En defensa de la libertad de cátedra en la educación universitaria

Nos expresamos aquí como académicos y personas ligadas a distintas Universidades, que nos sentimos comprometidos de varias maneras con el proceso de reflexión y transformaciones que vive la institucionalidad educacional chilena. Nos importa sobremanera lo relacionado con los cambios institucionales que atañen a la educación superior, así como la situación actual de las Universidades que en nuestro país manifiestan una vocación o función pública.

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Resulta fundamental que se examine en profundidad las categorías actuales de la función pública de las Universidades, y en general de los establecimientos educacionales, pues asumir un rol público implica mucho más que recibir dineros públicos, y como es obvio, implica ponerse en el espacio público abierto a la transparencia que eso conlleva.

La reciente desvinculación de la docencia de los académicos Patricio Miranda y Jorge Costadoat en la Pontificia Universidad Católica de Chile, y el despido del primero de ellos, son situaciones que resultan muy preocupantes. Estos casos han generado importantes reacciones públicas tales como informaciones de prensa de amplia difusión, cartas al rector de la PUC, declaraciones de universitarios –tanto de la misma universidad como de otras– que rechazan estas decisiones, columnas de opinión pública, dinámicas de redes sociales y otras. A pesar de ello en este debate no se ha notado la presencia ni de las autoridades de Gobierno ni de otras autoridades estatales.

Es posible que haya sido así en virtud de un mal entendido respeto a la autonomía universitaria, pues la autonomía universitaria se basa en el cumplimiento efectivo de las normas que son propias de la tradición universitaria, tales como la realización de sumarios (que garanticen el derecho de defensa) para dar paso al despido de profesores con contrato indefinido. Las decisiones de las autoridades de la Pontificia Universidad Católica de Chile han afectado radicalmente la libertad de cátedra de los dos académicos involucrados, los cuales cuentan con amplios y reconocidos méritos académicos junto con un excelente desempeño en la docencia, así como la libertad de los estudiantes de tenerlos como profesores.

No vamos a entrar aquí en las peculiaridades de cada caso, pero en ambos las autoridades universitarias han impedido que destacados académicos puedan seguir ejerciendo su labor docente en dicha Universidad, cuando es bien sabido que el ser profesor pertenece a la esencia misma de la calidad de académico. Las razones que se han invocado para ello resultan extrañas a la vida universitaria, aparte de cambiantes, llegando al extremo de apelar al recurso legal de invocar como causal “necesidades de la empresa” en el caso de Patricio Miranda.

Situaciones de este tipo sin duda conciernen a todos los que hacemos parte del sistema universitario chileno y el Estado no puede mantenerse indiferente a ellas. Máxime si se trata de la Universidad que recibe la tercera mayor cantidad de recursos públicos, si se suman los distintos medios por los que el Estado aporta al financiamiento de las universidades chilenas (tal como lo presenta la Contraloría General de la República en un informe del 2013), y que reiteradamente ha defendido que cumple un rol público, una función pública o de servicio público dentro de la educación en Chile.

Siendo así, no se puede alegar ahora que desvincular de la cátedra a dos destacados profesores haga parte de la esfera “privada” de dicha Universidad, pues ello sería una muy incorrecta interpretación de la autonomía universitaria. Tales decisiones tienen que ser sometidas al escrutinio público. Hay muchas preguntas sobre sus motivaciones, los procedimientos empleados y la participación de la comunidad universitaria en ellas que aún no han sido contestadas satisfactoriamente.

Lo que nos reúne e impulsa a comunicar estas ideas es nuestra responsabilidad por la Universidad que consideramos necesita la sociedad chilena en estos tiempos y para el futuro. No hablamos solamente como universitarios. También queremos ser escuchados como ciudadanos. En ese sentido, no podemos omitir que en situaciones como estas, lo que sucede con la dignidad académica y la libertad de pensamiento y cátedra, es reflejo de una política de privatización de la educación que desde sus orígenes ha velado por los intereses de ciertos sectores de la nación y no del conjunto de sus ciudadanos.

Resulta fundamental que se examine en profundidad las categorías actuales de la función pública de las Universidades, y en general de los establecimientos educacionales, pues asumir un rol público implica mucho más que recibir dineros públicos, y como es obvio, implica ponerse en el espacio público abierto a la transparencia que eso conlleva.

Solicitamos, pues, al Ministerio de Educación y a su División de Educación Superior, encargada del diseño de las reformas estructurales en este nivel, que indague con respecto a las señaladas decisiones de desvinculación de profesores para esclarecer los hechos y los procedimientos empleados, a fin de velar por el interés público. En este sentido pedimos ser recibidos para poder profundizar sobre el tema y exponer las consideraciones que al respecto tenemos un grupo de académicos y universitarios que nos preocupamos especialmente por resguardar lo público en todo el ámbito universitario nacional.

Asimismo solicitamos a la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, que se ocupa de estos casos cumpliendo su función fiscalizadora, nos pueda recibir en una audiencia a fin de desarrollar los planteamientos de esta declaración, y que haga lo mismo con los profesores desvinculados de la cátedra y las autoridades de la Pontificia Universidad Católica de Chile.

Frente a la inminente reforma de la Educación Superior estos casos resultan muy relevantes en el trabajo legislativo que tendrá que hacer el Congreso Nacional sobre normas relativas a libertad, pluralismo, autonomía y sentido de la institución universitaria en el siglo XXI, aplicables a todas las instituciones reconocidas por el Estado. Muy especialmente en relación a las que reciben un importante financiamiento público, y que frecuentemente demandan por más recursos al Estado en cuanto indispensable para el adecuado logro de sus metas.

Andrés Bobenrieth, Universidad de Valparaíso, U. de Chile

Lorena Zuchel, Universidad Técnica Federico Santa María

Fernando Viveros, Universidad de Chile

Alejandra González, U. Alberto Hurtado, U. Diego Portales

Invitamos a adherir a esta Declaración, escribiendo a: Lorena Zuchel [email protected] o [email protected]