Es valorable que el Ministerio de Educación haya abierto en forma anticipada una discusión sobre los aranceles de referencia. Pero a la vez, es preocupante que todas las señales apunten hacia la fijación de estos aranceles en base a los ingresos esperados. Sería una política ilógica e injusta, y estamos a tiempo de evitarla.
Los aranceles de referencia establecen el límite del apoyo estatal (crédito, aval o beca) a los estudios de un alumno; la diferencia con el arancel real debe ser cubierta por el alumno o la institución. En la actualidad estos valores se fijan sobre la base de un conjunto de criterios que son considerados representativos de la calidad que ofrece cada institución.
El Ministerio de Educación ha manifestado la intención de reformular los aranceles de referencia de las carreras universitarias, utilizando como principal criterio de definición las remuneraciones obtenidas por los egresados de cada carrera e institución. Razones no le faltan al Ministerio, y podemos empatizar con algunas de ellas. Sin embargo, la solución propuesta es incoherente con la mayoría de sus propios fines, y sobre todo con el deseo de construir una sociedad más justa, donde todos los jóvenes tengan igual oportunidad de desarollarse intelectual y laboralmente.
La remuneración es un indicador de pertinencia con algunas distorsiones. Hay carreras de gran importancia social como la educación o la ciencia, cuya remuneración suele ser baja y depende más del Estado que del mercado. Desde el Ministerio se ha señalado que hay becas para las carreras cuya valoración social sea mayor que la privada. Suponiendo eso, aún así es mala idea fijar los aranceles de referencia en función de los ingresos esperados.
Los ingresos esperados no son un indicador de calidad o del aporte que la institución hace al estudiante. Un estudio del mismo Ministerio, de 2011, pretende explicar las diferencias en los ingresos entre profesionales. Un 25%pudo ser explicado por el aporte de la institución; un 12% por el desempeño académico de los estudiantes anterior a su ingreso a la Universidad; un 8% por características demográficas y socioeconómicas. El modelo es insuficiente (sólo explica el 50% de las variaciones); sin embargo, en la parte que sí explica, se puede observar que la institución constituye una causa importante, pero parcial, de los ingresos.
La medida propuesta tiene un efecto discriminador injusto. Se fortalecerían las instituciones donde los alumnos tienen relaciones sociales que permiten acceder a mejores empleos, o las que se localizan en las zonas mineras o en Santiago, donde están los buenos sueldos. Por otra parte, instituciones que reciben a alumnos con menor desempeño académico previo, serían “castigadas” (igual que sus alumnos) sin importar el progreso que logren con ellos.
Lo que realmente es indicativo de la calidad de un proceso no es el resultado final, sino el valor que se agrega. En eso consiste el enfoque de valor agregado. El Ministerio ha estudiado técnicas de medición con este enfoque e incluso, en algún borrador, ha considerado la posibilidad que sea el valor agregado – y no los ingresos esperados – el criterio predominante.
Independiente de si calculamos el valor agregado o las remuneraciones esperadas, no basta calcular esa cantidad para establecer los aranceles de referencia. Cuando haya dos carreras con igualdad de resultados, aquella que tenga menos costos generará mayores excedentes para las instituciones. En vez de incentivar las carreras con mayor pertinencia, se incentivarían las carreras que ofrezcan una mayor brecha entre el arancel de referencia y su costo real.
Si se quiere lograr una reducción en los aranceles, no parece ser este el camino. Como los créditos son contingentes al ingreso y las becas no son reembolsables, hay otros factores que influyen más en la decisión de los alumnos (ingresos futuros, costos de traslados y alojamiento, etcétera). Puede ser más efectivo impedir cobros adicionales al arancel de referencia, o poner fin al lucro en vez de legitimarlo.
Es valorable que el Ministerio de Educación haya abierto en forma anticipada una discusión sobre los aranceles de referencia. Pero a la vez, es preocupante que todas las señales apunten hacia la fijación de estos aranceles en base a los ingresos esperados. Sería una política ilógica e injusta, y estamos a tiempo de evitarla.
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Comentarios
23 de noviembre
hay otros factores que influyen más en la decisión de los alumnos (ingresos futuros, costos de traslados y alojamiento, etcétera), creo que son estos los que se deben considerar, y a lo mejor a largo plazo los ingresos esperados. da la impresión de que si calculan los aranceles según los ingresos esperados su objetivo es otro, buscan reembolsar dinero, no premiar el esfuerzo ni la permanencia y graduación en los estudios. la idea en los aranceles es que deben generar ciclos virtuosos y positivos. no negativos (me refiero a todos los involucrados) no sólo positivos para las universidades.
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27 de noviembre
A todo esto, he podido ver la fórmula que aplicaría el Ministerio (no he podido ver documentos del Ministerio, pero sí una presentación que el Ministerio hizo ante el Consejo de Rectores, y que éste publicó en su web). La fórmula contiene un interesante guiño al valor agregado (corrige ingresos según quintil). Sin embargo, continúa omitiendo otros factores importantes (diferencias en rendimiento académico previo, dentro de los quintiles; regionalidad; género, etc) Ya sé que no se puede pedir tanto a una fórmula, pero habría que discutirla al menos. Pero más allá de eso, reitero que no puede ser irrelevante el costo de impartir las carreras, por ejemplo.
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