El pasado 18 de julio de 2011, el entonces Ministro de Educación Joaquín Lavín Infante –a través de un esperado cambio de gabinete- dejó esa cartera y pasó a Mideplan. La salida de Lavín se produjo en medio de los cuestionamientos por su vinculación a la Universidad del Desarrollo y por el reconocimiento que hizo en un programa de televisión respecto de que no había perdido dinero en la operación de venta con la que se habría desvinculado de la misma.
“Art. 53. Las universidades, los institutos profesionales y los centros de formación técnica estatales sólo podrán crearse por ley. Las universidades que no tengan tal carácter, deberán crearse conforme a los procedimientos establecidos en esta ley, y serán siempre corporaciones de derecho privado, sin fines de lucro para el efecto de tener reconocimiento oficial.
Los institutos profesionales y centros de formación técnica de carácter privado podrán ser creados por cualquier persona natural o jurídica en conformidad a esta ley, debiendo organizarse siempre como personas jurídicas de derecho privado para el efecto de tener reconocimiento oficial. Estas entidades no podrán tener otro objeto que la creación, organización y mantención de un instituto profesional o un centro de formación técnica, según el caso; todo ello sin perjuicio de la realización de otras actividades que contribuyan a la consecución de su objeto.
Los establecimientos de educación superior a que se refiere la letra d) del artículo precedente, se regirán en cuanto a su creación, funcionamiento y planes de estudios, por sus respectivos reglamentos orgánicos y de funcionamiento y se relacionarán con el Estado a través del Ministerio de Defensa Nacional”.
Quisimos saber si el Ministro Lavín había fiscalizado a las universidades privadas, para lo cual ocupando la Ley de Transparencia, solicitamos el 8 de agosto de 2011:
"Vengo en solicitar informe y copia digital de todas las fiscalizaciones realizadas durante el período del Ministro Lavín a universidades privadas, con detalle de fiscalizaciones iniciadas y terminadas, informe debe ser firmado por autoridad competente. Solicito indicar si esas fiscalizaciones incluyeron sociedades relacionadas con fundadores, directivos y similares".
La respuesta del Ministerio llegó ayer 30 de agosto de 2011, mediante dos correos electrónicos en los que adjuntaron 6 actas de fiscalización a las siguientes universidades: Pontificia Universidad Católica de Valparaíso (acta de fecha 22 de diciembre de 2010); Universidad Austral de Chile (acta de fecha 26 de octubre de 2010); Universidad Católica de la Santísima Concepción (acta de fecha 22 de octubre de 2010); Pontificia Universidad Católica de Chile (acta de fecha 28 de diciembre de 2010); Universidad de Concepción (acta de fecha 21 de diciembre de 2010) y Universidad Técnica Federico Santa María (acta de fecha 21 de diciembre de 2010).
Las universidades fiscalizadas durante el período del Ministro Lavín correspondieron exclusivamente a las del denominado grupo de universidades privadas tradicionales del Consejo de Rectores. Las fiscalizaciones se refieren solo a programas de Becas y Créditos Universitarios. En consecuencia, durante el período del Ministro Lavín el Ministerio de Educación no fiscalizó a ninguna universidad privada creada desde el año 1981.
Por otro lado, recordemos que en mayo de 2010, a raíz de las denuncias por mal uso de Becas Valech en la UNIACC, el Ministro Lavín decidió desvincular al jefe Subrogante de la División de Educación Superior por
lo que calificó como: "fallas de fiscalización muy fuertes en el Ministerio de Educación". Además de despedir al funcionario (y de despedir a muchos funcionarios en el Mineduc) y de indicar con el dedo al gobierno anterior por no haber fiscalizado adecuadamente a las universidades involucradas en este escándalo, ¿qué más hizo? ¿Mejoró la fiscalización? A partir de los informes que nos fueran entregados, solo podemos concluir que nada de ello ocurrió. Durante su período, el Ministro no fiscalizó a ninguna universidad privada de las creadas desde el año 1981.
A continuación podrán ver el correo de respuesta del Mineduc y los informes de las fiscalizaciones realizadas.
Comentarios
31 de agosto
Con ese nivel de fiscalización no es posible saber cómo se manejan los fondos públicos que se entregan a las universidades. Me pregunto si aquello es producto de las pocas herramientas que entrega la ley o de los múltiples intereses económicos que la clase política tiene en las universidades, lo que redundaría en el nulo interés real de fiscalizar.
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