¿Será una escuela cerrada por no seleccionar alumnos, por tener un cuerpo de profesores al que todos desprecien por sus puntajes bajos en el SIMCE?
Mientras la Subsecretaría de Educación, Valentina Quiroga, le pedía a la prensa no usar los resultados SIMCE 2013 para hacer rankings de escuelas, varios medios ya tenían publicados los dichosos rankings en sus portales web, y varios otros comenzaron a armarlos para presentarlos después.
A su tiempo, comenzaban a saberse los resultados del SIMCE, poniendo a escuelas y profesores en los casilleros de ganadores y perdedores de la competencia educativa. El ranking orquestado por la política pública, eufemísticamente llamado “ordenación de escuelas”, propuesta por la Agencia de la Calidad y escrito en la Ley de Aseguramiento de la Calidad, tendrá como consecuencias el cierre de escuelas basados en gran medida en los resultados del SIMCE. Ello comenzará a aplicarse una vez que los plazos legales se cumplan, y empiece a operar con mayor claridad la institucionalidad de la Agencia. Es decir, aún no sabemos la magnitud del descalabro que se vendrá en la educación pública una vez que empiece a operar la maquinaria legal impulsada por el gobierno anterior de Michelle Bachelet y su acuerdo de manos alzadas continuado por Piñera.
La Agencia de la Calidad, el gobierno, los grupos afines a éste, y la derecha se han esmerado en resaltar los aspectos extra académicos que se involucran en su nuevo ranking de política escolar. Entre ellos valoran que se consideran otros indicadores, aun cuando no haya validez técnica demostrada de sus instrumentos ni se cuestionen las inferencias que emergen justamente de las medidas académicas (por ejemplo, las brechas de género que se informan dependen del SIMCE). No se molestan en resaltar que hay un límite legal a la consideración extraacadémica sobre el cual no pueden pasarse en considerar. Siendo así, y de no mediar transformaciones profundas, el SIMCE seguirá siendo el foco de la escolaridad y no se detendrá la maquinaria de los rankings.
Pero hay problemas más serios aún. Por ejemplo, no se conoce la capacidad operativa de la Agencia de la Calidad para prestar el apoyo pedagógico que se supone podrá prestar, ni cómo esas operaciones tendrán coherencia con otros cuerpos legales como la ley de Subvención Escolar Preferencial. ¿Qué pasará con una escuela pública vulnerable que tiene bajos SIMCE? ¿Tendrá a algún representante de la Agencia visitándola para hacer sus informes al mismo tiempo que una ATE asumirá funciones “de apoyo” para subir SIMCE? ¿Será una escuela cerrada por no seleccionar alumnos, por tener un cuerpo de profesores al que todos desprecien por sus puntajes bajos en el SIMCE? ¿Será que el apoyo pedagógico se transformará en más y más reforzamientos para el SIMCE? Esto no es un problema de calidad. Es un problema de diseño político: a partir de una prueba se construye un ranking que permite hacer tantas intervenciones que finalmente despedazan lo que haya de educación pública, incluyendo la moral de quiénes se enfrentan todos los días a educar. Todo con la excusa de la “mejora” en la misma prueba que arma los rankings.
La subsecretaria Quiroga puede muy bien pedirle a los medios que no armen rankings, o anunciar que hará cambios a la evaluación y valorar lo limitado de otros indicadores. Pero antes es mejor que se preocupe de dónde está el nudo del problema: entre ellos la misma ley que creó el Sistema de Aseguramiento de la Calidad. Si la subsecretaria y el ministro no se hacen cargo de desatar ese nudo legal que tienen encima con el SIMCE, pasarán todo su gobierno pidiendo que no se hagan rankings que legalmente se permiten y se promueven con la publicación de resultados SIMCE.
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Foto: Wikipedia
Comentarios
12 de junio
Los medios de comunicación están concentrados en nuestro país, creo que está meridianamente claro a quiénes defienden.
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