Aula Segura o el baile de los que sobran

Nuevamente la educación se ha tomado la agenda política y el debate nacional, pero no por el acceso, el financiamiento, o la estructura del sistema, sino que simplemente por la posibilidad de excluir a los elementos que generan riesgo para la comunidad educativa. Desde un punto de vista cultural, el mensaje suena bastante atractivo para un pueblo que ha perdido noción de sí mismo, sobre todo cuando todo el aparato estatal en las últimas décadas ha tomado acciones de fuerza contra ciertos sectores de la población calificados de subversivos, o cuyas demandas pongan en tela de juicio el modelo impuesto en dictadura; lo mismo que los medios de comunicación que alertan de manera permanente sobre la delincuencia y otros fenómenos que buscan instalar temor y miedo en las personas, y de ahí que sólo lo conocido y lo seguro sea el camino para enfrentar (o escapar de) una situación peligrosa o indeseada.

El debate de la violencia es históricamente relevante para muchos procesos por los que Chile y otros pueblos han desarrollado. Como elemento a considerar, la derecha chilena en su discurso ha pretendido poner en el mismo nivel el terrorismo de Estado encabezado por Pinochet, a las acciones de resistencia y rebelión de grupos armados y no armados que lucharon por derrocar la dictadura.

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Aula segura además de ser inconstitucional por adelantar una sanción sin el debido proceso realizado, contraviene las mismas políticas del MINEDUC en materia de convivencia escolar

En ese plano vergonzoso del empate y el doble estándar, sólo recordar que la Declaración Universal de los Derechos Humanos contempla el derecho a la rebelión contra la tiranía y la opresión, y un ejemplo claro fue el de los partisanos italianos condecorados como héroes por el Estado por la resistencia contra el ejército nazi. Entonces, cuando se dice el “condenar la violencia venga de donde venga”, por lo general la gran mayoría de las veces es un simple eufemismo: la historia oficial valida la violencia con la conquista europea de América, los procesos de Independencia, la Guerra del Pacífico, la represión contra el pueblo mapuche y varios conflictos internos. Lo mismo ocurre en política exterior, cuando no se condena el intervencionismo militar estadounidense, o medidas como bloqueos económicos y sanciones unilaterales de un Estado contra otro. O sea, nos encontramos en el pasado y el presente con hechos de violencia, y las personas e instituciones los validan constantemente, ya sea por aprobación explícita o por omisión.

Ahora bien, el problema es que la violencia no es solamente ejercida a través de la fuerza física, ya que hay mecanismos más sutiles de coerción o dominio de un sector sobre otro: limitantes a la participación democrática, condiciones laborales indignas, vulneración de derechos al interior de una familia, centros urbanos o rurales contaminados, violencia del hombre hacia la mujer, entre otros. Está por un lado la violencia ejercida por individuos en solitario u organizados, pero por otro la violencia estatal y la de otros grupos de poder. Y es así como llegamos al proyecto de ley del gobierno “Aula Segura”, que busca permitir que los directores expulsen a estudiantes que cometan hechos gravísimos en contra de la comunidad escolar, sin la necesidad de que el acto se encuentre señalado en el reglamento interno de la escuela, operando así a través de un procedimiento abreviado, en el cual la solicitud de reconsideración no suspende la sanción, separando al estudiante del centro educativo, pudiendo éste reintegrarse sólo si se acepta la reconsideración.

Respecto al contenido del proyecto, no solamente se puede hacer referencia a aspectos netamente jurídicos, sino también a lógicas relacionadas a políticas educacionales, tanto desde un punto de vista racional como emocional. Partiendo por lo último, es justo empatizar con trabajadores de la educación que se han visto afectados por este tipo de hechos y otros, ya que es la educación pública quien se hace cargo de los estudiantes de bajos recursos, y por tanto, ahí se concentran distintos problemáticas sociales que vienen detrás, que hasta la ley de inclusión escolar, los colegios particulares subvencionados aplicando la selección arbitraria se veían exentos de abordar. Por tanto, partimos de la base que no existía o existe aún igualdad de condiciones para definir la entrada o la salida de estudiantes en una dependencia municipal de una particular subvencionada, lo que ahora se exacerba al darle oportunidad a los directores de escuelas públicas de expulsar inmediatamente tras un hecho grave, sin considerar las políticas de convivencia escolar en la prevención, ni tampoco preocupándose de si se trata de personas que han sufrido vulneración de derechos y qué se hará para que pueda reinsertarse en otro establecimiento.

No debemos olvidar la lucha de muchas décadas para que Chile tuviera un sistema de educación pública, y que en su seno los sectores populares tuvieran el derecho a una educación formal, y que dicho sistema fue uno de los mejores del continente antes de la dictadura: en él los jóvenes aprendían, existía mayor igualdad de oportunidades en los aprendizajes y convivían estudiantes de todos los sectores sociales. Aula segura además de ser inconstitucional por adelantar una sanción sin el debido proceso realizado, contraviene las mismas políticas del MINEDUC en materia de convivencia escolar (cuerpos legales, normativas y enfoque de derecho) y lo que establece la ley de inclusión escolar, respecto de que toda sanción debe estar estipulada de acuerdo al reglamento interno.

Así como el Estado tiene el monopolio de la fuerza y la coerción, esta medida apunta a fortalecer la concepción de la educación como reproductor de la sociedad basada en la desigualdad, el no respeto a los derechos humanos y del niño, y el fomento de la exclusión social y de quienes no se adaptan a los estándares del sistema. Tal como lo señala la canción “El baile de los que sobran”. Está comprobado la incidencia que tiene la convivencia escolar en los aprendizajes, el problema está en que la escuela como espacio de poder reproduce las lógicas autoritarias y poco democráticas del Chile actual, y mientras las decisiones se sigan concentrando en unos pocos, no existirá ni integración, inclusión, ni cohesión al interior de las instituciones. Mientras que los planes de formación ciudadana fomentan el pensamiento crítico y los derechos de las personas, estas iniciativas van por la línea contraria. Es hora de terminar con las contradicciones antagónicas en las políticas educativas, y avanzar en democracia y justicia social. Sólo así construiremos una sociedad más pacífica, donde los conflictos no se escondan debajo de la alfombra y la exclusión social se aplique como medida de solución.