Con profunda preocupación hemos visto como padres y madres inmigrantes extranjeros, en compañía de sus hijos e hijas, han tenido que realizar el proceso de solicitud de identificador provisorio escolar (IPE) en condiciones completamente inaceptables, precarizando su vida y alejando a la población de la dignidad y de la justicia social.
La solicitud del IPE es solo el primer paso para generar la postulación a los centros educativos para luego ingresar al sistema de admisión escolar, buscando ser aceptados en una escuela que acoja sus necesidades e intereses, en un proyecto educativo intercultural donde se pueda forjar un desarrollo integral. No obstante, sabemos que nuestras escuelas no cuentan con un desarrollo integral de políticas y mecanismos institucionales inclusivos propios pues no todas cuentan con proyectos y recursos (humanos y financieros, entre otros) que promuevan la integración de la comunidad en base a los principios de la interculturalidad y la inclusión.
Lamentamos profundamente la desidia del Estado chileno y que se encuentra expresada por el gobierno del presidente Piñera para con la población inmigrante transnacional, y en particular del Ministerio de Educación y las instituciones públicas que proveen educación en la primera infancia, las cuales no han estado a la altura de la nueva conformación de la sociedad chilena, expresado en la débil implementación de las políticas públicas de inclusión en centros educativos del país. El acceso limitado de las familias migrantes a la información sobre los derechos de las niñas y niños sin RUT chileno es evidente en las largas filas y esperas para solicitar un cupo para la educación pública. En este sentido, la deshumanización del trato coincide con la actual crisis migratoria en nuestro país. Por tanto, creemos que la discriminación hacia las niñas y niños migrantes es estructural e institucional, validada por una burocracia que distingue entre nacionales y extranjeros.El acceso limitado de las familias migrantes a la información sobre los derechos de las niñas y niños sin RUT chileno es evidente en las largas filas y esperas para solicitar un cupo para la educación pública
Indudablemente, la implementación de políticas educacionales inclusivas implica una modificación de los procesos administrativos. Sin embargo, es fundamental que a nivel Estatal y gubernamental, exista una clara política de resguardar los derechos fundamentales y en este caso el de la educación y que además, se considere un aumento de recursos que permitan tanto a las escuelas como a sostenedores financiar las necesidades en torno a la población escolar migrante. Además, es preciso trabajar en establecer planes de formación profesional docente para el trabajo con población diversa y la incorporación conocimientos, saberes y herramientas que garanticen una educación con enfoque intercultural a nivel curricular en la formación inicial docente, promoviendo altas expectativas en todas y todos los estudiantes que se incorporen al sistema. De este modo, creemos posible que los estereotipos y percepciones negativas que puedan terminan afectando las trayectorias educativas sean exitosas y contextuadas a través del conocimiento de otras culturas y del diálogo intercultural.
Una política de integración real es un elemento clave, no sólo para dar cumplimiento a la garantía de derechos para los niños y niñas que se insertan en el sistema, sino por la posibilidad que esto nos entrega al desarrollo de una sociedad armónica, cohesionada y con una visión de respeto y valoración para con la diversidad. El comprender las responsabilidades que corresponden a los Estados y gobiernos por disminuir los factores generadores de desigualdad y garantizar un acompañamiento adecuado a los colectivos vulnerables permitirá prevenir riesgos de exclusión social, situación que ya debiese ser atendida. De acuerdo con un estudio desarrollado en escuelas chilenas el año 2018 se identificó que mientras mayor es la concentración de comunidades migrantes, mayor es la tendencia de crecimiento de la distancia social entre los diversos colectivos (Castillo et al., 2018).
Creemos profundamente que una nación debe constituirse como una sociedad equitativa, y uno de los elementos que sabemos tendrá directa repercusión en la vida de los niños, niñas y adolescentes que se integran a la sociedad chilena esta relacionado con las oportunidades educacionales a las que tengan acceso.
por:
Consuelo Rebolledo, Académica Educación Parvularia UDLA
Francisco Gárate, Académico Educación Parvularia UDLA, CIIEDUC y REDYALA
Juan Eduardo Ortíz, Académico Educación Parvularia UDLA
Comentarios
30 de noviembre
Mayor razón para impedir la entrada de tanto migrante irregular: no sólo vienen a exponerse al entrar por pasos no habilitados, sino que además quedan como indocumentados inspirando lástima por todos lados. Cuando uno quiere cambiarse de casa, de ciudad o de país, los trámites se hacen antes señor. Si estas personas hubieran planeado su salida con anticipación, hubieran buscado trabajo antes, hubieran contado con vivienda arrendada y dinero suficiente para instalarse en un país que -ya sabemos- es caro hasta para los chilenos, nada de esto pasaría ¿o usted cree que para entrar a USA y la UE es igual que La Polar, «llegar y llevar»? Hasta cuando tenemos que hacernos cargos con nuestros impuestos de la pobreza del barrio? Entérese que la caridad empieza por casa: en Chile hay muchísimo COMPATRIOTA que necesita ayuda: colegio para sus hijos, mejor salud y educación, pero no, el progrerío (partiendo por la Ancha Comisionada) prefirieron darle prioridad en las salas cunas a los hijos de extranjeros!! y me consta porque mi mejor amiga quedó sin sala cuna para sus hijos (y perdió al menos 7 años de trabajo y cotizaciones previsionales, porque debió quedarse en casa cuidándolos) eso es el colmo y obviamente solo se ve en este país, o sea, nos sacamos la mugre pagando impuestos, para que políticos de izquierda y derecha nos expolien y encima y usted parece que lo halla poco. Atroz su columna, qué quiere que le diga
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