El siguiente análisis parte del principio de la necesaria existencia de una educación pública administrada por entes públicos a efectos de sustentar una sociedad democrática que asegure igualdad de oportunidades y evite que la educación termine siendo dominada y administrada por los poderes económicos.
Sabido es que hoy la educación particular subvencionada muestra mejores puntajes de aprendizaje SIMCE que la educación municipalizada, provocando en consecuencia que los padres tiendan a sacar a sus hijos del sector municipal para llevarlos al subvencionado en busca de esos mejores resultados.
¿Estos mejores resultados son “per se” producto de una mejor enseñanza, léase mejor liderazgo directivo y docente, mejor gestión curricular y mejor infraestructura? Mi hipótesis es que no, pues las ciencias pedagógicas nos advierten que los resultados finales del aprendizaje están también significativamente influidos por el capital cultural que el estudiante trae de su casa y por el clima escolar en que se desenvuelve. Más aún si los particulares subvencionados pueden seleccionar a directivos y docentes sin trabas de estatutos.
He ahí entonces el escenario para la profecía auto-cumplida. Estudiantes con mejor capital cultural se agrupan en colegios particulares logrando mejores puntajes retroalimentando un círculo vicioso contradictorio con los principios democráticos y de igualdad de oportunidades encarnados en los objetivos fundamentales transversales de la educación chilena. De paso, sépase que en muchos casos las escuelas municipales logran mayores aprendizajes que las subvencionadas para alumnos de igual capital cultural, es decir, más eficientes.
Si nada nuevo se hace, lo único que sobrevivirá de la educación pública en manos de entes públicos, serán ghettos de estudiantes de alta vulnerabilidad encerrados en un círculo vicioso de segregación y discriminación.
La ley de Subvención Escolar Preferencial, si bien pretende romper con este pronóstico al entregarle mayores recursos a las escuelas que atienden a una población con menor capital cultural, sus recursos materiales nunca serán suficientes para revertir esta profecía y si lo fueran, continuaría la contradicción con los principios de una sociedad inclusiva y democrática en que la igualdad de oportunidades, tolerancia a la diversidad, respeto, etc., se manifiesten también en la convivencia y enseñanza diaria.
Sin perjuicio de los actuales esfuerzos gubernamentales y municipales para mejorar, hay que promover una ley que, además de modificar la inamovilidad laboral docente, obligue a cada establecimiento que reciba financiamiento público a recibir y educar a alumnos de todos y cada uno los orígenes socioeconómicos, construyéndose estructuras de matriculas homogéneas entre colegios subvencionados y municipales que reflejen la heterogeneidad de nuestra sociedad. Se provocará así la sana competencia en la gestión de las unidades educativas por alcanzar, en igualdad de condiciones, los mejores estándares de calidad en educación y convivencia democrática.
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Foto: P92080037 – Jaime Terán / Licencia CC
Comentarios
09 de diciembre
Siempre es bueno leer nuevos artículos que insistan en el hecho que estamos ante una «mitología» de la calidad, un discurso falaz sobre los resultados presumiblmente mejores de la educación privada y particular-subvencionada. Las investigaciones han mostrado consistemente que esto no es cierto, lamentablemente, los que leemos estas investigaciones no son quienes nos gobiernan. Estando de acuerdo inicialmente con este punto, difiero del «remate» de la columna de Marcos. Me parece que no hay que defender la «competenencia», personalmente no creo que exista la «sana competencia», tender a una igualdad entre las escuelas debería idealmente tender a hacer desaparecer la competencia e impulsar en su reemplazo una lógica de la excelencia igualitaria bajo el imperio de los derechos. Creo que esto es posible, y creo que es un sueño por el cual vale la pena jugársela.
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10 de diciembre
Gracias por tu aporte. Sin embargo diria el tema de la «competitividad» para nada es el colorario de mi postura, es algo secundario. La esencia esta el igualar las estructuras de matriculas en terminos socioeconomicos en ambos sistemas, municipal y subvencionado. Con ello creo que se aportaria signicativamente a cerrar la brecha. El reciente informe PISA saca similares conclusiones a nivel mundial. Hay que evitar los ghettos. Esa es la propuesta fundamental y para ello hay que legislar.