Minorías y derecho a la movilidad en contexto de pandemia.

En 2016, cuando tomaba locomoción colectiva diariamente y leía sobre la movilidad de las personas en el transporte público, comenzaron a surgir ideas y preguntas respecto a si la movilidad podría tratarse como un derecho humano y cómo se podía garantizar para su concretización.  

En esos años, al observar a una madre llevando a su bebé en coche y a otro de sus hijos de la mano, tratando a duras penas de subir al transporte público urbano y de poder desplazarse, surgió de inmediato la idea de accionar, de pelear y evitar a toda costa que ello se repita. ¿Por qué pasa esto? ¿Quién puede resolver esta denigrante imagen? ¿Habrá una sanción para el que ocasiona ese riesgo? ¿Dónde se puede regular estas materias? Porque en definitiva son riesgos, probabilidades y amenazas a las podemos se expone la seguridad individual, la integridad física y psíquica de los ciudadanos.

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El acceso al transporte público y el derecho a la movilidad cuentan con una institucionalidad política y administrativa legitimizadas. Por esto sólo queda que se produzcan los cambios para transformar nuestro país

Luego, en las noticias se repetían los reclamos de pobladores de zonas rurales extremas, como lugares aledaños a Coyhaique y Aysén, que piden mejor conectividad en los caminos. Insisten en que la prensa filme ese único puente que atraviesa un río, transformando sus pueblos en sitios inaccesibles, sumado a tantas horas para llegar al lugar de trabajo. Estos pobladores exigían que se reproduzca por los medios su urgencia de movilidad no cubierta y peligrosa, donde los conceptos economicistas del “acceso y calidad” no tienen cabida porque no existen.

A este contexto se suman los altos costos que se deben pagar personas que forman parte de los estratos sociales más bajos de la sociedad para movilizarse a sus lugares de trabajo, sufriendo la desregulación de un sistema privado mercantil que no busca satisfacer necesidades de movilidad de las personas, sino generar mayor precio a servicios que ofrecen cada vez menos beneficios y seguridad.

También está el aspecto psicológico de los  tiempos de viaje, que se traducen en estrés para las familias.  El “estar” una hora o más en un vehículo, cualquiera sea este, supone un estrés y riesgo para las personas. Un ejemplo de ello, es el  transporte privado, encargado de la movilidad de personas de grupos minoritarios,  aquellos excluidos de las grandes decisiones políticas: niños, niñas y adolescentes; tercera edad y personas con necesidades especiales, entre otros. Ese transporte está rotulado como “servicio ocasional” con máquinas que datan de los años ’80, sin mantención, poniendo en riesgo la vida de sus pasajeros.

El Informe PNUD 2015 anunciaba que las personas en Chile quieren cambios en las políticas relativas al acceso del transporte público y  al derecho a la movilidad, en especial aquellos grupos vulnerables. Los datos señalan que el 65% de la ciudadanía prefiere al Estado como garante de estos derechos y, haciendo un paralelo con la acción privada, los consultados del Informe sólo le entregan un 9,8% de aprobación.

Por su parte el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones ha elaborado sondeos y encuestas nacionales. En una de ellas se les preguntó a los usuarios de bicicletas cuáles medidas les parecen adecuadas para mitigar la congestión vehicular: el 87% estuvo a favor de aumentar las ciclovías y un 77% con la propuesta de mejorar el transporte público.

Tomando estos antecedentes se puede afirmar que los ciudadanos aún quieren Estado. Ese proceso de construcción del sujeto político – actor que puede incluir otros componentes ya propios de nuestra Latinoamérica – donde el Estado pueda, con la legitimidad popular, alcanzar mayores funciones, superando un espectro meramente fiscalizador o mitigador. ¿Podremos lograr un buen y seguro derecho a la movilidad? ¿Podrá existir una conversación entre el mundo privado y público? 

A diferencia de otros derechos, el acceso al transporte público y el derecho a la movilidad cuentan con una institucionalidad política y administrativa medianamente instaladas y, si además validamos los resultados de este Reporte del PNUD 2015, sólo queda que se produzcan esos procesos legitimados por la ciudadanía para transformar nuestro país, sobre todo para aquellos grupos minoritarios vulnerables que deben ejercer sus derechos en el espacio público.

Hoy, en el contexto de pandemia, la movilidad se ve más alterada porque la mayoría de la población prefiere los automóviles propios para trasladarse, generando un gran atochamiento en las autopistas y calles del país. En este sentido, el padecimiento aumenta porque hay otro grupo de la sociedad que obligadamente utiliza el transporte público, con la consecuencia de exponerse a un mayor contagio de COVID 19, sobre todo por la variante Ómicron.

Desde el día del 2016 en que esa madre intentaba subir al metro con sus hijos  hasta ahora no ha variado sustancialmente las circunstancias a favor de los grupos vulnerables y que en definitiva padecen una alteración a la efectividad del derecho a la movilidad. Lo claro y esperanzador es que se acerca a grandes pasos una Nueva Constitución Política en favor de las personas que cuestiona el actual tratamiento del derecho de la movilidad, y, por qué no, podría dotar de contenido esta garantía, sobre todo en estos tiempos de pandemia que vivimos.