Faltando menos de 25 días para la celebración del plebiscito, y frente a fechas conmemorativas como el mismo 5 de octubre y el primer aniversario de la rebelión del 18-O (más conocido con el eufemismo “estallido social”), el décimo mes del año se ha transformado en un símbolo de transformaciones impulsadas por la movilización ciudadana frente distintas adversidades ante un Estado y gobierno autoritarios.
Es en esta oportunidad, la única en la que de forma universalmente democrática, sin censuras ni obstáculos arbitrarios de ninguna naturaleza, se convoca a la ciudadanía toda a manifestar si desea escribir una nueva ley fundamental de la República, para muchos de los ciudadanos esta votación es una pérdida de tiempo, un sin sentido, simplemente se sienten aún confundidos o no comprenden cabalmente la importancia de lo que significa este hito histórico para nuestra sociedad civil. Vaya a ellos esta reflexión.Necesitamos unirnos en un norte común, acordar esos mínimos para levantar una alternativa de Estado y sistema político dignos de un país que abraza su democracia como siempre ha querido
Para muchas personas, particularmente los directores de las juntas de accionistas de las administradoras de fondos de pensiones y otras juntas afines ideológicamente, la caída del régimen constitucional de 1980 les significa incertidumbres y; muy seguramente, la pérdida de privilegios arbitrarios frente al resto de la sociedad. Esa idea no estuvo nunca entre sus planes y, ahora que todo puede irse al tarro de la basura, disponen de sus ingentes recursos para tratar de influir en la decisión de los votantes para mantener todo tal cual está, prometiendo que si se rechaza la idea de una nueva Constitución, se reformará la actualmente vigente. Tuvieron 30 años para hacerlo y no quisieron.
Existen otros grupos de personas que, por ignorancia, por prejuicios u otras causas, no les agrada la idea de debatir un nuevo texto constitucional, pero no son pocos, especialmente los indiferentes al proceso político en general. Usualmente cuando los primeros se juntan con este último grupo ocurren situaciones como el ascenso de Trump a la presidencia de EEUU, Bolsonaro en Brasil o que hipotéticamente la Convención Constitucional, rechazada por estos mismos grupos, pueda ser controlada por estos dos grupos, logrando con ello su objetivo de mantener la misma estructura político-institucional que ha provocado la última gran crisis.
Frente a este escenario, desde hace mucho tiempo es que se viene insistiendo que la mejor estrategia en el Congreso Nacional como en la calle, es la movilización activa de los actores sociales y políticos que, por décadas, han levantado su voz por las injusticias, los abusos y la falta de garantías a todas las personas habitantes del territorio nacional. No se puede considerar una “carrera ganada” porque las encuestas dicen que hay una diferencia irremontable, o que la otra alternativa no logra concitar más voluntades que el puñado de personas que pertenecen al 1 %, cuando potencialmente pueden lograr el apoyo de los desafectados políticos que, en su manera torcida de comprender lo político, prestan su apoyo a los intereses de los beneficiados por el actual modelo.
Por tanto, resulta bastante descabellado que en la oposición, como en grupos afines a la opción de aprobar una nueva carta fundamental, pero que no tienen representación en el Congreso Nacional, no se hayan autoconvocado a un gran parlamento para debatir las líneas maestras para enfrentar este proceso de forma unida, como bloque, con conciencia de clase y cerrando la puerta a la discusiones estériles respecto a las diferencias. Es gracias a la diversidad de posturas dentro de quienes aprueban una nueva Constitución, que esta opción encuentra todo su potencial, como lo tuvo en su momento la histórica Concertación de partidos por el No, para el plebiscito de 1988, que finalmente sentenció la salida del dictador por voluntad soberana de la ciudadanía chilena.
Estos últimos días hemos sido testigos de cómo los partidos políticos no logran articular un frente sólido, emergen inmediatamente tanto la pertinaz actitud de negociar bajo lógicas cuestionadas de antaño, las mismas prácticas cuestionadas por la ciudadanía y que alimentan la deslegitimación del sistema de partidos político. Los militantes y simpatizantes de los partidos políticos deben comenzar a considerar que la manera opaca o poco transparente de negociar los acuerdos ya no son tolerados, y que toda negociación y acuerdo debe siempre hacerse de cara a la ciudadanía y no sin ella. Porque en caso contrario, ¿para qué se peleó por la celebración de primarias?
La alternativa para aprobar una nueva Constitución política no es patrimonio y pertenece a ningún grupo y a la vez pertenece a todas aquellas organizaciones que se agotaron de los abusos de poder y del dinero, que deseamos un país que se dote de una institucionalidad para todas las personas que habitan en ella y que sea garantía de seguridad, protección, promoción y encuentro en un Estado que responde a las demandas ciudadanas, con accountability efectivo, con participación ciudadana más allá de las votaciones, con iniciativa legal, con sistemas de partidos transparentes y con oportunidad para todos y no solo para las camarillas, con un mercado fundado en la ley de la confianza y la fe pública y bajo la regulación necesaria para salvaguardar la competencia efectiva y terminar con las concentraciones de las cuotas de mercado, las colusiones y los delitos de cuello blanco y corbata.
En definitiva, necesitamos unirnos en un norte común, acordar esos mínimos para levantar una alternativa de Estado y sistema político dignos de un país que abraza su democracia como siempre ha querido, pero que unos pocos; históricamente, han impuesto su voluntad por la fuerza. Hoy, la fuerza, viene desde la razón y esa es la clave para prevalecer un proyecto de país democrático, transparente y republicano.
Todas y todos a votar este 25 de octubre por una nueva Constitución a través de una convención constitucional. ¡Viva Chile!
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