La vida de las personas que habitan en campamentos en el país se ve atravesada por diversos factores que inciden en el desarrollo integral de sus vidas y atentan directamente con su calidad de vida, uno de estos factores es la intervención de programas estatales como el de erradicación de campamentos del MINVU.
Este programa tiene como objetivo entregar soluciones habitacionales de carácter formal, esbozando la importancia del derecho a la vivienda, a un barrio digno y a la conectividad con la ciudad. Sin embargo, el programa más allá de entregar soluciones que generen una prosperidad urbana y una inclusión y acceso a la ciudad por parte de pobladores históricamente segregados y estigmatizados, ha apuntado a eliminar un paisaje urbano poco amigable con las políticas de ciudad a cualquier costo.Los campamentos son una opción institucionalizada de carácter no formal que se configura como una opción y/o solución a uno de los hitos de mayor desigualdad que se producen en las ciudades desde antes de los años 50 en el país: el acceso a la vivienda propia.
Bajo esta situación las familias se ven enfrentadas a un aparataje estatal que busca relocalizar y erradicar dichas conformaciones de viviendas y de barrios, siendo catastrados a través de mecanismos que permiten un ordenamiento de dos formas: a) sociales: subsidios de inclusión social; b) metodológicos: polígonos de intervención del programa. Sólo de esta manera, las familias pueden hacer uso del suelo y adquisición de vivienda de manera formal.
Existen diversos casos que permiten ejemplificar la división social en los territorios a partir de la intervención del Programa Campamentos a través de metodologías acotadas y subsidios que presuponen la inclusión al momento de adquirir una vivienda formal. Un caso que es posible mencionar es el del ex Campamento Ochagavía de San Bernardo. Territorio que experimenta una pugna en su uso por sus históricos habitantes y familias que pertenecen a un movimiento institucionalizado en El Comité de Allegados Los Sin Tierra. Familias que luego de la intervención del Estado al erradicar al Campamento deben negociar su uso y convivir en el territorio.
De acuerdo a estos hechos es que se hace necesario discutir la política de inclusión social y urbana del Estado, esencialmente las consecuencias que experimentan las familias que se ven erradicadas de un territorio y son empujadas a negociar el uso de éste con nuevas familias que buscan darle un nuevo uso al espacio.
Los campamentos son una opción institucionalizada de carácter no formal que se configura como una opción y/o solución a uno de los hitos de mayor desigualdad que se producen en las ciudades desde antes de los años 50 en el país: el acceso a la vivienda propia. Opción que se contrapone con el rol de gobernanza territorial del Estado debido a la autogestión por parte de los pobladores en la forma de habitar.
De esta manera, los campamentos son una alternativa habitacional que prolifera a partir de la invisivilización que realiza el Estado a distintas necesidades y/o formas de habitar de poblaciones pobres y/o vulnerables del país. Así, el campamentos se posiciona como una alternativa contra la institucionalidad establecida, y se configura con sus propias lógicas de habitabilidad y sentidos de comunidad, contrario a los lineamientos planteados por el Estado.
El campamento Ochagavía se encontraba desde hace más de 30 años emplazado en un territorio conocido como La Perla en San Bernardo. El lugar fue denominado con ese nombre tanto por sus habitantes como por las autoridades locales y centrales debido a las características urbanas, es decir, su conectividad con el resto de la ciudad, extensión, cercanía a servicios, a barrios industriales y comerciales.
Los habitantes del Campamento Ochagavía se ven enfrentados a una problemática que se traduciría en la erradicación de las 250 familias que habitaban en lugar durante el año 2010 producto del traspaso del territorio a 625 familias albergadas en el Comité de Allegados Los Sin Tierra de El Bosque (que data del año 2007), hecho que concretizó el sueño de la vivienda propia de los miembros del Comité pero que expulsó a distintas partes de la ciudad a la mayoría de los miembros del campamento a través de un subsidio de arriendo.
De esta manera, los residentes del campamento deben negociar con los líderes del Comité y con las personas que encabezaban políticamente el proceso, a saber Margarita Urra del Partido Comunista y el Padre Rodrigo Tupper de la Iglesia Católica. Situación que se tradujo en un enfrentamiento simbólico entre dos grupos de pobladores desplazados por el sistema estatal que poseían poderes desiguales. Así, el Campamento Ochagavía comenzaba en el 2010 a ser desarticulado y desplazado, permitiendo que sólo 75 familias pudiesen seguir habitando el territorio luego de la construcción del conjunto habitacional para el Comité de Allegados.
Las 75 familias que son incluidas en el proceso de construcción de un nuevo barrio experimentan nuevas formas de exclusión social al momento de elegir donde habitar dentro del territorio. De acuerdo a las entrevistas realizadas, las familias provenientes del Comité tenían una estructura determinada para elegir vivienda, la que se traducía en antigüedad de pertenencia y asistencia en las reuniones y movilizaciones, hecho que en orden jerárquico dejó en la base de la pirámide a los históricos habitantes del territorio.
La mayoría de los ex habitantes del Campamento Ochagavía son localizados al final del conjunto habitacional en viviendas en altura (edificios), a metros de la línea férrea, concentrándolos en algunas torres de departamentos y no permitiendo una distribución orgánica por el territorio.
Bajo este contexto los ex habitantes del campamento que en la actualidad moran en el complejo habitacional construido por Serviu, experimentan relaciones coartadas por las diferentes formas de habitar en el territorio, y con ello distintas maneras de relacionarse, generar redes y un orden en espacial. Así, dentro del nuevo barrio se instauran prácticas que promueven la desigualdad socioterritorial a partir de una distribución espacial segregatoria y discriminatoria, y por relaciones jerárquicas y una diversidad de organizaciones que se relacionan de manera conflictiva al intentar controlar el territorio a partir de lógicas particulares.
La mayoría de los ex habitantes del Campamento Ochagavía son localizados al final del conjunto habitacional en viviendas en altura (edificios), a metros de la línea férrea, concentrándolos en algunas torres de departamentos y no permitiendo una distribución orgánica por el territorio.
Entonces cabe preguntarse, ¿El Programa Campamentos genera nuevas oportunidades a los pobladores?, ¿el Programa de Integración Social y Territorial cumple su cometido?, ¿los espacios creados -barrios y espacio público- son prósperos?
De acuerdo al caso señalado, ninguno de los dos programas del Estado cumple el fortalecimiento de las ciudades que promuevan la prosperidad y la equidad, sino más bien genera prácticas violentas de distribución espacial e invisibiliza aún más a las personas que históricamente han sido invisibilizados.
Finalmente, cabe señalar que la integración y/o la inclusión de los diferentes grupos que conforman la ciudad no pasa por el nivel de inversión o por programas que plantean ejes de trabajo paliativos a la fragmentación de la ciudad, sino que por transformar la conciencia de los habitantes y de los trabajadores del Estado, para construir ciudades más equitativas, donde prime el encuentro de la diversidad.
Comentarios
11 de julio
Este tema es un desastre en Chile y en toda latinoamericano, un desastre porque se trata de una cultura, una forma de ser y de actuar, del estados y de los propios afectados. En primer lugar encontramos a ciertas familias, ciertos grupos, no todas las familias chilenas, ciertos grupos que buscan a través de la violencia y tomándose terrenos particulares – un resabio de los sesenta y setenta- acomodar su habitar en forma inhumana hasta que llega el estado (todos nosotros) a «salvarlas» y darle casa. El estado actúa dando el sueño de la «casa propia», una construcción precaria en una ambiente urbano lleno de carencias y en un mundo de homogeneidad social y además en la periferia , con lo cual el conflicto se agudiza, en paralelo, actúa cuanto grupo político se quiere aprovechar de la situación, acoplándose de paso los agitadores sociales de siempre. Finalmente tenemos todos los problemas sociales que podemos imaginar aumentados y agudizándose. He leído artículos de la fundación Sur, si se hiciera en «algo» caso a esos estudios, esto mejoraría mucho.
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