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Política pesquera ¿para quién?

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Desde hace dos años venimos siguiendo con interés, sistemáticamente, las informaciones y el debate sobre el proyecto de ley que reemplazaría a la Ley de Límites Máximos de Captura por Armador (LMCA) tras terminar su década de vigencia en diciembre de este año.

Inicialmente esperamos que hubiera una evaluación de los impactos de los LMCA, de manera de poder constatar los efectos de dicho cuerpo legal en el actual estado de las principales pesquerías nacionales. Sin embargo, sólo hemos seguido escuchando las mismas explicaciones de siempre: El Niño, La Niña, la jibia, el cambio climático, el calentamiento global, la muerte natural de los peces…

Así tras una propuesta inicial liderada por el ministro Juan Andrés Fontaine, que contemplaba verdaderas licitaciones de una fracción progresivamente creciente de la cuota industrial, pasamos, tras asumir la cartera de Economía el ex senador Pablo Longueira, a un proyecto reciclado que acudió a la pirotecnia seudo-científica para no licitar. Así llegamos a esta fórmula de licitaciones al llegar al Rendimiento Máximo Sostenible (RMS) de una pesquería, cuando los verdaderos científicos recomiendan exactamente lo contrario: que el RMS sea un techo, no un piso.

Para ser rigurosos, la licitación de la fracción industrial estaba en la Ley General de Pesca y Acuicultura desde 1991, pero nunca se aplicó, pues siempre quedó a la discrecionalidad de los subsecretarios de pesca de turno, que jamás elaboraron un reglamento para llevarlas a cabo.

De esta forma llegamos a un proyecto, legislado con urgencia, como estila en muchas materias importantes el actual gobierno, que no ha escuchado a todos los pescadores artesanales del país, reduciendo su participación en este debate al fraccionamiento de pesquerías obtenido, excluyendo actores relevantes.

Hasta ahora el Ministro, el Subsecretario y el Gobierno eluden el temas del cierre de las 5 millas en todo el país, evitan hablar de regular la pesca de arrastre para proteger los caladeros históricos de pesca artesanal, e insisten en que los pescadores artesanales deben instalar posicionadores satelitales en sus embarcaciones pese al alto costo que esto tendrá para ellos.

Nada dicen tampoco sobre la posibilidad de que existan pesquerías que sean 100% artesanales, considerando especialmente que dichos recursos están dentro de las 5 millas. Por el contrario, han recurrido a fórmulas legislativas anómalas, como el asignar cuotas de esas pesquerías a la industria, pero que estipulando que esta puede (y debe) traspasarse a un pescador artesanal para ser pescada.

Además, como si todo eso fuera poco, el Gobierno elaboró una minuta donde desconoce el vínculo que existe entre la actividad pesquera y los pueblos originarios. Como si los chinchorro, los changos, los selknam, los huilliches, los rapa nui y los lafkenches, entre otros pueblos originarios, no pescaran en este territorio que ahora es Chile desde hace miles de años.

El gobierno no puede, amparado en una mayoría circunstancial en la Comisión de Pesca, buscar imponer, esta vez a perpetuidad, los privilegios que desde hace años disfrutan sólo unos pocos grupos económicos, plenamente identificados y caracterizados como “las 7 familias”. El argumento de la «certeza jurídica», cada vez más parecido a un chantaje respecto de la inversión y el empleo, no puede seguirse aceptando. No puede entenderse como legítima una supuesta excepcionalidad en esta actividad económica, que ninguna otra tiene, bajo el argumento de que de esa forma los inversionistas (que son también beneficiarios) no se desincentivarán» y así seguirán generosamente generando empleo, como si fueran los únicos capacitados para hacerlo.

Esperamos que la Cámara de Diputados rechace el proyecto, o si no hay suficiente voluntad de exigir una verdadera política pesquera nacional, al menos se vote mayoritariamente contra supuestos «derechos adquiridos» que la Ley Longueira busca convertir en perpetuos y heredables, para que personas que aún no nacen, sean desde ya dueños de peces que todavía no existen.

Y, lo más importante: confiar en que los parlamentarios sabrán hacer respetar un principio ordenador básico, que fue aprobado por la vía de la indicación y que hasta ahora la ley no contemplaba: que los peces son del Estado, o sea de todos los chilenos.

Equipo PecesGratisNo

http://pecesgratisno.wordpress.com

 

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