A raíz de la publicación de esta columna que escribí hace algunas semanas, el alcalde Daniel Jadue dijo en Twitter que eran mentiras mis dichos ahí divulgados. Como yo nunca he inventado nada en mis comentarios que formulo públicamente, insto al anterior para que defendiendo su honor mancillado interponga en los tribunales una querella por injurias y calumnias en contra de mi persona. No temo, porque nada, absolutamente nada de lo expresado en ese artículo es falso. Por lo tanto, espero con suma tranquilidad encontrarme con el alcalde en los estrados judiciales.
Ahora bien y más que todo por transparencia y para que los lectores saquen sus propias conclusiones acerca de este luctuoso episodio, a continuación daré a conocer otros hechos que me motivaron para escribir lo que tanto ofuscó a tal novísima autoridad municipal.Como conclusión señalo que es extraña la existencia, desde hace meses, de un Decreto Alcaldicio de demolición sin cumplirse.
Voy al grano :
1.- El 23 de agosto de 2011, cuando Sol Letelier era alcaldesa UDI de Recoleta, la Corporación Ciudad Viva, a través de su presidenta Lake Sagaris, Magister en Planificación Urbana y Desarrollo Comunitario, en conjunto con la Junta de Vecinos Nº 35 Bellavista-Recoleta, vía su presidente Gerardo Lanzarotti, interponen en el 20º Juzgado Civil de Santiago una demanda -C 21478/2011- de nulidad de derecho público en razón al vicio incuestionable que tenía el permiso de edificación otorgado por la Dirección de Obras Municipales a una de las empresas relacionadas con la Universidad San Sebastián.
Recordemos que desde diciembre de 2009, como lo he dicho en tantas ocasiones, ya se conocía la habilísima fórmula empleada por el titular del proyecto para construir con mayores alturas a las permitidas, asunto representado por escrito en esa fecha por la Fundación Defendamos la Ciudad a la Contraloría General de la República.
2.- En mi calidad de conocedor de todo el proceso, con fecha 19 de abril de 2012, declaré como testigo en la Fiscalía Regional Centro Norte del Ministerio Público, después de haberme entrevistado en unas tres ocasiones con el Director de Obras Municipales que fue destituido de su cargo por la responsabilidad que tuvo en este caso y en otros detectados por la fiscal Macarena Cañas. Este funcionario municipal sostenía que mis impugnaciones a su proceder tenían un carácter político, dando a entender que se trataba de un artero ataque a la UDI.
3.- El 6 de diciembre de 2012 Jadue asume su cargo de alcalde en la Municipalidad de Recoleta y más adelante conoce este caso por medio de diferentes actores, entre ellos, yo.
4.- El 23 de junio de 2013, la fundación que presido denuncia en la Superintendencia de Medio Ambiente (SMA) que el proyecto en discusión no contaba con una Resolución de Calificación Ambiental (RCA) favorable, motivo por el cual, ya que se había vulnerado la Ley de Bases Generales del Medio Ambiente, se debía iniciar un proceso sancionatorio en contra del infractor. Como consecuencia de lo anterior la SMA clausura el estacionamiento de vehículos de la Universidad San Sebastián y en seguida el organismo fiscalizador, atendiendo la solicitud del trasgresor, aprobó un programa de cumplimiento de la ley y así suspendió la sanción.
5.- Durante los primeros meses del año en curso, el Estudio Jurídico del abogado Ciro Colombara, por cuenta del municipio, convoca a los representantes de las organizaciones ciudadanas que habían presentado la acción judicial de nulidad de derecho público. Para tal propósito se presentaron la arquitecta María Elena Ducci, a la sazón presidenta de Ciudad Viva, acompañada por la arquitecta Magdalena Morel, secretaria ejecutiva de esa corporación y Gerardo Lanzarotti, en representación de la Junta de Vecinos Nº 35 de Recoleta.
El interlocutor de éstos era Felipe Holmes, joven y muy competente abogado quien, entregando ciertas razones jurídicas no atendibles, les solicitó que renunciaran a la acción judicial en trámite. Como se comprenderá, los dirigentes sociales no aceptaron la propuesta.
6.- Hace un par de semanas, el alcalde Jadue invita a su despacho a quienes ya se estaban transformando en un problema para él. Asistieron a la reunión la arquitecta María Elena Ducci, el arquitecto Tomás Carvajal y el ex jefe de gabinete de la alcaldesa Josefa Errázuriz, Juan Eduardo Donoso, quienes educadamente escucharon los planteamientos del dueño de casa, en la misma línea de la reunión anterior, respondiéndole que no abandonarían la causa, entre otros motivos, porque sabían que la iban a ganar.
Como conclusión señalo que es extraña la existencia, desde hace meses, de un Decreto Alcaldicio de demolición sin cumplirse y en el ámbito de las conjeturas se me ocurren las siguientes :
1.- Que Jadue está negociando reservadamente, ante un eventual recurso de protección del privado en contra de ese decreto, con la empresa titular del edificio que sufriría el derrumbe de los pisos ilegales. Es posible que el alcalde proponga no demoler nada, cursar la recepción final del edificio de 19 pisos, contemplándose como contraprestación la entrega al municipio del terreno de la inmobiliaria en donde se iba a edificar la otra torre : en este espacio se podría materializar, con fondos del privado, una importante área verde municipal de recreación vecinal.
2.- Que exista una decisión cupular entre la UDI y el PC, tomándose en cuenta como antecedente el acuerdo vigente entre ambos partidos políticos respecto de no “molestarse mutuamente” con investigaciones parlamentarias respecto de las facturas brujas de Penta y por lo sucedido en la Universidad Arcis con los fondos que llegaron de Venezuela. Recordemos que la Universidad San Sebastián fue fundada por algunos dirigentes políticos de la UDI.
Cualquiera de estas alternativas es posible y si preguntan por cual me inclino, respondo sin pensarlo dos veces, que por la primera, aunque sea posible que la salida óptima fuera otra desconocida hasta ahora. Hago hincapié que descarto a priori cualquier negociación indecorosa de carácter monetario entre las partes.
Termino y estaré atento al desenlace, a sabiendas de que en Chile él único alcalde que ha tenido la intención de demoler una edificación ilegal ha sido Jadue y lamento que él no tenga la disposición para relacionarse con las organizaciones ciudadanas que detectaron hace muchos años que el permiso de edificación era ilegal.
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