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Un hábil forado para los concesionarios de autopistas

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con un simple aumento del 50% en el guarismo de la velocidad de circulación, se da pábulo para que las concesionarias que ejecuten las próximas autopistas no sometan estas obras viales al SEIA

Las autopistas se originaron hace unos 85 años en Alemania, se llamaron autobahn,  no se cobran peajes y no tienen límite de velocidad, aunque sus usuarios que manejan buenos y seguros automóviles no superan los 140 km/hora. En Chile tenemos autopistas urbanas con pago electrónico en los  peajes e interurbanas con pagos en efectivo y, en general, las velocidades máximas son 120 km/hora.

Ahora bien, a raíz de una denuncia que recibimos, años atrás, por parte de unas familias que vivían en las inmediaciones de la autopista Vespucio Sur, investigamos lo que acontecía, ya que las obras de construcción de la misma le estaban ocasionado fuertes daños en la salud de esas personas, constatamos que la concesionaria Sacyr, titular del lucrativo proyecto, se había conseguido un especialísimo favor del Ministerio de Obras Públicas (MOP), institución pública que inventó para esta carretera el vocablo “autovía” (sic), ardid con el cual el inversionista no sometió su proyecto al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), conforme al mandato de la letra e) del artículo 10º de la Ley Nº 19.300 de Bases Generales del Medio Ambiente. Solamente las autopistas ingresan al SEIA y no las autovías.

Así las cosas, interpusimos la denuncia de rigor en la Contraloría General de la República (CGR) para que este organismo de fiscalización le exigiera, tanto al MOP como a la ex Conama (Comisión Nacional del Medio Ambiente), el cumplimiento de la ley, ya que estábamos ante un burdo auto engaño al propio Estado de Chile para favorecer a una empresa constructora extranjera.

Después de un prolongado tiempo de análisis y consultas a los entes de la administración involucrados, la Contraloría dictaminó que el cambio de palabras para referirse a esta concesión no podía producir los efectos buscados por esos tan “diligentes” funcionarios. El MOP, pensando que en pedir no hay engaño, después de conocer el severo dictamen que lo dejaba al descubierto, solicitó al ente de control con falaces argumentaciones una reconsideración, intento que no prosperó porque la Contraloría corroboró sus dichos.

Supimos que las obras de mitigación y compensaciones en el extemporáneo Estudio de Impacto Ambiental ascendían a unos cuantos millones de dólares, los que finalmente fueron asumidos por papá fisco, especialista en socorrer al sector privado.

La ley ambiental es del año 1994 y se empezó a exigir en el año 1997. En el primer reglamento del SEIA no se definía la palabra autopista y, a partir de una modificación al mismo publicada en el Diario Oficial del 7 de diciembre de 2002, se estableció lo siguiente : “se entenderá por autopistas a las vías diseñadas para un flujo de 8.000 vehículos diarios, con sentidos de flujos unidireccionales, de 4 o más pistas y 2 calzadas separadas físicamente por una mediana, con velocidades de diseño igual o superior a 80 km/hora, con prioridad absoluta al tránsito, con control total de los accesos, segregada físicamente de su entorno, y que se conectan a otras vías a través de enlaces”

El ingeniero de transporte Rodrigo Quijada detectó en el nuevo Reglamento del SEIA, vigente desde el 24 de diciembre de 2013, un cambio radical en la descripción de las autopistas, razón por la cual, en conversación telefónica, le sugerimos que objetara por escrito ante el ministro de Medio Ambiente la nueva definición del vocablo de marras. Por otras situaciones irregulares ya publicadas en ese mismo Reglamento, hemos tenido que interponer recursos de ilegalidad ante dicho ministerio, lo mismo que han hechos algunos parlamentarios.

¿Qué dice este novísimo y pícaro Reglamento para referirse a las autopistas? “se entenderá por autopistas a las vías diseñadas con 2 o más pistas unidireccionales por calzada separadas físicamente por una mediana, diseñadas para una velocidad de circulación igual o superior a los 120 km/hora, con prioridad absoluta al tránsito, con control total de los accesos, segregadas físicamente de su entorno y que se conecten a otras vías a través de enlaces”

Es decir, con un simple aumento del 50% en el guarismo de la velocidad de circulación, se da pábulo para que las concesionarias que ejecuten las próximas autopistas no sometan estas obras viales al SEIA, ya que, dependiendo de las características del trazado de las mismas, las velocidades de los vehículos que se introduzcan en ellas no siempre llegan a los 120 km/hora. En caminos serpenteados, o en zonas de pronunciadas curvas, es decir, en tramos de riesgo de accidentes, las velocidades por ningún motivo pueden llegar a esa cifra y por último hay conductores conservadores que en recta viajan a velocidades menores.

Se podría estimar que una empresa concesionaria argumente, con la viveza característica, que como no todo el camino ejecutado por ella contempla una velocidad mínima de 120 km/hora, perfectamente está en condiciones de eximirse de la obligación ambiental o bien se podría llegar al absurdo de que esté dispuesta a someterse al SEIA solamente en los sectores en donde la velocidad sea la que se refleja en el dichoso e impugnado Reglamento.

No sabemos si la asociación empresarial de concesionarios (COPSA) o los influyentes y pedigüeños actores de la Cámara de la Construcción estuvieron detrás de este inicuo cambio en las reglas del juego, pero si queremos regularizar la situación para evitar futuros litigios y en definitiva hacer bien las cosas, será indispensable redefinir la descripción reglamentaria de las autopistasen el SEIA, eliminando la equivocada expresión “…diseñadas para una velocidad de circulación igual o superior a los 120 km/hora…”, reemplazándola por la siguiente “…diseñadas para una velocidad de circulación máxima de 120 km/hora…” .

En sentido contrario y si se mantiene  el buscado “error” en comento, el título de esta columna tendrá plena validez.

TAGS: Autopistas Evaluación de Impacto Ambiental MOP

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pedro pablo molina wood

25 de julio

Analizando algunos arts. del Sr.P.Herman me salta a la vista la necesidad de legislar en forma urgente para que los chilenos que ocupen cargos como autoridades de Gobierno,como Parlamentarios o como candidatos a ocupar cargos publicos por votacion popular al menos por un periodo no menor a los 5 años no podran ocupar cargos en el area privada que forme parte de las concesiones o regalias del Estado de Chile.hacia terceros que esten controladas directamente por algun ministerio. Ademas seria conveniente que los Gobiernos entrantes hagan auditoria real de los cambios en la letra de los contratos de las concesionarias y que se introduzca en el reglamento general una clausula de que cualquier modificacion en perjuicio del Estado o los usuarios podra ser revocada sin mas..

Arturo Andrés Salinas Calderón

28 de julio

Siempre se busca una forma de burlarse de los pobladores y cambiando las cosas para favorecr a algunos y siempre presionando vía diferentes instituciones con mucho poder. Hay que divulgar esta noticia.

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