El sistema educativo chileno es altamente segregado, inequitativo y no inclusivo. Lo problemático de la distribución segregada de la matrícula, es que además de dificultar que las escuelas más vulnerables logren mejores resultados, impide que el sistema cumpla adecuadamente el rol de formar para el ejercicio de la convivencia social respetuosa y democrática.
Las políticas públicas desarrolladas en los últimos 30 años al respecto se han basado principalmente en la teoría de las escuelas efectivas, enfatizando la focalización y las intervenciones basadas en la discriminación positiva, bajo el supuesto que reforzando los establecimientos vulnerables, sus resultados escolares mejorarán y se logrará la igualdad de oportunidades en la sociedad como un todo. Esta conclusión es altamente objetable.La verdad es que el objetivo de mejorar los aprendizajes curriculares de sectores vulnerables, aunque necesario, no es suficiente para lograr mejoras sistémicas en la educación chilena, desde la perspectiva de hacerla más inclusiva, democrática y eficaz.
En efecto, aunque se observan reducciones de las brechas de rendimiento de los deciles extremos de la población escolar, lo cierto es que la velocidad con que se mueven estos cambios difícilmente permitirá cerrar en plazos razonables las brechas entre los establecimientos de alto y bajo nivel socioeconómico. Por otra parte, aun si los progresos en los rendimientos mencionados alcanzaran mayor volumen y velocidad, cabe preguntarse si una mejora tal permitiría modificar la naturaleza segregada del sistema educativo chileno. La verdad es que el objetivo de mejorar los aprendizajes curriculares de sectores vulnerables, aunque necesario, no es suficiente para lograr mejoras sistémicas en la educación chilena, desde la perspectiva de hacerla más inclusiva, democrática y eficaz.
Dado lo anterior, el paradigma de la focalización basado en el modelo de escuelas efectivas debería dar paso a otro, que privilegie explícitamente la inclusión escolar intramural universal, como una estrategia para alcanzar la meta de educación equitativa y de calidad para todos. El cambio del sistema hacia uno más inclusivo y equitativo, se basa en que un volumen creciente de escuelas con proyectos educativos institucionales inclusivos.
La ley 20.845 abre una posibilidad para implementar políticas inclusivas, al eliminar barreras de acceso igualitario a la escuela, sin embargo, debemos tener cuidado con la tendencia de las políticas públicas chilenas a confundir el cambio social con la instalación de medidas legales y procedimientos burocráticos. La teoría de esta ley es que, a través de un dispositivo de selección aleatoria, los hijos las familias más vulnerables podrán acceder a los establecimientos que prefieran sin ser discriminados por los proveedores y se impondrá así la inclusión educativa. Pero es necesario entender que una escuela inclusiva no solo debe tener una matrícula heterogénea, sino que debe hacerse cargo activamente de la multiplicidad de características personales, educativas y socio-culturales y generar una cultura escolar en que se naturalice la diversidad y desarrollen procesos educativos eficaces y adecuados a cada estudiante.
Hasta el momento, lamentablemente, no se observan disposiciones sustantivas que impulsen ni apoyen el cambio paradigmático intramural, favoreciendo cambios en los modos de gestión, en la cultura y los enfoques de trabajo pedagógico de todos los establecimientos educativos del sistema. Lo que se necesita para que se imponga el paradigma inclusivo, es un abordaje más integral del problema, generando incentivos y condiciones para que se expanda la cantidad de establecimientos educativos que desarrollen con eficacia proyectos educativos inclusivos, en lo pedagógico, lo convivencial y lo formativo. En esta linea parece necesario repensar el modelo de financiamiento, los modelos curriculares, la formación en servicio de los equipos docentes y lis directivos escolares, para estimular proyectos educativos institucionales que asuman la inclusión como proceso colectivo, dejando atrás el formalismo tecnocrático y burocrático que ha caracterizado a todas las reformas implementadas hasta el momento en la educación chilena.
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