Proceso Constituyente: ¿qué gana y qué pierde la postura pro AC?

Respecto a los anuncios de la Presidenta Michelle Bachelet sobre las principales características que tendrá el llamado “Proceso Constituyente” en nuestro país, cabe hacer un breve balance sobre lo que gana y lo que afecta la posición pro Asamblea Constituyente (AC). Para partir, creo preciso mencionar lo que indudablemente considero una “ganada”.

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Sin lugar a dudas, la tarea de los sectores identificados con el progresismo y con la AC no es otra que apostar a la conformación de una mayoría social y política que nos permita seguir democratizando el país, en esta fase, empujando, posibilitando y cimentando el camino para una Asamblea Constituyente.

Después de un largo debate, la AC es catalogada por la máxima autoridad del país como una vía perfectamente institucional y posible, cuestión que da la razón a quienes levantamos dicha bandera hace largos años. Con ello, se dejan atrás las caricaturas que diversos representantes de sectores conservadores hicieron respecto de ésta. Es decir, insidiosas declaraciones como el “fumar opio” de Escalona, el “atajo raro” de Burgos o el “inyectarse heroína” de Allamand, cuya finalidad fue vincular la AC con salidas extrainstitucionales, extremistas y/u ociosas, comienzan a quedar atrás para dar paso a un debate a la altura de sus exigencias, un debate basado en argumentos y no en descalificaciones infundadas.

Por otro lado, debido al avance en ciertas definiciones, se ofrece algo de certeza respecto del proceso, lo que da pie a que la ciudadanía pueda informarse y optar por una de las cuatro opciones mencionadas (Congreso / Convención / AC / Plebiscito). Desde mi perspectiva, es cosa de tiempo para que la Asamblea Constituyente se posicione como el mecanismo más participativo, institucional y democrático con el cual dotar de contenido a nuestra Nueva Constitución.

Por último, al ser el próximo Congreso el que dirima el mecanismo con el cual se redactará el nuevo texto constitucional, las elecciones parlamentarias del 2017 adquirirán una mística inusitada en tanto posicionamiento de un clivaje que visualizo como ciudadanía (plebiscito y AC) v/s élite (bicameral y convención). Esto incentiva a que sectores progresistas conformen una gran mayoría social y política para avanzar hacia la opción más democrática y participativa.

No obstante, también vale identificar algunas cuestiones que pueden afectan la posibilidad de materializar una AC en nuestro país. Primero, a todas luces el actor central que llevará la discusión y guiará el proceso constituyente no será la ciudadanía, sino el Congreso, cuestión que fomenta la idea de considerar al parlamento como “el órgano” habilitado para debatir sobre estas materias; a su vez, dicha definición hace caso omiso a su composición binominal, conflictos de interés y opaco nivel de confianza (3% según la CEP).

Segundo, toda decisión queda sujeta a lo que conocemos como “trampa constitucional”, es decir, a quórums que junto a la composición del parlamento hace poco probable que el avance sea óptimo, esto porque una minoría tendrá siempre la posibilidad de vetar la iniciativa (2/3 para aprobar Cap. XVI y 3/5 para dirimir sobre mecanismo).

Tercero, al existir una cultura política binominal en el país, la que es reproducida y fomentada por leyes como el financiamiento a la política (solo partidos tradicionales) y al tener presente que sólo la mitad del Senado se renueva el 2017, creo poco probable, por no decir imposible, que 3/5 de los congresistas decidan favorable a un mecanismo que no los considere como actores constituyentes.

Por último, al ser finalmente los parlamentarios, dígase incumbentes, quienes diriman sobre si ellos deben o no participar del mecanismo a emplear para redactar la Nueva Constitución se genera un conflicto de interés evidente que los orientará, no me cabe duda, a inclinarse por una Comisión Bicameral o Convención Mixta, lo que limita las posibilidades de que la ciudadanía sea el actor principal.

En síntesis, para algunos, el anuncio presidencial ha sido un rotundo triunfo en tanto la Asamblea Constituyente es validada como una opción institucional y reconocida por el gobierno como un mecanismo factible para construir una Nueva Constitución, aunque insuficiente, no lo desconozco. Por mi parte, creo que las palabras de la Presidenta Bachelet son, por decir lo menos, desesperanzadoras, ya que a mi parecer muestran una vez más el triunfo de un sector político interesado en mantener cooptado instancias que pongan en riesgo las vigas maestras del sistema en su conjunto.

Sin embargo, la esperanza es lo último que se pierde, por lo que sin lugar a dudas la tarea de los sectores identificados con el progresismo y con la AC no es otra que apostar a la conformación de una mayoría social y política que nos permita seguir democratizando el país, en esta fase, empujando, posibilitando y cimentando el camino para una Asamblea Constituyente.