Menuda discusión se generó luego que LATAM decidiera, unilateralmente, suspender a partir del mes de mayo todos sus vuelos de pasajeros desde y hacia la región de Aysén. En un comunicado publicado el 24 de abril en su página oficial, la empresa informó que sólo daría continuidad a operaciones hacia “ocho de sus 16 destinos nacionales en Chile durante mayo, manteniendo la conectividad desde Santiago hasta Arica, Iquique, Calama, Antofagasta, Concepción, Puerto Montt y Punta Arenas” producto de “restricciones de viaje y a la caída inédita de la demanda producto del COVID-19”.
Si se tratase de una empresa de venta de calzado, flores o de una gelatería, probablemente revuelo no habría causado. Pero LATAM no comercializa zapatillas, claveles ni chocolitos. Su función entra en la categoría de servicio público. Aunque privatizado, servicio público al fin y al cabo.Existen ámbitos públicos y estratégicos, y circunstancias como las pandemias, donde el mercado no puede tomar las decisiones por sí y ante sí. Cerrar o abrir la conectividad aérea, pensando en el interés general, no puede ser solo una decisión empresarial.
Tan privatizada está la empresa que hasta 1989 -y bajo el nombre de Lan Chile- perteneció al Estado, que al informar sobre esta situación el gobierno no tuvo más opción que solo lamentarla. Junto con ofrecer sus esfuerzos para fortalecer la conectividad marítima y mejorar los itinerarios subsidiados hacia Magallanes que permitieran a ayseninos y ayseninas hacer escala en Punta Arenas si quería viajar al norte. O devolverse.
Esta inicial impotencia gubernamental en un área prioritaria da cuenta del fondo de la discusión. Aunque algunas voces aplaudieron la decisión empresarial, porque respondía de alguna forma a la solicitud de limitación del tránsito aéreo de pasajeros en días de pandemia, el problema es que los motivos para adoptar la medida no fueron sanitarios o pensando en el interés colectivo. Se originaron, como dijo la empresa, en “restricciones de viajes” y “caída en la demanda”. No para prevenir contagios en una de las zonas que, hasta el momento, ha sorteado con éxito la crisis.
Los hechos se desencadenaron rápidamente.
Los senadores Ximena Órdenes y David Sandoval se sumaron a las críticas, con gestiones ante la ministra de Transportes Gloria Hutt para revertir la decisión. Buenos oficios que a mediados de la semana pasada dieron frutos: tanto los legisladores como la secretaria de Estado informaron que LATAM mantendrá durante este mes de mayo un vuelo semanal de pasajeros y cuatro de carga. Cinco en total.
Las diligencias, solicitudes, en algunos casos limítrofes con la imploración, forman parte de nuestro problema estructural en materia de gestión de bienes y servicios imprescindibles. Existen ámbitos públicos y estratégicos, y circunstancias como las pandemias, donde el mercado no puede tomar las decisiones por sí y ante sí. Cerrar o abrir la conectividad aérea, pensando en el interés general, no puede ser solo una decisión empresarial.
Si hoy celebráramos la disminución unilateral de frecuencias, el día de mañana no podríamos reclamar que se aumenten, aunque estuviera más expuesta la salud de la población, si para el privado es rentable hacerlo. Confiar en el criterio de compañías como LATAM y poner en sus manos -y poder- el devenir de políticas públicas de transporte es tan ingenuo -e irresponsable- como confiar que en esta crisis no privilegiarán sus intereses particulares. Repasemos: la compañía pidió un salvataje económico al Estado, está negociando rebajar los sueldos a sus trabajadores y se acogió a la Ley de Protección del Empleo, repartió U$ 57 millones (casi $ 50 mil millones) entre sus propietarios.
Cumplir un rol de interés público no debiera pasar por “gestiones” de los representantes del Estado ante el sector privado, aunque se reconoce lo bienintencionado de sus motivos y objetivos. Aquello es la génesis de un clientelismo que le ha hecho mal a la democracia, que en este caso no es responsabilidad de nuestros legisladores. En un área como ésta deben operar las instituciones, desde el interés colectivo no desde una supuesta magnanimidad empresarial.
Eso es poner las cosas en perspectiva, donde no es el dinero y el mercado el que tiene que poner la música. Es la sociedad en su conjunto, a través de legislación pertinente y orientada al bien común, la que debe tomar las decisiones que nos afectan como sociedad.
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