico de las movilizaciones respecto de los municipios o alcaldes se acotaba a la negociación de cuánto y cómo se realizaría la toma o el paro, correría lista de asistencia o no, se realizarían jornadas de reflexión o no, se asistiría a marchas o no, entre otros. Pero nunca se había interpelado a los municipios respecto de asumir compromisos para revertir la situación actual de la educación pública administrada por la administración local, esto es, desmantelar la municipalización de la educación.
A los alcaldes, en más de una oportunidad, se les escucha indicar que la educación es una permanente sangría para el presupuesto municipal, ya que la subvención escolar no alcanza para solventar los gastos de los establecimientos, sin perjuicio de los aportes por concepto de Subvención Escolar Preferencial (SEP) o fondos de mejoramiento de la educación pública – municipal, entre otros. Pero nunca habían encarado o enfrentado una situación de esta naturaleza. En segundo término, el giro en el desplazamiento ‘político – espacial’ de la geografía de la multitud estudiantil secundaria y universitaria, es estratégico, porque encara de manera inteligente el centralismo de la educación, la cual, según fueron las disposiciones de las reformas de la educación y salud en los 80’ (dictadura), se buscaba ‘desconcentrar –descentralizar’ estos servicios por medio de la municipalización. Esa aspiración, a todas luces fue siempre una falacia, toda vez que, por lo menos en educación, nunca fue independiente de las decisiones centrales en cuanto a financiamiento y dependencia técnica desde el centro. Este giro es estratégico y, es de esperar, perdurable en tiempo y espacio, ya que en la medida que las autoridades locales se vean sistemáticamente interpeladas respecto de su deficiente administración en educación, tendrán que ser más proactivas ante el centralismo educacional conocido y devolver al estado la gestión de educación, a menos que se plantee otro mecanismo.
Así, la clase política desplegada en los diferentes espacios de poder institucional del Estado, debería recoger, ahora, por este nuevo estímulo, las modificaciones de financiamiento justas (como la reforma tributaria) y las decisiones políticas que permitan una educación de calidad y gratuidad. Espacio y política son un binomio que necesariamente debe ser bien leído por el movimiento social. Hoy, de paso, se da otra lección para avanzar en las reformas políticas de descentralización política y de democratización en Chile.
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