La Contraloría General de la República, acogiendo observaciones de las universidades, ha cuestionado el proceso de fijación de aranceles que estableció el Ministerio de Educación. Se critica la poca transparencia, debilidades en su metodología y que ignora importantes antecedentes de costos informados por las IES.
Históricamente los aranceles reflejaban las condiciones de costo y de demanda, es decir la empleabilidad y renta esperada, buscando ser justos con estudiantes, familias y también, permitir subsidios cruzados entre carreras y financiar otras áreas del quehacer universitario.
A todas luces, esta definición de aranceles no considera los costos reales de formar profesionales en regiones.Aranceles deficitarios obligan a equilibrar presupuestos y reducir costos incluyendo la plantilla de funcionarios (as), profesionales y académicos (as), lo que inevitablemente debilita a la educación superior regional.
A diferencia de las universidades de Santiago, con matrículas masivas y varias fuentes de financiamiento, para las universidades regionales los aranceles de pregrado son la principal fuente de ingresos. Gracias a ellos, han podido impulsar áreas con financiamiento nulo o escaso, como las artes, la cultura, la investigación y el trabajo con las comunidades locales.
La Ley de Educación Superior plantea universidades complejas, pero la definición de aranceles sólo busca cubrir los costos directos de la docencia, excluyendo aportes a otras áreas que complementan la formación como investigación y vínculos con actores del entorno.
Es el caso de los aranceles de pedagogías, que no cubren los costos requeridos para cumplir los estándares de acreditación de calidad que se les demandan. Medicina y otras carreras de la salud son otro caso similar que, además deben lidiar con la disponibilidad y costos de acceso a campos clínicos.
Un 90% de los estudiantes de universidades regionales vienen de establecimientos municipales, subvencionados y de familias con mayor vulnerabilidad socioeconómica. Esto demanda programas para reducir las brechas de escolaridad con grandes esfuerzos administrativos, académicos y financieros, y también complementar las ayudas estudiantiles MINEDUC en salud, alimentación y transporte. Se agrega su aporte a la movilidad social vía sistemas especiales de acceso (PACE, u otros) que elevan los costos formativos.
La realidad de brechas de escolaridad, más acentuada en regiones, es otro factor que se ve agravado por una asignación de gratuidad que sólo cubre el periodo de duración nominal de la carrera, obviando que la experiencia internacional indica al menos un año de sobreextensión de los estudios.
Por otra parte, la definición de aranceles castiga a la mayoría de las universidades regionales que, por las dificultades indicadas, tienen menores años de acreditación. Así, ignora y no compensa el mayor esfuerzo de hacer docencia en condiciones más adversas derivadas del entorno y de las diferencias en la composición de los estudiantes.
A lo anterior, se agregan algunas cuestiones obvias de la realidad socio-económica y territorial de Chile y muy ausentes en la definición de aranceles.
La estrechez de muchos mercados regionales o la distancia a los centros proveedores hace que, no haya provisión de insumos y servicios especializados o que tengan costos superiores a los que acceden las instituciones universitarias de Santiago.
Muchas regiones, especialmente las de zonas extremas, tienen poca población, lo que se traduce en carreras con baja matrícula y por lo tanto, un costo por estudiante inevitablemente mayor comparado con aquellas de la región Metropolitana.
Tampoco reconoce que, hay carreras vitales para el desarrollo social y económico de las regiones, pero que convocan una baja matrícula, como ocurre crecientemente con las pedagogías. La definición de aranceles en base a costos netos estudiante/carrera impide que puedan ser apoyadas por otras condenándolas a desaparecer, a una gestión imposible o a depender del compromiso heroico que se demanda de las universidades regionales.
Aranceles deficitarios obligan a equilibrar presupuestos y reducir costos incluyendo la plantilla de funcionarios, profesionales y académicos (as), lo que inevitablemente debilita a la educación superior regional. En ésta, como en tantas políticas públicas, sólo se les puede recordar a las autoridades de Gobierno y Parlamento … Santiago no es Chile.
José A. Abalos
Director Ejecutivo
Agrupación de Universidades Regionales de Chile (AUR).
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