Desde hace algunas semanas algunos representantes políticos de la XI región han manifestado su interés por impulsar la integración energética con Argentina, a través del suministro de gas desde el Chubut y una probable interconexión eléctrica con dicha provincia argentina y Aysén. Uno de los argumentos para promover dicha iniciativa está basado en la posibilidad de utilizar el gas argentino como alternativa energética para enfrentar los niveles de contaminación atmosférica de Coyhaique. Usando como base otras experiencias en Chile y Argentina, resulta interesante analizar la coherencia de este argumento para justificar la materialización del proyecto gasífero. Con este propósito, se asume que una eventual provisión de gas para disminuir el consumo doméstico de leña traería consigo un subsidio orientado a costear, al menos, la diferencia de precio entre usar gas o leña en cada hogar.
El caso de ValdiviaDe la literatura citada se desprende que fomentar el suministro de gas desde Argentina como parte de una política pública para la descontaminación de Coyhaique resulta (al menos) cuestionable, dados sus efectos derivados y costos involucrados. En ese sentido, existe consenso en parte de la academia: Las medidas más efectivas y eficientes para disminuir la polución atmosférica en las ciudades del Sur de Chile están relacionadas con el reacondicionamiento térmico.
Valdivia presenta condiciones de base similares a las de Coyhaique, es decir, una ciudad que presenta niveles de concentración de material particulado que superan la norma ambiental producto del consumo domiciliario de leña para cocina y calefacción. Consecuentemente, las medidas contempladas en el PDA de Valdivia son similares a las de Coyhaique.
Analizando dichas medidas, algunos autores estiman que el reacondicionamiento térmico de viviendas valdivianas con la norma NT2007 puede alcanzar una reducción en el consumo de leña de un 37%, y si se ocupase los estándares de aislación de la Unión Europea la reducción del consumo puede alcanzar el 77% (Schueftan, Sommerhoff, & Gonzalez, 2016). Por otra parte, estos autores indican que el costo anual promedio por consumo de leña entre los grupos socio económicos C2, C3, D y E en Valdivia es de 268.000 pesos, mientras que el costo anual de remplazo de leña con gas es de 1.222.000 pesos.
También a propósito del PDA de Valdivia, otros investigadores indican que las políticas orientadas a cambiar el consumo de leña por otros combustibles fósiles pueden reducir la polución en el corto plazo, pero es poco probable que mejoren el bienestar de la población o la sustentabilidad del uso de los recursos forestales en el largo plazo, en particular en aquellas regiones donde la producción de leña es parte importante de la economía campesina (Reyes, Harry, Navarro, & Retes, 2015). Después de analizar la relación entre energía y recursos naturales dentro del contexto socio económico donde la leña es usada, estos autores argumentan que sería más beneficioso en términos económicos, sociales y ambientales una combinación de políticas orientadas a la implementación de tecnologías para el uso más eficiente de la energía manteniendo la leña como fuente de energía primaria, en vez de políticas diseñadas para reducir o eliminar su uso.
El caso de Bariloche
Después de la crisis económica argentina del 2002, el Estado implementó una serie de medidas para fijar el precio de los combustibles a través de subsidios y acuerdos con compañías privadas. Una de estas medidas subsidia el consumo domiciliario de gas natural. Bajo este escenario, la evidencia en Bariloche muestra que el uso subsidiado de gas natural ha derivado en un incremento en el consumo de energía, desincentivando la eficiencia. Además, estos subsidios han detonado ciertas inequidades sociales relacionadas con el acceso a energía, dadas las dificultades económicas para acceder a la red de distribución o para extenderla (González, 2009).
De la literatura citada se desprende que fomentar el suministro de gas desde Argentina como parte de una política pública para la descontaminación de Coyhaique resulta (al menos) cuestionable, dados sus efectos derivados y costos involucrados. En ese sentido, existe consenso en parte de la academia: Las medidas más efectivas y eficientes para disminuir la polución atmosférica en las ciudades del Sur de Chile están relacionadas con el reacondicionamiento térmico.
Ahora bien. La idea no parece ser mala, es el argumento. De acuerdo a la memoria de Edelaysen 2015, en el subsistema eléctrico Aysén (al que pertenece Coyhaique) el 39% de la energía fue generada en centrales termoeléctricas diésel, mientras que el 61% restante fue obtenido desde ERNC. Si de buscar justificaciones ambientales se trata, reemplazar la generación diésel por gas resulta una idea interesante para reducir las emisiones regionales de Gases de Efecto Invernadero. Lo anterior sumado a una futura interconexión del subsistema Aysén con otros existentes (Pto. Cisnes y Gral. Carrera, por ejemplo) podría permitir disminuir aún más la generación diésel en una región que aspira a ser reconocida por su vocación verde.
Comentarios
09 de marzo
De tu columna se desprende algo que he leído y escuchado desde distintas posiciones y que comparto: Aysén no tiene un modelo de desarrollo definido. Aunque existan documentos que definen la estrategia regional y políticas para diversos sectores productivos, estos son letra muerta dado que no se hace el seguimiento requerido para asegurar el cumplimiento de los objetivos planteados, carecen de participación social y compromiso político.
Personalmente creo q la raiz de todos nuestro males tiene su base en una inexistente planificación de largo plazo, lo que trae consigo que nuestras autoridades terminen siendo serviles a los designios de Santiago (no sólo del gobierno central, sino q de sus propios partidos, lo q es aún peor). Si pudiésemos pensar nuestra región de manera transversal, con todo el espectro político, con la academia, con empresas y emprendedores, con las ONGs y asociaciones gremiales, con ayseninos rurales y urbanos, y nos pusiésemos de acuerdo hacia dónde apuntar la brújula, creo que sería un gran paso. Y si de esto deriva una verdadera estrategia regional y políticas sectoriales que contengan indicadores claros de cumplimiento, con evaluación ambiental estratégica involucrada, con obligaciones explicitas de dar cuenta de los avances periódicamente, creo q sería un paso aún mayor. Y si la clase política regional priorizara dicha planificación por sobre «otros» intereses, entonces podriamos decir que vamos en la dirección correcta.