Los límites difusos entre fuerza legítima y violencia

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¿Quién ha roto los márgenes del estado de derecho? ¿Quién ha generado las expectativas de escucha inmediata de manifestaciones callejeras? ¿Quién ha dejado sin piso político a sus colaboradores, interviniendo directamente en los conflictos sociales, dejando al gobierno sin interlocutores? Hay un solo responsable de esta situación: el Jefe del Estado.

Estaba haciendo mi tercera clase de “Elementos Fundamentales de Derecho”, a los estudiantes del primer año de la Escuela de Gobierno y Gestión Pública de la Universidad de Chile, y correspondía que les aclarara la distinción entre violencia y fuerza.

Señalaba yo que entre otros elementos, tal y como se lo aclaro a mis alumnos de la Escuela de Derecho, la diferencia entre violencia y fuerza, era la legitimación normativa de esta última, ya que los órganos centralizados del sistema legal, encargados de mantener el orden público, actuaban legítimamente, revestidos de autoridad por las normas jurídicas, con la finalidad de mantener la integridad del estado de derecho.

Uno de mis alumnos me interrumpió y me preguntó si en el caso de Aysén se había ejercido la fuerza o la violencia, ya que a él le parecía que no se enmarcaba la acción de la fuerza pública dentro de los límites aceptables del estado de derecho.

Los jóvenes universitarios, insoportables a ratos, adorables la mayoría de las veces, pero sobre todo, poco dados a comulgar con ruedas de carreta, desde la intuición más básica, me hicieron ordenar una reflexión que hace tiempo me parece debemos hacer en el país.

Hemos observado con estupor una especie de ocupación militar de Aysén, con el despliegue de nuestra policía uniformada, que no tiene nada que envidiarle a cualquier ejército preparado para la guerra. Hemos visto a efectivos de carabineros lanzando piedras a la población civil, inundando de gas lacrimógeno las viviendas de los pobladores, intimidando y reprimiendo con total falta de estrategia y profesionalismo, con errores tácticos garrafales, que terminaron en la pérdida de patrimonio fiscal (buses y carros lanza aguas quemados). Lo propio hemos visto en la Araucanía y en otros lugares del país. Acabamos de presenciar vehículos policiales destruyendo las puertas de la Universidad de Santiago y haciendo ingreso sin autorización del Rector. Lo mismo ha ocurrido en Playa Ancha y otras casas de estudios superiores. Todo ello, claro, olvidado por la firma feliz del acuerdo en La Moneda y la subsecuente renuncia del Ministro de Energía.

No pretendo desconocer que en Chile se observa una escalada de violencia callejera. La violencia de quienes se manifiestan no está justificada, ni amparada por el derecho natural ni positivo. ascendente en intensidad, que preocupa a quienes creemos en el estado de derecho, el diálogo y la paz. Pero, por lo mismo, los ciudadanos esperamos que el Estado y su fuerza legítima, actúen en consecuencia con los cánones que el régimen democrático establece.

¿Qué ha ocurrido en Chile desde el 11 de marzo de 2010? ¿Qué ha detonado por una parte el descontento generalizado de la población que, mayoritariamente apoyó a la derecha en la última elección presidencial, y por otra la escalada cada vez más violenta y brutal de represión policial a las protestas? ¿Qué ha ocurrido con las fuerzas de orden, que aparentemente se sienten inmunes a las consecuencias del abuso policial?

Carabineros de Chile, que figuraba en todas las encuestas como una de las instituciones más respetadas y queridas por el público, se ha visto tremendamente perjudicada, ya que la alta adhesión que detentaba está disminuyendo paulatina, pero sostenidamente.

Las ridículas tasas de formalización de los detenidos en las protestas nos señalan, además, que la judicatura de garantía no ha relajado, afortunadamente, los estándares exigibles a los órganos de persecución policial.

Parafraseando a Vargas Llosa, y suponiendo que esta conversación fuese posible en el Bar Catedral: ¿en qué momento se jodió Chile?

Antes de la elección presidencial discutía acaloradamente con un grupo de ex concertacionistas que apoyaba al enfant terrible, y que entre otros argumentos afiebrados me espetaban que entre la derecha y la Concertación daba lo mismo quien gobernase. Uno de mis asertos para defender a mi coalición fue justamente que el grado de permeabilidad de las fuerzas armadas y de seguridad pública por las directrices del ejecutivo era alto, y que ante esa constatación, el riesgo que corríamos como sociedad era que la derecha en el poder iba a irradiar mayor tolerancia a los despliegues brutales de violencia represiva de las policías.

Creo que aquello se ha producido incuestionablemente. El grado de intensidad de la represión policial ha aumentado, el grado de impunidad de quienes cometen excesos también y eso responde a una política de seguridad pública deliberadamente intolerante, que se explica por la perplejidad de los nuevos cuadros dirigentes del país ante el odio que la población les profesa en las calles, que los hace reaccionar en forma desesperada, atrabiliaria y confusa ante las manifestaciones de descontento.

El problema es que a ellos les es exigible, justamente porque gobiernan, frialdad en la decisiones, tranquilidad, ponderación y astucia en la conducción de los conflictos, todas áreas en que han demostrado total ineptitud e incompetencia. A veces creo que ha resucitado don Ramón Barros Luco, quien gobernó Chile con el piloto automático y a quién se atribuye esa célebre frase que identifica a lo peor del alma nacional: “la mitad de los problemas no tiene solución; los otros, se resuelven solos”.

Visitando Inglaterra, hace algo más de un mes atrás, conversaba con mi amigo Hugo Soto, quien se está doctorando en la London School of Economics en seguridad pública, y me contó una anécdota interesante. Con ocasión de las protestas masivas de estudiantes universitarios en Londres, motivadas por las disparatadas alzas en los aranceles universitarios, el primer ministro Cameron solicitó a la policía de la City que reprimiera con firmeza las manifestaciones. La policía londinense, como es habitual en este tipo de protestas, se limitó a informar a quienes se manifestaban sobre el perímetro autorizado, a contener a los súbditos más exaltados y a registrar, eso sí, con sus cámaras de vigilancia (Londres está plagado de ellas), a quienes quemaron neumáticos, automóviles y protagonizaron otros destrozos, sin siquiera representarse la posibilidad de actuar con gases lacrimógenos u otros medios tan conocidos por nosotros. Muchos responsables filmados y posteriormente detenidos, debieron enfrentar castigos en los tribunales. No obstante, la reacción del partido conservador fue enérgica y emplazó al jefe de la policía a dar explicaciones públicas por la falta de represión de la protesta. He aquí lo sorprendente para nosotros. El jefe de la policía, entrevistado por la televisión, señaló: “la policía de Londres no va a arriesgar su buena relación con la comunidad por un par de políticos histéricos”. Impensable en estas latitudes, en que, lejos de ello, estamos tramitando un proyecto de ley que criminaliza muchas conductas de desobediencia civil.

Descontento generalizado, violencia de grupos que protestan fuera de marcos normales del normal disenso, represión destemplada, autoridades desesperadas. ¿Cuándo se jodió Chile?

Mi hermano, que es sociólogo, me entregó la clave de la respuesta.

Comenzando la “nueva forma de gobernar” se produjo una serie de manifestaciones en contra de la instalación de termoeléctricas en la región de Coquimbo. La deriva natural, desde el gobierno central, que me tocó ver de cerca durante mi trabajo en el Ministerio del Medio Ambiente, entre 2006 y el 10 de marzo de 2010, era sostener la legitimidad de las autoridades ambientales.

Este no fue el caso. Pasando sobre gobernadores, intendente, seremis, jefes de servicio, subsecretarios y ministros, el propio Presidente de la República o “Sebastián” como le decían sus colaboradores en los primeros meses de gobierno (al estilo Tony, con que el primer ministro Blair inició su mandato en 1997), intervino a través de un úcase en que sentenció que dichos proyectos no se iban a instalar en la región. ¿Quién ha roto los márgenes del estado de derecho? ¿Quién ha generado las expectativas de escucha inmediata de manifestaciones callejeras? ¿Quién ha dejado sin piso político a sus colaboradores, interviniendo directamente en los conflictos sociales, que lejos de resolverse se han profundizado, dejando al gobierno sin interlocutores?

La frase de quien, en mi concepto, ha sido el mejor Presidente de las últimas décadas, pasó al olvido. Las instituciones han dejado de funcionar.

Hay un solo responsable de esta situación: el Jefe del Estado. Gobernar es muy distinto a jugar en la bolsa. Un gambler decide los destinos de Chile. Y para ganar, si no puede convencer, debe vencer, a través de la fuerza ¿o la violencia?

Ya no sé si podré reprobar a un alumno que no distinga entre fuerza legítima del Estado y nuda violencia.

* Alvaro Fuentealba es abogado y director de la Escuela de Derecho de la Universidad de Chile

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Foto: todosnuestrosmuertos / licencia CC