#ChaoBeyer: La lucha recién comienza

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En un país donde el 60% de la población vive con sueldos promedio peores que Angola (sí, leyó bien, Angola) y la diferencia en los ingresos autónomos per cápita entre el 5% más rico y el 5% más pobre es 257 veces, resulta una pamema y falacia hablar de la libertad de elección.

La Acusación Constitucional ha prosperado y, con ella, la destitución del (ex) Ministro Harald Beyer se ha concretado. Tras semanas de acaparación mediática por la “injusta” caza de brujas ejecutada por una coalición oportunista y con tejado de vidrio como la Concertación, por fin se ha acabado el libelo contra el Ministro Beyer. El pobre Harald. El “experto” en educación que su gran e imperdonable pecado fue seguir silenciando y encubriendo el lucro en la educación, dejando sus facultades y obligaciones de fiscalización sin ejecución. Sí Beyeristas, créanlo, San Beyer pudo hacer más; como bien Patricio Basso,  Fernando Atria y Carola Canelo, entre muchos otros, han denunciado enfática y prolíficamente. Pero bueno, Beyer, como Ministro de Educación, ya es pasado; la educación y su tremenda crisis es el presente.

Volviendo a lo central, las reformas en el sistema educativo, es perentorio en primer lugar reafirmar la viabilidad de una de las banderas de lucha emblemáticas del movimiento estudiantil: la gratuidad en todo el sistema educativo.

No, señor Orrego, Velasco y candidata Bachelet, esto no es una política regresiva ni es injusto porque financiamos la educación de los más ricos. Por el contrario, son ellos (y ustedes), a través de sus impuestos, quienes financiarán los de la población en su conjunto.

Para ello, evidentemente, necesitamos una reforma tributaria profunda sumada a la eliminación del Fondo de Utilidad Tributaria (FUT) que permite una descarada elusión de impuestos que deviene en que Chile sea de los pocos países que post tributación casi no varía su desigualdad, como el Coeficiente de Gini comprueba. No podemos seguir permitiéndonos que hoy en día el 1% más rico, como muestra un reciente estudio de la U. de Chile, acumule el 32% del total de los ingresos del país. Legislar para que los Luksic, Angelini, Matte, Paulmann y Piñera compartan un pedacito de la torta con la ciudadanía en pos de lograr un Estado que garantice derechos sociales mínimos, como salud y educación pública, gratuita y de calidad, no me suena descabellado, menos aún irrealizable.

En los 60s, Chile podía financiar la educación pública y gratuita, teniendo ganancias producto de las exportaciones mineras por 550 millones de dólares. Tras haber incrementado 80 veces dichas ganancias (40.000 millones de dólares) y tan sólo haber duplicado nuestra población estudiantil (de 2.300.000 alumnos a 4.500.000), hoy resulta una fatuidad defender la inviabilidad de esta exigencia en Chile. Ni hablar si llegamos a renacionalizar el cobre, otro gallo cantaría.

Sin embargo, la gratuidad per-se no garantiza la calidad. En eso, aunque no lo crea señor Presidente, estamos de acuerdo. Por lo mismo, es prioritario fortalecer los estándares de acreditación de las instituciones que imparten educación terciaria y que el Estado controle la calidad de la formación que se imparte en dichas casas de estudio, para que el traumático e incierto devenir de los alumnos y familias como los de la Universidad del Mar no se vuelva a repetir. El proyecto enviado por el gobierno y “San Beyer” de crear la Agencia Nacional de Acreditación (ANA), en reemplazo de la Comisión Nacional de Acreditación (CNA), muestra falencias incuestionables para la consecución de este propósito. Dicho proyecto, pretende asegurar el cumplimiento de los estándares de calidad de todas las carreras evaluando, sin contar Pedagogía y Medicina (que ya eran obligatorias), tan sólo dos por institución, y de manera aleatoria. Inconcebible.

¿Se imagina que la SEREMI de Salud otorgara la autorización sanitaria a 30 locales de alimentos tras fiscalizar tan solo a 2 de ellos y escogidos al azar? Una verdadera ruleta rusa para el aseguramiento de la calidad.

Esta iniciativa gubernamental tampoco establece la figura de un interventor que se ocupe de los estudiantes cuyas carreras no resulten acreditadas o, peor aún, se preocupe por ellos en caso del cierre de sus universidades. En un contexto en el que múltiples casas de estudio son cuestionadas por lucro que, en caso de comprobarse, implicaría su inminente cierre, se hace indispensable esta medida.

Queda demostrado que la ANA, como nuevo sistema de acreditación, es claramente insuficiente y no resuelve las problemáticas de fondo y, por lo mismo, urge su reforma y modificación previa legislación y aprobación.

Tras ya haber ahondado en la importancia de la gratuidad y el aseguramiento de la calidad, corresponde pasar a otra demanda crucial e insoslayable: El fin al lucro en todo el sistema educativo. Por antonomasia, se entiende que dichas instituciones buscan como eje central la ganancia y el rédito con el capital invertido, en términos neoliberales, aumentar la productividad reduciendo los costos. La derecha dura arguye que el lucro promueve el emprendimiento y la competencia, lo que conlleva, por lógicas de mercado, la calidad. Sin embargo, ante un mercado tan desregulado como el nuestro, vemos cómo el lucro y los excedentes generados por el proceso educativo van directamente a los dueños o sostenedores de las instituciones, en lugar de reinvertirse dicho dinero para mejorar el proyecto educativo que se imparte y la calidad de la enseñanza e institución propiamente tal.

Digamos las cosas como son: El lucro fracasó como un incentivo a la calidad. Hoy, basando nuestra argumentación en temas más valóricos y éticos que ideológicos, se exige la desmercantilización de la educación, al entender ésta como un derecho, y no como un bien de consumo.

Como bien explicaba en CIPER el abogado Fernando Atria: “No se trata, entonces, de negar a alguien la “justa retribución” por su esfuerzo y trabajo. De lo que se trata es que niños y jóvenes sean educados por personas jurídicas que tienen un compromiso con la educación, no por las ventajas económicas que así puede lograr”.

El lucro y su total desregularización se hacen principalmente preocupantes con una masa estudiantil que progresivamente está accediendo a la educación terciaria. Basado en la IX Encuesta Actores al Sistema Educativo del Centro de Investigación y Desarrollo de la Educación (CIDE) de la Universidad Alberto Hurtado, un 66.2% de los estudiantes de cuarto medio tienen expectativas para ingresar a la educación superior.

Ahora bien, no es un dato menor que desde el 2010, como la encuesta nombrada muestra, dichas aspiraciones hayan disminuido un 12,8%, baja entendible en un sistema exacerbadamente desregulado como el nuestro que no otorga garantías reales más allá del endeudamiento. Para inferir las razones, resulta esclarecedor revisar las conclusiones de un reciente estudio realizado en Estados Unidos sobre los egresados de instituciones con fines de lucro: están más desempleados, con menores ingreso y más endeudados.

Resultados lapidarios. Una verdadera fotografía del Chile de hoy en el que las universidades cuestionadas por lucro y/o acreditaciones fraudulentas se encuentran entre las peores evaluadas del país, precario prestigio que juega un rol determinante en la futura empleabilidad y remuneraciones que poseen sus estudiantes. Estos, sin embargo, pagan aranceles millonarios e hipotecan su futuro endeudándose para cursar estudios en estas instituciones que, a la postre, no les reportará mayores beneficios.

Al parecer, San Beyer, antes de ser Ministro, tenía razón: “las universidades con fines de lucro nunca van a ser buenas universidades”.

Por último, es igualmente importante desarrollar otra de las demandas centrales del movimiento estudiantil: la eliminación del financiamiento compartido. El famoso copago. Apoyado fervientemente por los candidatos de la Alianza, Allamand y Golborne, que por su ignorancia supina o rigidez ideológica ignoran, como la experiencia internacional avala, que el copago es altamente dañino para el sistema educativo en la medida que profundiza la segregación. La derecha dura dirá que coartar la subvención a la demanda atenta contra la libertad de elección. Argumento irónico, por decir lo menos.

En un país donde el 60% de la población vive con sueldos promedio peores que Angola (sí, leyó bien, Angola) y la diferencia en los ingresos autónomos per cápita entre el 5% más rico y el 5% más pobre es 257 veces, resulta una pamema y falacia hablar de la libertad de elección.

En un sistema que tu libertad está supeditada a tu capacidad de pago, suena irrisorio argüir que nuestra ciudadanía posee dicha libertad.

Ni hablar de los perjuicios que esta segregación genera, en cuanto al cómo afecta al desarrollo integral y la cohesión de nuestra sociedad al evitar e impedir la enriquecedora interacción entre estudiantes de distintas realidades y capitales culturales.

Un Apartheid socioeconómico de tomo y lomo.

Muchas son las demandas que hoy se levantan: gratuidad, fin al lucro, eliminación del copago, desmunicipalización, reformas a la carrera docente, aumento de las exigencias para impartir y estudiar Pedagogía, ampliación en la cobertura y considerar la obligatoriedad de cursar educación pre-escolar (donde para muchos, y me incluyo, yace la clave para la batalla contra la desigualdad), crear un nuevo sistema de financiamiento, avanzar en democratización de los órganos de gobierno estudiantil, fortalecer la educación técnico-profesional, entre múltiples reformas y transformaciones que, por temas de espacio, no fueron acá nombradas y/o desarrolladas.

Este 11 la calle ha hablado, con una de las manifestaciones ciudadanas más masivas del último tiempo que demuestran que el ímpetu y hambre de transformaciones de esta ciudadanía siguen intactos. En un contexto en donde estamos presenciando el momento cúlmine del nefasto resultado de una educación entregada al mercado, desregulada y segregada, el Estado ya no puede seguir siendo un mero regulador, sino un actor protagónico y garante del derecho a la educación.

James Freeman Clark decía: “Un político piensa en las próximas elecciones; un estadista, en las próximas generaciones”. Esperemos, por el bien de Chile, que la Presidencia y el Congreso se llenen en las futuras elecciones de estadistas con las agallas de llevar adelante estas transformaciones profundas y se atrevan a desafiar, de una buena vez, al establishment criollo y los poderes fácticos.

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(*) Texto publicado en El Mostrador