Todos sabemos que para que un órgano tenga real poder de decisión, debe estar acompañado del manejo de recursos. Al quitársele esta atribución al CORE y entregársele al Intendente (designado) estamos concentrando poder en una autoridad y quitándosela a quienes fuimos electos por votación popular como representantes del territorio para dar poder a las regiones.
Acabamos de ser testigos de la primera elección directa de Consejeros Regionales en nuestro país, una elección que, se supone, viene a profundizar la descentralización y a generar más autonomía a los territorios y un mayor contacto de la ciudadanía con sus autoridades regionales y sus decisiones.
Lamentablemente, el lindo discurso no vino aparejado de la importancia que este hito en nuestra democracia debió tener, ya que no se informó a la ciudadanía sobre esta elección. Se jugó a bajar el perfil y en la campaña comunicacional del Gobierno se utilizó un segundo en señalar que “se elegirán consejeros regionales”. Esto sin explicar funciones, atribuciones y rol en general.
Mucho se ha desinformado al respecto, sobre todo en medios de comunicación que señalan que los COREs electos no sabrán cuáles son sus funciones ni atribuciones, debido a que hay un proyecto de Ley que las modifica que está en tramitación. Y es en este punto que deseo profundizar:
1. Cuando existe una Ley vigente, esas son las atribuciones vigentes, por lo que es falso decir que no las conocemos. Están perfectamente explicadas en la Ley 19.175 sobre Gobierno y Administración Regional.
2. El proyecto de ley en discusión en el Senado, que fue aprobado en general en la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización, según consta en el Boletín 7963-06 relativo al fortalecimiento de la regionalización en el país, también conocido como traspaso de competencias, posee una gran trampa en el artículo 78, que le quita a los Consejeros Regionales la facultad de resolver la inversión de los recursos que se asignen a la región, según lo dispuesto en los artículos 76 y 77 de dicha Ley, sobre la base de la propuesta que formule el Intendente. Esta facultad se la traspasa al Intendente, que recordemos aún es designado.
3. En la práctica, esto hará que el CORE sólo se pronuncie sobre marcos o programas, es decir cifras globales, y no tenga capacidad de priorizar inversión, como por ejemplo decidir dónde se construirá un consultorio o a qué comunas hay que priorizar para que tengan alcantarillado y agua potable. Siendo los recursos limitados, ¿no debieran ser las autoridades electas popularmente y que tienen un mayor conocimiento del territorio quienes tomen esas decisiones?
4. Algunos se escudan en algunos escándalos que han sido develados por la prensa, para la disminución de facultades. Yo me pregunto, ¿no es mejor aumentar la fiscalización y que ahora la ciudadanía esté mirando a unas autoridades que conoce y antes desconocía?
5. Todos sabemos que para que un órgano tenga real poder de decisión, debe estar acompañado del manejo de recursos. Al quitársele esta atribución al CORE y entregársele al Intendente (designado) estamos concentrando poder en una autoridad y quitándosela a quienes fuimos electos por votación popular como representantes del territorio para dar poder a las regiones.
En síntesis, si se aprueba el artículo 78, por muy buenas intenciones que haya, el avance en materia de descentralización será música, y nos convertiremos en concejales de la región (sin menospreciar tan noble función, que por años han luchado por tener reales atribuciones en sus comunas), sin poder de decisión y representación real.
¿Así queremos avanzar? Ojalá los parlamentarios tomen conciencia de esta situación antes de emitir su voto, porque los ciudadanos que votaron por los Consejeros Regionales no estarán muy contentos de saber que las autoridades que ellos eligieron ahora no podrán apoyar el desarrollo de sus territorios, porque los atan de manos.
La descentralización no puede esperar.
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Comentarios
06 de diciembre
Gracias a esta nota, me di el trabajo de leer los discursos del proyecto enviado por Piñera al Congreso, cuya última discusión fue el 29 de octubre, y sentí vergüenza por la calidad de los argumentos de nuestros senadores para aprobarlo «en general» por la casi unanimidad de los senadores presentes (26), siendo el único que votó en contra, el senador Cantero. Lo vergonzoso fue que hubo unanimidad TOTAL sobre la PÉSIMA CALIDAD del proyecto y TODOS los que votaron a favor lo hicieron calificando el proyecto como que «es un pequeño avance» y «no es un retroceso» en la regionalización. Asimismo, TODOS criticaron la dualidad que se produce al nombrar los Consejeros Regionales a su propio PRESIDENTE DEL CONSEJO REGIONAL, al mismo tiempo que MANTIENE AL INTENDENTE como una especie de Presidente de Facto, puesto que permanece con las mismas atribuciones actuales y se le acrecientan al otorgarle la discrecionalidad de la distribución de los recursos financieros. Para peor, crea el cargo de Administrador del Consejo Regional, que será DE LA EXCLUSIVA CONFIANZA DEL INTENDENTE, con casi las mismas atribuciones del Intendente, excepto unas pocas taxativamente prohibidas en el proyecto (como despedir personal, por ejemplo), de modo que, en ausencia del Intendente, será el Administrador el que dirima controversias.
Por último, para rematar, crea la intervención de los SENADORES para FISCALIZAR a los Consejeros Regionales (que podrán asistir a cuanta sesión del CORE quieran, aunque sólo con derecho A VOZ, pudiendo intervenir en los debates para corregir, complementar o contradecir la palabra de cualquier Consejero que esté hablando y pudiendo éste exigir dar la contra réplica de inmediato), dando al Senado la potestad incluso para dirimir controversias no sólo entre el Intendente y el Presidente elegido por el CORE, sino entre el Presidente de la República y el GORE. ¿De cuándo acá una rama del Congreso puede dedicarse a dirimir controversias entre distintos órganos del Estado? ¿No está la CONTRALORÍA para ello?
En resumen, el único senador que obró en consecuencia al NO aprobar un proyecto tan aparatosamente grandilocuente y vacío de contenido por completo, fue el senador Cantero, que dijo no estar disponible para votar mal por un mal proyecto.
Y así hemos estado por DÉCADAS: con parlamentarios votando, ya sea por consenso por aquello del «mal menor», o por «no retroceder», de modo que un caracol ha avanzado más rápido que Chile en cuanto a los derechos ciudadanos, ya que, en cuanto a la regionalización en particular, el caracol ya dio dos vueltas a la Tierra.
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