En defensa de la libertad de elección de las familias

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Como se advierte, atentar contra la libertad de elección de las familias y contra la iniciativa particular son argumentos de ayer y hoy para ir en detrimento de los cambios estructurales en nuestro sistema educativo. Tanto ayer como hoy, estos argumentos son acompañados de vaticinios negativos sobre el cierre de establecimientos particulares y la consecuente limitación al emprendimiento privado.

Numerosas han sido las críticas de los parlamentarios de la Alianza ante la reforma  educacional del gobierno de Michelle Bachelet que pondría fin a la selección, al copago y al lucro con fondos públicos. “Se está atentando contra la libertad de enseñanza, que es la posibilidad de que los padres elijan donde educar a sus hijos”, afirmó el diputado UDI Gustavo Hasbún a comienzos de julio, luego de entregar unos patines al Ministro de Educación como un presente simbólico en defensa de la educación particular subvencionada.

En una posición con matices diferentes, el presidente y senador de la DC Ignacio Walker, tras un encuentro a fines de junio con alrededor de 60 directores de establecimientos particulares subvencionados, manifestó su preocupación frente a los cambios impulsados por su propio sector: “Jamás vamos a aceptar que se impida que los padres puedan elegir la educación de nuestros hijos. La DC va a garantizar que los padres elijan el colegio para sus hijos”, acotó en dicha oportunidad, al tiempo en que reafirmó el compromiso partidista de “fortalecer la educación particular subvencionada”.

Quienes han defendido la reforma educacional suelen responder a estas objeciones con argumentos de la índole de que la eliminación del copago amplía el espectro de elección de las familias y por tanto incrementa la libertad de las mismas, o bien que el fin al lucro bajo ningún parámetro llevará al cierre de establecimientos o al término de la educación particular subvencionada, como algunos han manifestado. Ahora bien, más allá de la veracidad de las afirmaciones del debate, llama la atención la tenacidad de este tipo de argumentos frente a los cambios educacionales propuestos a lo largo de nuestra historia republicana. En efecto, la defensa a la libertad de enseñanza y, tal vez con mayor ahínco aún, la defensa a la llamada libertad de elección de las familias ha sido una batalla doctrinaria de profunda raigambre conservadora.

Corrían los primeros aires del siglo XX cuando el senador del Partido Radical Pedro Bannen propuso la ley de instrucción primaria obligatoria, proyecto que contenía la obligatoriedad de asistencia a clases por al menos 3 años para los niños de 6 a 12 años de edad, y que sería latamente discutido en el parlamento con líneas de un cariz similar a los que escuchamos hoy. Así, ya en 1902, el senador Rafael Errázuriz del Partido Conservador cuestionaba a propósito básico de la obligatoriedad: “¿con qué razón y bajo qué pretexto se pretende coartar la libertad de los padres para educar y enseñar a sus hijos como mejor lo entiendan?”, preguntaba, a la vez que uno de sus correligionarios, el senador Ventura Blanco, acotaba con vehemencia que obligar al niño a ir a la escuela equivale a “sustituir el derecho del padre de familia por el derecho de la sociedad” y a convertir al “hijo de familia” en “el hijo de la sociedad, un esclavo de la sociedad”. Por consiguiente, según sus palabras, se trataba de un proyecto esencialmente “socialista” que claramente no merece del voto conservador.

Este tipo de estrategias argumentativas pronto se encauzaron hacia nociones de negación de la libertad de enseñanza para los sostenedores privados y luego en verdaderas predicciones de caos futuro en torno al cierre de establecimientos por parte del aparato estatal. Así, lo reflejaba el senador Carlos Walker del mismo partido (y, dicho sea de paso, antepasado de los actuales parlamentarios DC Matías, Ignacio y Patricio Walker) aduciendo que “un error gravísimo en que incurren los amparadores del proyecto de la instrucción obligatoria es el de negar la iniciativa particular que existe en Chile”, al tiempo en que dejaba pasar una oscuro augurio sobre el cierre de establecimientos educacionales por parte del Estado: “dejemos correr el tiempo y si este proyecto llega a ser ley, ya veremos cerrar las escuelas que les disgusten a los gobernantes de departamento”. Una línea similar, por cierto, siguieron algunos grupos de interés ligados a la Iglesia, como la Revista Escuelas Católicas Santo Tomás de Aquino que en 1902 advirtió que “establecida la instrucción obligatoria, la actividad privada quedará reducida a cero”.

En este escenario de críticas y conjeturas, el eje ideológico en torno a la libertad de las familias para elegir la educación de sus hijos fue profundamente discutido sin lograr acuerdos. Varios años más tarde, en 1917, el ilustre educador Darío Salas rememoraba esta discusión en una intervención que bien se podría escuchar en el debate de nuestros días: “No era el padre ignorante el que defendía aquel extraño concepto de la libertad individual. Eran los que creen que la educación puede, como otros negocios, adaptarse al sistema competitivo y a la ley de la oferta y la demanda, olvidando, entre otras cosas, que los que más la necesitan no son precisamente los que más ansían alcanzarla, que los que la costean no son los que la aprovechan, que la enseñanza dada por caridad no puede ponerse en parangón con la enseñanza igualitaria que da la sociedad por conveniencia y por deber”.

Como se advierte, atentar contra la libertad de elección de las familias y contra la iniciativa particular son argumentos de ayer y hoy para ir en detrimento de los cambios estructurales en nuestro sistema educativo. Tanto ayer como hoy, estos argumentos son acompañados de vaticinios negativos sobre el cierre de establecimientos particulares y la consecuente limitación al emprendimiento privado. Y así, tanto ayer como hoy, dichos argumentos tuvieron suficiente respaldo para retrasar el avance del país en esta materia. En efecto, la ley de instrucción primaria obligatoria debió esperar 20 años para ser aprobada, luego de largas y acaloradas discusiones entre los sectores políticos de la época.

No es trivial que casi un siglo más tarde de aprobada de ley en cuestión, ya ni las voces más reaccionarias ponen en discusión la pertinencia de que la educación primaria sea efectivamente obligatoria, situación que habla de que, en alguna medida, a pesar de la oposición temporal de algunos sectores políticos y grupos de interés, los proyectos sociales en favor del pueblo pueden terminar plasmándose en la práctica.

En este contexto, a la luz de la historia, la pregunta parece obvia, ¿podrán nuestras autoridades avanzar en la dirección que el país requiere, dirección que la ciudadanía ha expresado continuamente en manifestaciones populares, votaciones y encuestas de opinión, o deberemos esperar otros 20 años para ver dichos sueños hechos realidad? La respuesta no es meramente técnica sino política. En ella se esconden los anhelos y aspiraciones de millones de chilenos que buscan mejores oportunidades para sí mismos y para sus hijos.