Para cualquier chileno poco advertido de la forma en que el Estado toma sus decisiones, el rechazo generalizado en Aysén al estudio del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) liberado en diciembre de 2015, pero conocido públicamente recién durante el mes de marzo, debió sonar a un acto más de chovinismo. A pataleta de región mimada, a la que no le basta con recibir bonos, subsidios y becas excepcionales sino que, además, quiere en todo momento sentirse distinta. Especial.
Los cuestionamientos al informe “Canasta Única de Gasto 2015” cundieron en la región. Se unieron en la crítica trabajadores públicos y privados, alcaldes, empresarios y otras organizaciones locales, además de ciudadanos de a pie. Y también parlamentarios.El temor en la Región de Aysén no era que solo se relacionara con los sueldos de los funcionarios públicos (lo que se entiende genéricamente como bonificación de zona) sino que impactara una serie de políticas públicas de equidad territorial.
La batuta la blandió el capítulo regional de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (Anef), cuya presidenta Yéssica Almonacid a los pocos días convocó a una protesta frente a la intendencia, para luego, tomársela. Al final de esa semana ya se había conformado un frente común para encarar el escenario.
Desde el INE insistieron en aclarar que no era un análisis de costo de vida, que se midió el valor global de un total de 130 productos que se vendieran en todos los territorios evaluados. Sin embargo, la molestia no amainó.
El problema no era particularmente que la interpretación (errada) de La Tercera sobre el informe haya sido que Coyhaique es la segunda capital regional más barata del país, luego de Rancagua. Y que Santiago sea la más cara. Aunque para cualquier persona que viva en la zona austral están claras las diferencias, el tema no era de amor propio ni por sentir que desde el Estado se estaba bajando el perfil al hecho de habitar un territorio con elevado costo de vida.
La principal preocupación se encontraba en la página 8 del informe metodológico, que aborda los fundamentos del estudio. Dentro de sus propósitos estaba hacer un cálculo de lo que debe destinar una familia para comprar el mismo grupo de bienes y servicios en las distintas zonas catastradas. Lo que alarmó no fue tal objetivo, sino el que sea “un indicador que permita orientar las decisiones de política económica respecto a bonificaciones de zona”.
Entonces, el problema siempre ha sido de alcance.
En el propio documento se señala que “la Canasta Única de Gasto es un proyecto que surge de la solicitud que realiza la Dirección de Presupuestos (Dipres) al INE en septiembre del año 2014. El objetivo de la medición es dar una respuesta técnica a la demanda de ajuste salarial de los funcionarios del sector público de la Región de Atacama”.
Sin embargo, el temor en la Región de Aysén no era que solo se relacionara con los sueldos de los funcionarios públicos (lo que se entiende genéricamente como bonificación de zona) sino que impactara una serie de políticas públicas de equidad territorial: bonificación a la contratación de mano de obra, zona franca, subsidios, etc. Para Almonacid el informe cuestionaba todos los incentivos estatales de la zona: “Es una estrategia, una triquiñuela política para no reconocer el alto costo de vida de esta zona aislada, es reírse de quienes demandan un sueldo regional porque no pueden vivir con un sueldo mínimo o para quienes jubilan con pensiones de hambre” dijo a la prensa.
Según consignaron los medios, respaldaron sus dichos el diputado UDI David Sandoval quien señaló que “lo más probable es que esto sea la antesala para decirnos ‘si aquí el agua es tan barata para que un subsidio, mejor se lo damos a Santiago que es la más cara’. Es una oportunidad para que se movilicen todos, porque están en riesgo muchas políticas públicas de la región”. Concordó el senador de Somos Aysén, Antonio Horvath: “Este es un intento por no cumplir los acuerdos que el Estado tiene con esta región y esto va a afectar no solo la nivelación de zona, sino que todas las leyes especiales que tenemos en Aysén”. El diputado pro DC Iván Fuentes calificó el trabajo de “condorazo” y al senador DC Patricio Walker, le pareció “una vergüenza y una falta de respeto a la gente de la Región de Aysén”.
Al respecto el intendente Jorge Calderón señaló que “este es un estudio técnico de carácter nacional y no se ha tomado ninguna decisión de política pública en la región ni en el país. Yo les pido tranquilidad, porque aquí no hemos señalado que se van a disminuir los beneficios que tenga cada una de las personas de esta región, jamás lo hemos dicho y jamás lo vamos a hacer”. Compromiso complejo de cumplir a la luz de los objetivos explicitados en el propio informe.
Ejemplo de lo que se señala desde Aysén es que la leña, combustible de masivo uso en la Patagonia, no estuvo considerado. En esto Almonacid fue enfática: “Si no consideran los gastos que realizamos cada día las mujeres, las dueñas de casa, todos los gastos que tenemos que hacer para llegar a fin de mes con un sueldo mínimo, queremos el intendente se ponga en el lugar de la región, en el lugar de los trabajadores”.
Es por esto que los legisladores se comprometieron a gestionar que la directora del INE Ximena Clark visite la región para explicar los resultados y la metodología. Hasta ahora dicha autoridad ha señalado que en caso de ser utilizado en la definición de políticas públicas, este de seguro será «uno de tantos que se tienen que tomar en cuenta para definir algo«.
El problema es que no corresponde al instituto estadístico aclarar el uso que se dará a esta información sino al mandante. Es la Dipres, a fin de cuentas, la que debiera dilucidar los alcances de los resultados. Sin embargo, hasta ahora el organismo ha permanecido en silencio.
Porque de considerarse exclusivamente para calcular la bonificación de los funcionarios públicos por desempeñarse en una región extrema, no debiera afectar solo a quienes exigen nivelación sino a todos, incluso el personal de Fuerzas Armadas, Poder Judicial y de servicios médicos, cuyo beneficio es mayor aún que el del resto de los trabajadores del Estado.
Si va más allá la situación se torna más compleja. Porque complejo es tomar decisiones en Aysén pensando en que, por lo menos, en su capital regional un global de productos son los segundos más baratos del país. Ahora, si se desagrega por ítem, la cosa cambia.
El problema es que aún no se tiene claridad sobre qué se hará con el estudio. Y es esta una pregunta fundamental que, a estas alturas, alguien en el gobierno debiera ya responder.
Comentarios
20 de abril
Lo mismo de Aysén, es lo que ocurre con Atacama. El estudio es cuestionable metodológicamente por lo tanto se puede rebatir, por ejemplo; nos ponen a todos en un mismo parámetro con desconocimiento total y absoluto de los territorios regionales. Un ciudadano de El Salado(afectado por el aluvión, aún sin agua potable) debe viajar a la ciudad mas cercana si quiere abastecerse de mercadería o enviar a sus hijos a continuar sus estudios ( la escuela llega hasta 8°básico). Gastaría lo mismo que un habitante de Copiapó, donde existen varios supermercados y la oferta académica es amplia. Eso es una muestra, pero aún hay más, los habitantes de Atacama pagamos un alto costo por el servicio de agua potable, considerablemente mas alta que en la capital y su calidad es cuestionable de hecho el agua para consumo humano en escuelas, oficinas y hogares, es embotellada, nuestro gasto en un servicio tan básico como el agua se dispara y eso no queda registrado en ningún item. No se pueden generar políticas públicas con estudios pocos serios, mal realizados y poco profesionales.
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