Inversión en infraestructura pública con enfoque de derecho

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En cualquier caso, no se trata de establecer mundos separados entre la técnica, la política y la ciudadanía, sino de incorporar las múltiples perspectivas de un fenómeno.

Durante años se ha visto la infraestructura pública principalmente como un soporte a la competitividad. Pero el rol del Estado no puede limitarse a maximizar la riqueza del país. Y es al menos discutible la lógica utilitarista de maximizar el ingreso total.

Cuando nos organizamos en un Estado lo hacemos no sólo para contar con una gerencia de asuntos comunes o para que alguien cuide el orden público y las fronteras. Lo hacemos también para establecer una lógica de solidaridad, de no dejar que la historia o la mala suerte hagan que la vida de cualquiera sea miserable pudiendo haber sido una experiencia valiosa de vivir. Para que esa promesa del Estado sea creíble, debemos garantizarnos una canasta de derechos básicos, un conjunto de bienes a los que tendremos acceso sin importar origen ni condición, ni nuestra capacidad presente de pago, ni nuestra capacidad de generar ingresos en el futuro.

En materia de infraestructura pública, hay cada vez más conciencia de que casi cualquier ciudadano debiera tener acceso a agua potable, electricidad, conectividad, saneamiento sanitario, entre otros. Y que dentro de cierta distancia se encuentren establecimientos educacionales, de atención de salud y policiales. Y que en condiciones crecientes de aglomeración podrían garantizarse recintos deportivos, culturales, comunitarios así como áreas verdes y condiciones seguras para transitar por las calles.

Como los recursos son limitados, no siempre la promesa de derechos podrá ser ilimitada. Por eso es necesario establecer dinámicas de priorización. Para lograrlo, es posible establecer una dinámica de dos pasos: la definición de la canasta básica de derechos y la implementación de la misma.

En primer lugar debiera realizarse una evaluación para definir qué derechos deben conformar la canasta básica. Esto implica comparar entre varias alternativas, cada una definida también en términos de su alcance: qué porcentaje de cobertura se garantiza, o limitándose a qué costo máximo por habitante.

¿Cómo comparar entre distintos derechos candidatos a la canasta? ¿Cómo comparar el aumento de cobertura en electricidad con el aumento de cobertura en saneamiento sanitario, por ejemplo? Hay métodos integrales, ingeniosos y en permanente refinamiento, llamados “métodos multicriterio”. Algunos son un excelente apoyo al razonamiento complejo, y además ayudan a canalizar la participación de diversos actores. Pero la toma de decisiones no debiera radicar tanto en una u otra metodología.

Ante problemas de gran complejidad, la mente humana sigue siendo una valiosa herramienta de trabajo. Las decisiones en esta materia pueden apoyarse en metodologías adecuadas, pero por sobre todo deben estar iluminadas por una reflexión ética y un debate democrático. Y el espacio adecuado para esta decisión no es la burocracia ni la ingeniería, sino la política. Y no exclusivamente la política representativa; también la democracia directa, o modalidades ingeniosas de democracia deliberativa como la selección de “jurados” para dirimir disyuntivas públicas.

Desde luego, la burocracia y la ingeniería también tienen un rol. Deben asegurar que el proceso de toma de decisiones sea informado. Deben proporcionar diagnósticos claros y estimaciones adecuadas de los costos que implicará cada garantía de derecho. En cualquier caso, no se trata de establecer mundos separados entre la técnica, la política y la ciudadanía, sino de incorporar las múltiples perspectivas de un fenómeno.

La implementación, el segundo paso, debiera orientarse a cumplir proactivamente con la garantía de derechos: se deben formular los proyectos que sean pertinentes con las garantías existentes, asegurar su factibilidad técnica y administrativa, y en consecuencia financiarlos sin mayores cuestionamientos.