Se trata de una mega inversión inmobiliaria, conocida como “Territoria Apoquindo”, construyéndose actualmente en un amplio predio conformado por la avenida Apoquindo, El Bosque Norte, Roger de Flor y Encomenderos, sector conocido como El Golf de la comuna de Las Condes.
A raíz de información suministrada a la fundación Defendamos la Ciudad por parte de terceros interesados, dicha organización ciudadana se vio en la necesidad de solicitar en junio de 2018 un pronunciamiento a la Contraloría General de la República, ya que, al revisarse los actos administrativos cursados por la Dirección de Obras Municipales (DOM) de Las Condes, se detectaron algunas situaciones que pugnaban con la legislación sectorial vigente.
El proyecto en comento se sigue ejecutando, aunque sin un permiso válido, motivo por el cual la empresa tendrá que regularizar los vicios detectados, pues de lo contrario, no podrá acogerse al régimen de Copropiedad Inmobiliaria
Ahora damos cuenta del Dictamen Nº 32.885 del 23 de diciembre de 2019, suscrito por el Contralor General de la República, Jorge Bermúdez, el que tiene el carácter de vinculante para la administración municipal y para el ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu). Este concluyente oficio del órgano fiscalizador se entregó a ambas instituciones públicas, al abogado del privado que en la Contraloría hizo valer sus presuntos derechos y a quien firma este opúsculo.
En dicho pronunciamiento del Ente Superior de Fiscalización, se objetó la emisión del Permiso de Edificación Nº 108, de fecha 1º de septiembre de 2015, calificado como Conjunto Armónico, figura que permite obtener ciertos beneficios en la constructibilidad, otorgado por la autoridad municipal a la empresa Territoria Apoquindo S.A. para construir en distintos predios fusionados 3 edificios de comercio y oficinas, de 17, 18 y 19 pisos “más pisos mecánicos” (sic) y 8 subterráneos para estacionamientos, respetándose, lo que es mucho decir, una afectación de utilidad pública por la calle Encomenderos.
Quien levanta las estructuras es la conocida constructora Echeverría Izquierdo, cuyo dueño es Fernando Echeverría, quien en el primer gobierno de Piñera ejerció el cargo de Intendente metropolitano de Santiago como también ministro de Energía por 2 días, y su hermano Bernardo, también socio, es quien encabeza la comisión de “certeza inmobiliaria”, de la Cámara Chilena de la Construcción (CCHC).
En el referido pronunciamiento del Ente Superior de Fiscalización, no objetó la emisión del Anteproyecto de Edificación Nº 23 de fecha 10 de mayo de 2018, cursado por la DOM de Las Condes a la misma empresa Territoria Apoquindo S.A. para construir, en dicha manzana, un edificio de 13 pisos y 8 subterráneos, que forma parte del mall, respetándose asimismo la afectación de utilidad pública por la avenida Apoquindo. En todo caso este anteproyecto, por el tiempo transcurrido, ya está vencido.
La Contraloría, dándoles a conocer la presentación de la fundación Defendamos la Ciudad, solicitó sus opiniones sobre este caso a la municipalidad de Las Condes, a la Subsecretaría de Vivienda y Urbanismo y al Seremi de Vivienda y Urbanismo. En conocimiento de la tramitación de la denuncia, la empresa Territoria Apoquindo S.A. se hace parte, efectuando sus descargos y solicitando el rechazo de la reclamación.
Dentro de las objeciones planteadas, la Contraloría dijo que “la suma de excepciones a la continuidad del plano de fachada es de aproximadamente 123,92 metros, superando el tercio del frente del predio, de 318,15 metros, sin que conste de los antecedentes aportados que la DOM hubiese admitido fundadamente dicha excepción a la continuidad de acuerdo a lo prescrito en el nombrado inciso cuarto del artículo 2.6.1”, agregando que, en lo concerniente al “área libre” y al “coeficiente de área libre” exigidos en el mencionado permiso de edificación, son contrarios a derecho, pues éstas resultan ajenas al ámbito de los instrumentos de planificación territorial, razón por la cual se instruye, además, que la DOM de Las Condes se abstenga de seguir aplicándolo a futuro.
También la Contraloría objetó las discrepancias en las alturas de los edificios fijadas, por un lado, en el permiso y, por otro lado, en los planos correspondientes, impugnando que se hayan contemplado 2 pisos mecánicos y un altillo mecánico, debido a que la regulación pertinente señala que lo admitido es solo un piso mecánico.
No obstante, todos los vicios detectados, dicho permiso viciado probablemente quedará impune, dado que han transcurrido más de 2 años de la fecha de éste, que es del año 2015, materia tratada en el artículo 53º de la Ley Nº 19.880 del Procedimiento Administrativo. Por ello la Contraloría manifestó que no se podía disponer la invalidación del permiso.
Así las cosas, el proyecto en comento se sigue ejecutando, aunque sin un permiso válido, motivo por el cual la empresa tendrá que regularizar los vicios detectados, pues de lo contrario, no podrá acogerse al régimen de Copropiedad Inmobiliaria, toda vez que, según el artículo 10 de la Ley 19.537, se exige total cumplimiento de la legislación urbanística como requisito previo para poder hacerlo.
A estas alturas, cabe preguntarse, ¿qué opinarán los dueños del Fondo de Inversión de los Emiratos Árabes Unidos de sus socios chilenos?
Como mínimo, imagino, que los inversionistas árabes con sus petrodólares, exigirán mayor rigor y cabal cumplimiento del marco regulatorio que afecta la actividad de la construcción, y probablemente un cambio en el equipo interno de Territoria, pues, un inversionista extranjero por razones obvias, siempre le interesa cumplir con las leyes locales.
Sabemos que la empresa titular del mall cuenta con otro anteproyecto del año en curso, el que podría servir de base para la futura obtención de un nuevo permiso de edificación, el que debiera ser 100% apegado a derecho para que así se legitime la construcción de este mall que le hará una dura competencia al famoso Costanera Center, localizado a unas pocas cuadras de distancia, dejándose en claro que el mall de los árabes, que abrirá sus puertas al público en el primer semestre del 2021, será bastante más refinado que el de Paulmann.
En resumen, cabe manifestar que resulta preocupante que la DOM de Las Condes se preste para tantas irregularidades. Ya es hora que el Alcalde Lavín tome cartas en el asunto, pues dicha autoridad es a quien le corresponde fiscalizar y supervigilar el funcionamiento de sus unidades subalternas, conforme lo establece los artículos 51 y 52 de la Ley 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades.
Por último, esperamos que Patricio Donoso, activo y mediático presidente de la CCHC, tan locuaz para criticar sin fundamentos legales a la Contraloría, emita ahora una declaración pública sobre este nuevo episodio de «errores administrativos» cometidos en su sector económico.
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