El viernes 23 de noviembre de 2018, ¡Era qué no!, se publicó en El Mercurio, en forma destacada, la crónica “Presidente del gremio constructor critica a Contraloría y la acusa de paralizar inversiones”, con epígrafes “Patricio Donoso, timonel de la CCHC” y “Afirma que la entidad sobrepasa sus atribuciones y contradice decisiones de otros órganos estatales, afectando obras inmobiliarias y de infraestructura”.
Debemos suponer que sus lectores, que desconocen el rol fiscalizador que ejerce la Contraloría General de la República, tienen que haber creído lo publicado en dicha crónica que, digámoslo francamente, solo buscaba desmerecer la excelente labor que realiza ese organismo público.
El periodista autor de la nota desliza que “en los últimos meses se ha escuchado con frecuencia en actividades públicas y privadas a ministros de Estado y empresarios quejarse de las decisiones de la Contraloría General de la República sobre sus proyectos”, sin darse los nombres de esos ministros y evidenciándose claramente que los insidiosos dardos están dirigidos a la persona de Jorge Bermúdez, titular de la Contraloría, porque cumpliendo la ley, ha dejado sin efecto unos cuantos actos administrativos del Minvu y de las Direcciones de Obras MunicipalesLa frívola propuesta empresarial que busca quitarle atribuciones a la Contraloría, a través de una simple modificación legal, es absolutamente impracticable pues la ley Nº 10.336 del autónomo órgano fiscalizador es de rango constitucional
Dicho diario dio como ejemplo, cita textual, “…….un reciente dictamen afectó el desarrollo de 25 proyectos inmobiliarios en Estación Central por un monto cercano a los US$ 25 millones” (sic), lo que no es efectivo. En este medio digital aclaramos a la CCHC y a ese medio de comunicación que, según información que nos entregó recientemente el concejal de Estación Central, Felipe Muñoz, se trata de 38 torres residenciales de entre 30 y 40 pisos cada una, con cientos de diminutos departamentos. Algunos guetos verticales están terminados con sus viviendas ocupadas y otros tantos todavía se encuentran en proceso de construcción, los que se deberán paralizar conforme al dictamen Nº 27.918 del 12/11/18 de la Contraloría, y las inversiones totales de esas torres alcanzarían los US$ 1.000 millones.
En todo caso, asociado a ese dictamen de la Contraloría, el mismo día que fue dado a conocer por el Estudio Jurídico Osorio Vargas, un periodista de El Mercurio nos entrevistó sobre los alcances del mismo, a quien le expresamos con lujo de detalles todo lo que iba a suceder, habida cuenta que esos dictámenes son vinculantes para la administración del Estado. Dicho diario optó por la decisión de censurar nuestros dichos y hasta el presente no ha publicado nada sobre ese mega fraude.
En un ataque de locura compartida por el gremio empresarial de la construcción y el diario que es su vocero, se divulgó una propuesta para que se dicte una ley que aclare los ámbitos de competencia de la Contraloría y los alcances de sus pronunciamientos sobre materias que competen a organismos técnicos, es decir, olímpicamente ese dúo fantástico intenta un trato de excepción para los negocios inmobiliarios, lo que es hasta risible.
La Contraloría se ha visto en la necesidad de dejar sin efecto varias resoluciones del Minvu, brazo administrativo y ayudista de la CCHC, por ser abiertamente ilegales y lo mismo ha sucedido en relación a permisos de edificación cursados livianamente por una cuantas Direcciones de Obras Municipales. Hasta el cansancio y desde hace mucho tiempo hemos propuesto que la manera más idónea y rápida para que los permisos de edificación tengan certeza jurídica es ceñirse a la Ley respectiva, a su reglamento y a las normas urbanísticas contenidas en los Planes Reguladores Intercomunales como Comunales, lo que es bastante sencillo. Esto mismo lo repetimos en nuestra exposición del 23 de Noviembre reciente en un Seminario ad hoc organizado por la Asociación de Arquitectos Tasadores.
En todo caso, la frívola propuesta empresarial que busca quitarle atribuciones a la Contraloría, a través de una simple modificación legal, es absolutamente impracticable pues la ley Nº 10.336 del autónomo órgano fiscalizador es de rango constitucional y ni los diputados ni senadores con intereses inmobiliarios se van a sentir cómodos aceptando el requerimiento de la asociación gremial empresarial. Por ello, la Contraloría continuará ejerciendo, aunque a los apitutados no les guste, su indispensable tarea legal desbaratando la creciente corrupción existente en el país.
Así las cosas, si los constructores e inmobiliarios respetan las leyes sectoriales, asesorándose por profesionales competentes cuando solicitan permisos de edificación en las municipalidades, al estar éstos bien otorgados, nunca se van a denunciar ni en la Contraloría ni en los Tribunales de Justicia. Pero el problema se produce porque a algunos de ellos, los más poderosos, les gusta sacar ventajas, luego operando la competencia desleal, y ahí funciona el corporativismo, vía la CCHC, asociación gremial que es controlada por las más grandes empresas del mercado.
Por último, estamos seguros que El Mercurio, diario que este columnista por inercia lee todas las mañanas, seguirá en la senda del sutil acomodo de las noticias porque tal medio se debe a los que en la práctica mandan en Chile, actores privados que, por lo demás, son los que marcan la pauta y tienen trato directo, a través de sus refinados lobyystas, con el Palacio de La Moneda y con el Congreso Nacional.
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