La premisa de mercados perfectamente competitivos es una simplificación tan extrema que poco o nada sirve para explicarnos la crisis que hoy explota en el sur de Chile. La abundante evidencia real muestra que los mercados presentan fallas, aquellas presentadas originalmente por el economista Henry Sidgwick y que se agrupan en: externalidades, información asimétrica, retornos a escala crecientes, rivalidades en el consumo y costos de transacción.
Se hace urgente para nuestro país identificar, reconocer y analizar qué fallas de mercado relevantes existen en los diversos sectores económicos de nuestro país, para definir qué tipo de intervenciones se necesitará llevar adelante (mediante el diseño e implementación de políticas públicas) a objeto de reducir el impacto que aquellas fallas, tienen sobre el bienestar de las personas en convivencia con el desarrollo de la actividad económica.Los últimos acontecimientos de daño ambiental exigen una solución de fondo a la problemática del dilema de lo colectivo y lo público, que concilie los intereses de cada actor con los intereses colectivos, de manera que el conjunto de las decisiones individuales genere tanto una solución “individual” como “socialmente” deseable para los negocios y las personas.
Cuando concurren personas, pequeños emprendimientos, medianas y grandes empresas sobre bienes colectivos (como los cursos de agua, recursos marinos, bahías, etc.) experimentan situaciones que los llevan a obtener cada cual un beneficio sub-óptimo, respecto del máximo beneficio posible. Si cada uno de ellos “compite” en el uso de bienes colectivos, entonces con su uso común surge el dilema social de lo colectivo.
Donde exista un espacio colectivo y un conjunto de actores que buscan obtener beneficio de su uso y aprovechamiento, se manifiesta el dilema social entre los beneficios privados individuales del aprovechamiento por cada actor y los beneficios sociales de su conservación y adecuado manejo y explotación. Este dilema, conocido como la tragedia de los comunes, expone argumentos microeconómicos para predecir que “el interés individual prevalecería sobre el colectivo y que los actores, buscando su bienestar particular, terminarían en una situación socialmente e individualmente inferior”.
Los últimos acontecimientos de daño ambiental irreparable a los humedales próximos a la faena minera Maricunga, el derrame de concentrado de cobre en Río Blanco, y más recientemente la (supuesta) marea roja y las miles de toneladas de salmones muertos arrojados al mar entorno a Chiloé, sólo por citar algunos, exigen una solución de fondo a la problemática del dilema de lo colectivo y lo público, que concilie los intereses de cada actor con los intereses colectivos, de manera que el conjunto de las decisiones individuales genere tanto una solución “individual” como “socialmente” deseable para los negocios y las personas. El Estado tiene la obligación de conducir un proceso que involucre a las empresas, la actividad artesanal y la sociedad civil, entre otros, para definir, diseñar e implementar políticas que den respuesta a este problema.
El desafío, qué duda cabe, es enorme. Ante eso ¿cómo lograr un verdadero acuerdo que obligue a todos a colaborar en la misma línea?, ¿Es posible construir voluntariamente ese acuerdo? Habrá que tener presente que para un actor la alternativa de no colaborar implica menores costos individuales (eso, aunque posiblemente recibirá beneficios de la cooperación de los demás: un comportamiento del tipo “free rider” o en buen chileno “a la cochiguagua”). Puede ocurrir que un actor resuelva individualmente no cooperar y por eso el resultado colectivo será sub-óptimo. Este fenómeno adicional, conocido como el dilema de los prisioneros, grafica situaciones en que el comportamiento individual, incluso si se reconocen las ventajas de cooperar y lograr un mejor resultado colectivo, lleva a que algunos decidan no cooperar, optar sólo por los beneficios individuales y renunciar a beneficios sociales.
El ejercicio de la política como el arte de lo posible y el imperio de la ley -que tiene un carácter coercitivo en que su incumplimiento conlleva una sanción- constituyen un punto de partida. Por cierto no es el único.
Mientras esto no ocurra, la última evidencia en Chiloé del uso indiscriminado de los bienes colectivos nos golpea la puerta con un nuevo argumento demoledor que debe empujarnos a invertir esfuerzo en el diseño de soluciones, pues las transferencias monetarias directas (como los bonos) y la represión policial son algo parecido a suministrar una aspirina para combatir un cáncer: con buena suerte aliviará momentáneamente un síntoma.
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