Mall ilegal en Viña del Mar, ¿habrá impunidad?

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Estos diputados, que dicen ser fiscalizadores, tienen en su poder todos los elementos de juicio para proceder en consecuencia, ello porque quien firma esta columna se los envió oportunamente a cada uno de ellos.

El 7 de junio pasado publiqué la columna “Siguen las trampas urbanísticas en la V Región de Valparaíso”, en donde daba cuenta de un sinfín de “extrañas” prácticas por parte de la Administración del Estado con el propósito de no “molestar” con exigencias legales y reglamentarias al titular de un megaproyecto inmobiliario -mall-  ejecutándose en una manzana completa de cierta zona residencial de la ciudad jardín.

Con la idea de que los funcionarios públicos atinaran, porque aparentemente no se habían percatado de las ilegalidades comentadas, nos dirigimos por escrito a Julio Ventura, Director de Obras Municipales (DOM) de Viña del Mar, a Mauricio Candia, nuevo Seremi de Vivienda y Urbanismo de la V Región y a Pablo Contrucci, Jefe de la División de Desarrollo Urbano (DDU) del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu). Solamente éste último, quien tiene la más alta jerarquía entre los 3, acusó recibo de la comunicación. Los otros 2, a sabiendas que el caso es gravísimo, optaron por mirar para el lado.

En razón de que se vulneraron las disposiciones del artículo 1.4.17 de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones (OGUC) que se refiere a la caducidad automática de los permisos de edificación transcurrido el tiempo señalado en nuestra columna anterior y como no existe un Estudio de Impacto Sobre el Sistema de Transporte Urbano (EISTU), conforme al actual mandato del artículo 2.4.3. de la OGUC porque en la fecha del otorgamiento (29/06/2000) del permiso, hace 14 años atrás, no existía este tipo de análisis, sino uno más simplista que no produce los resultados hoy día esperados, era indispensable regularizar el proceso administrativo.

Lo anterior, entre otros motivos, porque desde el año 2002 está vigente un Plan Regulador Comunal (PRC) más restrictivo y por ello la oportunista empresa del retail  está haciendo valer sin vergüenza el permiso antiguo, acto administrativo que considera un poco más de 500 estacionamientos.

A los 3 anteriores funcionarios públicos, investidos como autoridades en el ámbito de Vivienda y Urbanismo, les expresamos que el permiso de edificación obligatoriamente tenía que ser declarado caduco por el DOM respectivo, sin atender las “razones” que sostuvo el anterior Seremi sectorial de la V Región para que ese permiso continuara vigente. También les expresamos que el titular del mall debía solicitar un nuevo permiso de edificación enmarcándose en las actuales normas de edificación del PRC para el sector y que el mismo, si su nuevo proyecto considera más de 150 estacionamientos, debía pedirle a un consultor privado que elaborara un EISTU teniéndose en cuenta las angostas vialidades que rodean el terreno.

Y ya que estamos hablando de estas cosas, le recordamos a los egregios miembros de la Comisión de Vivienda y Desarrollo Urbano de la Honorable Cámara de Diputados que dejen su timidez a un lado y resuelvan investigar las motivaciones que tuvo Rodrigo Pérez, ex ministro de Vivienda y Urbanismo en el gobierno de Sebastián Piñera, quien temerariamente, pensando que nadie se iba a percatar del ardid, publicó en el Diario Oficial del 12 de Diciembre de 2013 el Decreto Supremo Nº 1 sobre “asuntos misceláneos” pero que resultó ser un vulgar traje a la medida de ciertos proyectos inmobiliarios, como el mall de Viña del Mar que hemos comentado, y otros tantos que no se podían ejecutar porque no enfrentaban las vías idóneas. Estos diputados, que dicen ser fiscalizadores, tienen en su poder todos los elementos de juicio para proceder en consecuencia, ello porque quien firma esta columna se los envió oportunamente a cada uno de ellos.

Felizmente Paulina Saball, actual ministra del ramo, se percató del contenido de ese decreto trucho y, como era su deber, procedió a anularlo restituyéndose así la probidad pública y el apego al derecho.

Es posible que el mall de Viña del Mar quede cubierto por la recurrente impunidad existente en este orden de materias y ello dependerá de las medidas que adopten las nuevas autoridades del gobierno central, pero como somos optimistasy desentendiéndonos por ahora de este affaire, estamos seguros que vendrán tiempos mejores para los ciudadanos que habitan nuestras ciudades y ello dependerá de la necesaria reingeniería al interior del aparato público y de la labor de vigilancia y fiscalización por parte de la prensa que cultiva la libertad de expresión y de las organizaciones de la sociedad civil que ejercen control.