El secuestro del proyecto de ley de protección de datos personales

Hay días en que las noticias son tristes, pero cuando afectan innecesariamente los derechos fundamentales de las personas, también son amargas.

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Cada día que pasa, todos los habitantes del país debemos pagar con mil y una dificultades, discriminaciones odiosas e injusticias varias el precio de su desidia, de su celo por los poderes secretos, por no revelar que tienen cajas negras de datos personales y, en general, por su indiferencia hacia los derechos de las personas.

¿Cómo ocurre eso? Pues simple: de poco o nada sirven los derechos de las personas establecidos en forma grandilocuente en las Constituciones Políticas si determinadas personas, empresas e instituciones, gracias a la informática y el tráfico de los datos personales o una conexión a Internet, creen saber algo de ti y toman una decisión arbitraria a tu respecto. Entonces, ¿de qué sirve tener el derecho al trabajo, a la salud, a la vivienda o a la educación si cualquiera, creyendo saber algo de ti (que no te dice qué es ni de donde lo obtuvo), y aprovechándose de una legislación defectuosa, declina contratarte, te rechaza en la Isapre, decide no arrendarte un lugar para vivir o no permitir que tus hijos ingresen a un colegio?.

De nada. Derechos formales, derechos de papel, derechos-basura.

Entonces muchos países tomaron medidas al respecto estableciendo, como principio general, que los datos personales son de las personas y los demás solo tenemos derecho a tenerlos y tratarlos si el titular de los mismos otorga su consentimiento o una ley lo autoriza. Todo lo demás es ilegal y tiene duras sanciones.

En Chile, para frenar los abusos, se intentó establecer una regla semejante a través de la “Ley de Protección de la Vida Privada” (o Ley N° 19.628), pero la empresa Dicom Equifax logró capturar al Legislador y hacer que ella dijera lo que a sus negocios convenía, en desmedro de todos nosotros. De hecho durante muchos años la ley fue conocida como “ley Dicom” y, pese a que ha sufrido múltiples modificaciones, sigue sin cumplir los estándares internacionales (definidos en la Resolución de Madrid de 2009), haciendo que Chile sea un paria de la comunidad internacional en lo que a protección de datos se refiere.

Consciente de lo anterior el año pasado el Ministerio de Economía llamó a consulta pública para que Chile tenga una nueva ley de protección de datos y que esta cuente con el nivel suficiente como para que nuestro país obtenga el reconocimiento de país con “nivel adecuado de protección de datos”, de forma que podamos proteger efectivamente los derechos ciudadanos y, a la vez, facilitar el tráfico comercial con Europa, Nueva Zelanda, Argentina, Uruguay y otros países de la región pues ellos no pueden enviar datos de sus ciudadanos a un país inseguro como Chile.

Convocó a tal efecto a especialistas en Derecho Informático, académicos, bureaus de crédito, asociaciones gremiales, ONGs, organismos públicos, compañías de seguros, etc. y en un trabajo conjunto que demoró alrededor de 3 meses llegó a un texto de acuerdo que recogía en parte lo expresado por todos pero, más importante aún, cumplía con los estándares internacionales y protegía efectivamente los datos de las personas, que es lo que realmente importa.

El proyecto se envió al Ministerio de Hacienda en septiembre de 2014, pues había cuestiones presupuestarias comprometidas y, desde entonces, se perdió el rastro para siempre.

Desde la perspectiva de los ciudadano, este es uno de los proyectos de ley más importantes pues no sólo fortalece efectivamente los derechos de las personas que ya constan en la Constitución y en otros cuerpos legales, sino también porque constituye la concreción de un derecho fundamental indispensable en el siglo XXI: el derecho a la protección de datos es una especie de escudo que impide o dificulta la violación de todos los demás derechos.

Pero ha pasado más de medio año en el Ministerio, y ante el silencio de los organismos públicos en materia tan relevante, solo queda pensar lo peor: el Ministerio de Hacienda en los hechos ha secuestrado indefinidamente el proyecto de ley sobre datos personales y no está dispuesto a liberarlo; es decir, no sólo controla el presupuesto de la Nación, sino que también controla el avance o retroceso de nuestros derechos como personas.

Tal vez motivos no le faltan, pues una legislación robusta y una autoridad de protección de datos empoderada puede hacer preguntas incómodas: qué datos tiene usted de los ciudadanos y para que los utiliza; explique qué hace la Unidad de Análisis Financiero (organismo que se ocupa de los delitos de lavado de activos) con los datos de las personas que no está investigando; diga si el Banco Central tiene cajas negras de datos personales y cuál es su finalidad, cuénteme qué niveles de seguridad ha implementado en los tratamientos de datos que realiza y dónde las personas pueden ir a ejercer su derecho a saber qué datos de ellos tiene usted, etcétera.

Lo perverso es que en un momento en que el país necesita buenas noticias (un avance sustancial en materia derechos, por ejemplo), ciertos burócratas prefieren no darlas por el solo temor de tener que dar explicaciones o transparentar que es lo que hacen con los datos personales (que no son suyos) y que tampoco tienen el valor suficiente para dar el paso al frente y decir que los chilenos tendrán el derecho a la protección de datos sobre sus fríos cadáveres. De hecho, el tiempo transcurrido nos revela que ni siquiera están dispuestos a participarnos de sus reales aprehensiones, pues un debate al respecto los dejará en mal pie.

Entonces, cada día que pasa, todos los habitantes del país debemos pagar con mil y una dificultades, discriminaciones odiosas e injusticias varias el precio de su desidia, de su celo por los poderes secretos, por no revelar que tienen cajas negras de datos personales y, en general, por su indiferencia hacia los derechos de las personas.

De seguir esto así, la conclusión es clara: si no media lucha social, Chile no protegerá los datos personales de sus ciudadanos. Ni ahora ni nunca.