El domingo recién pasado en un diario de circulación nacional el arquitecto Sergio Baeriswyl, quien obtuvo merecidamente este premio el año 2014, refiriéndose a los negativos, mejor dicho catastróficos, efectos de las fuerzas de la naturaleza ocurridos en el norte del país, ha tenido que decir ante la destrucción de las ciudades, que la incomprensible indiferencia de las políticas públicas frente a la gestión de riesgos urbanos tiene que llegar indefectiblemente a su término.
También aludió al terremoto de febrero de 2010, creyendo él que con esa infausta experiencia, las autoridades públicas iban a generar los necesarios cambios en la institucionalidad para que nuestro país estuviera mejor preparado ante las súbitas ocurrencias de desastres, pues el territorio que ocupamos está permanentemente afectado por los riesgos naturales. Terminó su suplicante carta haciendo un llamado a quienes mandan para que, a la brevedad, tomen la decisión de impulsar políticas de planificación verdadera con lo cual, en unos años más, las ciudades que habitamos serán más seguras.El Fondo Común Municipal constituye la principal fuente de financiamiento para los municipios chilenos y la Constitución Política lo define como un “mecanismo de redistribución solidaria de los ingresos propios entre las municipalidades del país” y la propia Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, le confiere la función de “garantizar el cumplimiento de los fines de todas las municipalidades y su adecuado funcionamiento”.
Toda la razón tiene este serio profesional, pero él debe saber que en Chile desde hace unos 40 años, el uso del recurso suelo y todas las materias asociadas al crecimiento de las ciudades, por decisión de los gobiernos de Pinochet, de los cuatro de la Concertación, el de Piñera y el del actual de Bachelet, están entregado a las libérrimas fuerzas del mercado porque así ha sido decidido por los influyentes grupos económicos y gurúes del neoliberalismo, los mismos que financian encubiertamente las candidaturas de aquellos que desean ser alcaldes, diputados, senadores y presidentes.
Hemos publicado desde hace años miles de columnas dando cuenta de esta lacra social que perjudica a las mayorías, pero que sí beneficia a los poderosos y en los casos abiertamente ilegales, hemos puesto los antecedentes en la Contraloría General de la República y en ocasiones también en los tribunales de justicia, por lo que no tiene sentido en esta ocasión seguir despotricando. Pero, aprovechando la oportuna llamada de atención del premiado arquitecto, a continuación diremos algunas cosas demostrativas de la descomposición e inequidad que se observa.
Desde el año 1965 existe un Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu), servicio del Estado que tiene la potestad para enviar proyectos de leyes al Congreso Nacional y es quien hace las modificaciones que estime conveniente en la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, cuerpo normativo que es el reglamento de la Ley respectiva. A través de sus 15 Secretarios Regionales Ministeriales ejerce tuición sobre los Directores de Obras de las 345 municipalidades que existen en el país y lo penoso, por no decir burlesco, es que casi invariablemente cuando hay diferentes apreciaciones sobre la aplicación de una norma urbanística, en donde están en juego los intereses de la ciudadanía, protegidos por los planes reguladores locales, dicho Minvu toma partido por los intereses de los actores inmobiliarios.
Las áreas verdes, con el falaz argumento de que es muy oneroso mantenerlas, son recurrentemente utilizadas por aquellos actores del mercado inmobiliario que tienen buenas relaciones con los funcionarios de la Administración y hasta las calles, que son bienes nacionales de uso público, cuando se localizan en lugares estratégicos para los negocios, son vendidas subrepticiamente a quienes las necesitan para aumentar la superficie de los terrenos privados en donde se levantarán edificios en altura.
El especulativo caso de Caval ya es para la risa, pues esta empresa compró el terreno rural para venderlo en un monto superior y para asegurarle al comprador que el cambio de uso de suelo era cuestión de tiempo, apareció por ahí una promesa de compraventa con una compañía que se llamaría Aguas Sustentables (Chile) S.A. cuyos directores, Sergio Covacevich e Ignacio Muñoz, intermediarían la compra del terreno por mandato de unos inversionistas mexicanos, siempre y cuando el predio fuera totalmente urbano.
Y esta futura transacción sería por una suma equivalente a un poco más de 4 veces el precio pagado por Caval al síndico Chadwick. Ante esta posibilidad para ganar más dinero, Valero, socio de Compagnon, suscribió otro contrato con Silva, dueño de la sociedad que ya le había comprado el predio, para compartir las utilidades de la posible reventa. Y lo más sintomático es que ningún medio de prensa ha entrevistado a los dueños de esa supuesta empresa, lo que significa que todo está en una nebulosa.
Hace un par de años nos entrevistamos con el Director Nacional del Servicio de Impuestos Internos (SII) porque considerábamos inaudita y menesterosa la fórmula empleada por las empresas constructoras para sustraer una parte del dinero correspondiente a los derechos, por la calidad de la construcción de sus proyectos, suma que se debe enterar en las municipalidades para obtener los permisos de edificación.
Esa autoridad nos explicó fundadamente que a su servicio no le correspondía fiscalizar la materia porque era el Minvu el responsable, razón por la cual enseguida con la compañía de dos arquitectos revisores independientes, nos reunimos con el arquitecto José Ramón Ugarte, ministro en las sombras en el gobierno de Piñera y con el sub secretario Francisco Irarrázabal, a quienes les explicamos en detalle cómo muchas constructoras que no les pagan los honorarios equivalentes al 30% de los derechos municipales a los profesionales que los revisan, porque acuerdan porcentajes menores que fluctúan entre el 5% y el 25%, sí descuentan desenfadadamente el guarismo del 30% en la liquidación del monto a pagar a los municipios.
Ni Ugarte ni Irarrázabal, a pesar de que estamos hablando de cuantiosas sumas de dinero, se preocuparon para que existiera una correcta fiscalización al respecto, lo cual era sumamente sencillo: toda empresa que requiere de la intervención para su proyecto inmobiliario de un revisor independiente, debería acreditar el pago cierto, con copia de la boleta de honorarios, en el momento de la liquidación de los derechos en la municipalidad. Con esta transparente condición se evitan los fraudes que perjudican a los municipios más pobres, habida cuenta la repartición del Fondo Común Municipal.
Este asunto se lo comentamos la semana pasada al arquitecto Pablo Contrucci, jefe de la División de Desarrollo Urbano del Minvu, para que él, como autoridad competente, adoptara la decisión que en rigor corresponde ya que no se debe tolerar este tipo de trampas.
Recordemos que el Fondo Común Municipal constituye la principal fuente de financiamiento para los municipios chilenos y la Constitución Política lo define como un “mecanismo de redistribución solidaria de los ingresos propios entre las municipalidades del país” y la propia Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, le confiere la función de “garantizar el cumplimiento de los fines de todas las municipalidades y su adecuado funcionamiento”.
Veremos si se produce la urgente reingeniería en el aparato de Estado para ponernos a la altura de los países de la OCDE.
Comentarios
31 de marzo
Durante la dictadura se dejaron de hacer muchas cosas, aunque no soy entendido en detalle es claro que se descuidó y desatendió el papel del Estado en diferentes materias: salud, educación, urbanismo, eso no se hizo en mi opinión para «despolitizar» las ciudades sino que mas bien, y recalco que en mi opinion, porque Pinocho usó cualquier cosa para esparcir y embetunar ideológicamente lo que se le pusiera por delante. El usó las ciudades para «ideologizar» la vida urbana, entregó a los economistas las decisiones que debian tomar los urbanistas, entregó la planificación del transporte público a las teorias economicas «en boga», si una micro compite con otra micro para recoger gente entonces pongámoslas a correr, como si fueran puestos de manzanas, a ver que micro es corre más y cobra menos, algo así entiendo que se hizo y no le dedico tiempo porque lo encuentro de una lógica muy primaria. La dictadura ideologizo y le dio color politico a todo lo que pudo, el urbanismo tenian que regularlo los economistas, si el mercado lo resuelve todo en una feria, entonces que los edificios crezcan como hongos, a ver cual llega mas alto, arrienda mas barato, etc, logica totalmente de manual de economia colegial, donde el calugón Pelayo compite con el Candy. Esa es la logica de la dictadura, no funciona tan mal cuando se trata de dulces y de productos que se comportan como los dulces, pero si para lo que pasa en una ciudad, que es un poco distinto. El estado en ninguna parte (en ningun pais) ha dejado de hacer lo que tiene que hacer, a través de las municipalidades por ejemplo, por tanto lo que la dictadura instauró no es una suerte de «despolitización» de las ciudades sino que usó las ciudades de una forma bien elemental para transmitir una logica simplificada y politizada, se echó al bolsillo la historia del urbanismo, la arquitectura, la sociologia imagino, la antropologia, etc, pasó por encima de la historia del urbanismo en occidente, incluso creo que pasó por encima del mismo occidente… hizo todas esas cosas, de manera totalmente risible para mi gusto, y creó o ayudó a crear el caos que tenemos hoy… y poco tiene que ver con una posición politica porque, cualquiera esta sea, nunca se ha desconocido la labor de un urbanista y se le ha reemplazado por un economista, por bueno que este sea y por mucho que sirva (en otras areas), pero es claro que una tradicion seria de Occidente, Oriente, o donde sea, valora los conocimientos y las profesiones. No simplifica las cosas de una manera tan básica… no le da el cuero.
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01 de abril
La dictadura instaló esta idea de que deben primar criterios «técnicos», lo que se le olvidó es que todos tenemos criterios «tecnicos», los urbanistas manejan criterios tecnicos, un zapatero tambien maneja conceptos tecnicos. Todo el mundo es tecnico y maneja los conceptos propios de su actividad, lo que se pretende instalar, y esta es una idea que la izquierda ha «comprado» y hasta ha difundido, es que la dictadura es «super tecnica» y que todos nosotros somos «super ideologizados», que queremos soluciones «desde la guata», mientras quienes estan en el poder son «seres superiores llenos de tecnica»… falso, el concepto de los edificios creciendo como hongos y compitiendo para ver quien llega mas alto y baja el precio de los arriendos es un concierto de feria, funciona para las almejas, pero no para los edificios, en un sentido economico esta bien, es una buen analisis, pero en un sentido urbanístico no lo es… no creo que solo los arquitectos o los urbanistas puedan pensar una ciudad, pero hay que instruirse, interesarse, y tratar de pensar la ciudad como ciudad… y no es tan dificil, es cosa de ampliar nuestra cultura general, estamos muy estrechos en nuestro ambito de intereses… nos hemos vuelto muy, muy incultos, con el debido respeto y pidiendo las excusas correspondientes. Gracias porla columna
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01 de abril
Y para terminar, y perdón por lo insistente, la dictadura ideologizó las artes, el humanismo, la arquitectura, probablemente mucho más de lo que estaban antes. El papel que nos queda a todos quienes nos dedicamos a una actividad de este tipo es de ser simples seres «ideologizados», funcionando «desde la guata», a pura pasión… por eso me rebelo fuertemente contra esta idea de que debemos «ideologizarnos», «politizarnos», porque desde mi punto de vista ya estamos super ideologizados… vivimos en un pais ideologizado, precisamente por la dictadura… aquí un buen ejemplo, «ciudades donde los urbanistas son reemplazados por econmistas». ¿Que mejor ejemplo que este? Hasta los médicos en algun momento fueron reemplazados por economistas. ¿Qué es eso sino ideologia? Vayan todos mis respetos para los economistas, sus conocimientos sirven (y mucho), pero no en todas las areas… en ciertas areas, y con respeto, la economia y hasta la politica cumplen un papel auxiliar… no son los dueños de la fiesta… son invitados. Saludos
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07 de junio
El problema es que cuesta sacar de la cabeza de la gente la idea de que el urbanismo es un tema relacionado «con la belleza y la decoración de las ciudades». Mientras eso persista la gente seguirá pensando que el urbanismo «vendrá después», cuando el pais «tenga plata y ya pueda invertir en esos lujos». Esa visión equivocada, ha hecho que Santiago se haya expandido en base a construir casas aisladas (despilfarrando el recurso «suelo»); y luego se haya poblado de torres de departamentos (despilfarrando cemento y acero). Todo esto ha encarecido el coste de la vivienda. Pero además, ha encarecido los transportes, la construcción de líneas de metro, de autopistas, de parques. Como la ciudad es mas extensa, requiere más hospitales, escuelas, plazas, museos, que corren por cuenta del Estado. Santiago se ha expandido y luego densificado de una forma que no es racional. Las torres en altura revientan pequeños puntos en el mapa. Colapsan calles, barrios. Pero no densifican, porque su construcción no puede ser masiva. Por lo mismo Santiago es una ciudad extensa; luego, densa; y luego, cara. Y por sobre todo, irregular. Tampoco hay diagonales. ¿Que nos enseñan cuando niños en la escuela? Que el camino mas corto entre dos puntos es una línea recta. Mientras no dejemos de tratar el tema con desprecio y un aire de superioridad, tendremos problemas para muchas decadas más.
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