Chile no cuenta con una política forestal explícita, formal y participativa. Por ello, la prórroga del DL 701 es una alternativa temporal que abre dos caminos: o mantenemos solamente el actual modelo con todos sus problemas y externalidades negativas por dos o tres años más; o aprovechamos esta decisión para generar una institucionalidad y legislación adecuada en pro del manejo forestal sustentable de los bosques nativos y plantaciones forestales de nuestro país.
El pasado 21 de mayo, la Presidenta Bachelet anunció la prórroga del Decreto Ley 701 de fomento a plantaciones forestales, quizás el primer paso para que el Ejecutivo genere un espacio participativo para elaborar una nueva ley de fomento forestal.
Con esto, el Gobierno tiene la valiosa oportunidad de abordar adecuadamente el fomento y manejo sustentable de las plantaciones forestales con incentivos directos y exclusivos para pequeños y medianos propietarios, acompañado de un sistema de asistencia técnica forestal permanente y de largo plazo. Asimismo, la propuesta que se genere debería considerar normas de protección ambiental como delimitar la intensidad y el tamaño de las talas rasas, las cuales cuando se aplican en grandes superficies, traen consigo una serie de externalidades negativas ampliamente documentadas por la ciencia.
Indiscutiblemente, no se puede pensar en una nueva ley de fomento forestal sin considerar los efectos del cambio climático y la escasez de agua, que hoy afecta no sólo a regiones del norte, bajo zona de emergencia, sino también regiones con alta pluviosidad como en Chiloé, donde comunas como Ancud se han visto impactadas por la escasez de agua debido, entre otras cosas, al mal establecimiento de plantaciones forestales exóticas, y la degradación de los bosques nativos y ecosistemas naturales.
En el anterior período presidencial, se discutió un proyecto de ley que no logró avanzar debido a la escasa disposición del Ejecutivo de incorporar observaciones desde organizaciones académicas, sociales, gremiales, indígenas y campesinas, no logrando convencer, a su vez, a la mayoría de los parlamentarios. Creemos que las indicaciones y observaciones a una propuesta de ley tienen como objetivo mejorar la idea original para beneficio de todos quienes se relacionan con la implementación de ella. En este caso particular, la propuesta no cumplía con el objetivo de abordar adecuadamente el fomento con un perfil sustentable para las plantaciones forestales. Además, Chile no cuenta con una evaluación social, ambiental y económica de los impactos que ha tenido el Decreto Ley 701 durante los últimos 40 años, y no contamos con una institucionalidad forestal pública que administre con todas sus potestades una ley de fomento moderna, o cualquier otra iniciativa legal. Ambos son requisitos indispensables para abordar seriamente la discusión.
Para contar con una nueva ley de fomento es necesario priorizar mediante un análisis profundo y participativo, la creación de la CONAF pública, que nos permita avanzar hacia una institucionalidad forestal, con visión de largo plazo y servicios públicos modernos y dotados de recursos, y un marco normativo adecuado para que administre fondos públicos. Y así lo indicó en abril el nuevo Director Ejecutivo de CONAF ante la Comisión de Agricultura de la Cámara de Diputados. Cabe recordar, tal como lo hicimos ver insistentemente a las comisiones parlamentarias que analizaron el anterior proyecto, que existe un pronunciamiento del Tribunal Constitucional que exhorta al Presidente de la República a que “regularice la naturaleza jurídica de la CONAF, procediendo a la dictación del decreto supremo a que se refiere el artículo 19 de la ley Nº 18.348, publicada el año 1984, o empleando otro medio constitucionalmente idóneo que el Gobierno estime adecuado”, justamente porque la “promulgación de leyes” de una entidad de carácter público privado es inconstitucional.
Para quienes hace años venimos insistiendo en la necesidad de contar con institucionalidad fortalecida, con una subsecretaría forestal y servicios públicos modernos y dotados en un marco normativo acorde con los desafíos del sector, el requisito de una CONAF pública se trata de una gran oportunidad.
Hoy, Chile no cuenta con una política forestal explícita, formal y participativa. Por ello, la prórroga del DL 701 es una alternativa temporal que abre dos caminos: o mantenemos solamente el actual modelo con todos sus problemas y externalidades negativas por dos o tres años más; o aprovechamos esta decisión para generar una institucionalidad y legislación adecuada en pro del manejo forestal sustentable de los bosques nativos y plantaciones forestales de nuestro país.
* Entrada escrita por Pilar Cárcamo, presidenta de la Agrupación de Ingenieros Forestales por el Bosque Nativo (AIFBN).
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Foto: Resumen Gráfico / Licencia CC
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