El Estado debe responder por una estafa que proviene de una falla estructural de sus propios mecanismos de control y fiscalización, y debe responder a los miles de alumnos y familias defraudadas que confiaron en un sistema educativo sin garantías.
Encontrar a los médicos fraudes que trabajaban en la Universidad del Mar y en el sistema público y privado en este país no es menor. Es un indicador que algo anda mal desde el punto de vista estructural y ético. Estructural, porque el mismo sistema en el que confiamos no fue capaz de detectar estas irregularidades, que ahora sabemos venían ocurriendo por lo menos 5 años antes de la detención y captura de estos delincuentes y usurpadores de una de las profesiones mas requeridas y con mas demanda, sobre todo en el sistema publico.
Llama la atención, por ejemplo, que estas personas hayan podido trabajar en el sistema publico de salud, donde se solicita el certificado de titulo original para trabajar,el cual se supone es enviado a la contraloría en donde su originalidad debe ser examinada. El que esto no haya ocurrido, significa que hay falla en los procesos de estas instituciones publicas. Estas fallas, contribuyeron en la ejecución de los delitos que hoy son investigados. Lo mismo puede decirse de la comisión nacional de acreditación (C.N.A.) quienes acreditaron una Universidad que en su contenido guardaba a estos fraudes académicos y profesionales, quienes tuvieron en sus manos la responsabilidad de enseñar y educar a quienes son las verdaderas víctimas de esta inexcusable negligencia, ya que son los alumnos quienes sufrieron del descriterio de quienes hoy sabemos ademas fueron responsables de la atención de personas que fallecieron en sus manos.
El modelo causal de este engaño que costó vidas y que ofreció expectativas y una educación fraudulenta nos lleva al estado, por una parte, al permitir por el funcionamiento de estos delincuentes, y también a los controladores de la Universidad, quienes deben ser investigados por participar de esta denigración hacia los estudiantes.
La dimensión ética del problema se vincula a la dimensión estructural, ya que si hay fallas en los procesos particulares que deben definir y fiscalizar la veracidad de estos títulos profesionales, significa que ese trabajo es inconcluso, poco profesional, y potencialmente ha dañado a nuestra sociedad. Los problemas morales en los individuos implicados en estos delitos, que ya están pagando con prisión y con el abucheo social propio de estas conductas, probablemente son estructurales en sus personalidades, y no encuentren una modificación si no hay un tratamiento que asegure que no volverán a cometer los mismos graves ilícitos.
En resumen, las responsabilidades son estructurales, del Estado como garante del resguardo de las normas, leyes y derechos de las personas; Institucionales, en que los dueños de la Universidad del Mar son también responsables de este engaño, por no resguardar las garantías académicas de calidad que ofrecían; e individuales, ya que estas personas son las que atravesaron las barreras éticas, morales, administrativas, e institucionales que motivan los delitos que hoy son investigados.
El estado, en aparente compensación, ha ofrecido rápidamente reubicaciones a los alumnos, ademas de becas de ayuda, las cuales han resultado inefectivas y falsas. Las reubicaciones, como se señala pomposamente en un articulo de La Tercera, son en su mayoría gracias a iniciativas particulares, como la ofrecida por la Universidad de Tarapaca, la cual fue hecha muy previamente a los anuncios del gobierno. Los alumnos en su mayoría han manifestado al llegar a las Universidades que estas desconocen acercamientos de parte del Mineduc, y los que han encontrado casas de estudios, a sido gracias a iniciativas personales. La beca de ayuda a los alumnos deja afuera a aquellos de las sedes de Viña del Mar y Santiago, como estipula la letra chica, lo que deja fuera de este beneficio a mas del 50% de los alumnos estafados.
La ampliación de las fechas a la postulacion al crédito CAE también parece ser un fraude, ya que los funcionarios no tienen respuestas y no hay excepciones a estos alumnos defraudados.
La querella por estafa en contra de los controladores de la U del Mar va a cumplir un año, y el fiscal Gajardo no da señales de avanzar en la investigación.
En Medicina existe un síndrome llamado «Síndrome de atrapamiento», en que un nervio es comprimido y producto de esta presión sostenida, provoca déficit en la funcionalidad de un miembro, y por lo tanto de todo el organismo. En el caso de la querella por estafa presentada por lo estudiantes, las fuerzas que provocan este atrapamiento, evitan que se sepa la verdad y que los verdaderos culpables asuman su responsabilidad, en este entramado de redes y de tejido nervioso como es la educación, con múltiples intereses e interesados en que no se sepa, y que se siga ocultando esta verdadera estafa producto de la ideología del lucro en la educación superior.
El Estado debe responder por una estafa que proviene de una falla estructural de sus propios mecanismos de control y fiscalización, y debe responder a los miles de alumnos y familias defraudadas que confiaron en un sistema educativo sin garantías.
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