Censo 2017 ¿Un déjà vu? ¿Problema del INE, del gobierno o del Estado?

Lamento profundamente que discusiones eminentemente técnicas se politicen. He evidenciado lo nociva que puede llegar a ser la intervención política en este tipo temas; los fines que han perseguido los parlamentarios no han estado orientados, necesariamente, en mejorar la calidad de las instituciones sino, más bien, en cómo encontrar alguna materia que reste popularidad y, por ende, futuro votos, a la coalición que se encuentre gobernando.

El Censo 2012 es la expresión más clara de lo que señalo anteriormente. Comisiones técnicas más, comisiones técnicas menos, la bajada de este producto estadístico fue un gusto político que se dio la Nueva Mayoría (NM), con el fin de perjudicar la imagen de Sebastián Piñera y su Gobierno (“El de los mejores”). El slogan de “El mejor Censo de la historia” quedará en la historia.

Ha pasado el tiempo, la NM debió hacerse cargo del nuevo Censo 2017 (Censo acotado) que, en teoría, realmente iba a solucionar “los problemas” que se habían generado anteriormente. No obstante, parece que nada eso ha sucedido realmente. ¿Será que la modernidad nos encontró mal preparados para enfrentar este tipo de levantamiento de datos? ¿Será la expresión de la dificultad propia de un producto de tales magnitudes? Aun no hay una respuesta clara al respecto. Lo concreto es que la calidad del nuevo Censo no está muy alejada del anterior. 

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¿Cuál debiese ser la preocupación esencial? Primero que todo, brindarle al INE, de una vez por todas, la autonomía que requiere. De esa forma, se evitan suspicacias sin bases o gustos políticos como el que se permitieron al bajar el Censo 2012 y asumir la pérdida de recursos públicos como si nada.

El Ex Director del INE, Juan Eduardo Coeymans, en una entrevista a El Pulso hace unos meses atrás, indicó que las tasas de omisión que muestran los resultados preliminares del Censo 2017 serían incluso peores que los del Censo 2012 (en lo que respecta a la tasa de omisión de viviendas, ya que en la tasa de omisión total los datos serían prácticamente idénticos). Cualquiera podría apelar a un conflicto de interés, pero, lamentablemente, los datos que cita lo avalan.

Una vez enterada la noticia, la Comisión de Economía, junto con la de Hacienda, de la Cámara de Diputados reaccionaron. La primera, solicitando una cita a Ximena Clark (actual directora) y a Juan Eduardo Coeymans y, la segunda, solicitando un informe aclarando los cálculos de tasas de omisión. Hasta el momento, solo se ha realizado una cita (la de Ximena Clark) donde el tema en cuestión (Censo 2017), prácticamente no se trató.

En general, la gran preocupación ha estado en los fuegos artificiales que han salido de las peleas políticas y no lo realmente importante. ¿Cuál debiese ser la preocupación esencial? Primero que todo, brindarle al INE, de una vez por todas, la autonomía que requiere. De esa forma, se evitan suspicacias sin bases o gustos políticos como el que se permitieron al bajar el Censo 2012 y asumir la pérdida de recursos públicos como si nada.

En ese sentido, el proyecto de ley, reflejado en el Boletín 10372-03, que crea una nueva institucionalidad del sistema estadístico nacional, ha avanzado bastante. Se encuentra en el Senado en segundo trámite constitucional, aunque con urgencia simple. Esta señal es esperanzadora, ya que la nueva institucionalidad blindará a la institución y le otorgará un nivel similar al que tiene el Banco Central hoy en día.

Sin embargo, hay una tarea fundamental: El INE actual debe prepararse para el cambio que se viene. Es urgente modificar su actual estructura de funcionamiento, reflejada en su organigrama. Los departamentos de estudios deberían dedicarse a lo que corresponde, valga la redundancia, a hacer estudios y no al control de calidad al cual están enfocados. En su momento, quizás ese modelo surtió efecto, hoy solo genera cuellos de botellas y un alto nivel ineficiencia en la ejecución presupuestaria. La duplicidad de funciones que se generan entre la Subdirección Técnica y la Subdirección de Operaciones raya en lo absurdo.

Por otra parte, los departamentos operativos deberían contar con una mayor dotación y con profesionales que cuenten con mayores niveles de especialización. Esto mejoraría el nivel de la discusión técnica interna y proporcionaría mayor calidad a los productos estadísticos. El control de calidad debiese cumplirlo una unidad interna con la capacidad de trabajar en cada departamento y, también, una unidad externa adecuadamente calificada que otorgue garantías al proceso.

Las direcciones regionales, por su lado, requieren mejorar su infraestructura y la disponibilidad de recursos. De lo contrario, se ven en la obligación de buscar financiamiento desde otras fuentes, lo cual las hace alejarse de su principal labor; dedicarse a elaborar estadísticas oficiales. Adicionalmente, también requieren mayor dotación y profesionales con altos niveles de especialización. Lo anterior les brindaría mayor autonomía y provocaría una disminución de la carga de trabajo en la Dirección Nacional.

Es deber del Estado proporcionar las condiciones necesarias para el funcionamiento óptimo del organismo dedicado a elaborar las estadísticas oficiales del país. Los gobiernos pasan, cambian sus prioridades, delegan responsabilidades políticas. El Estado no puede darse ese gusto. Por ahora está en deuda con los chilenos.