Los ires y venires del mall Marina Arauco 2

En una columna anterior di cuenta del caso del voluminoso mall Marina Arauco 2, comenzado a construirse a fines del 2013, cuyos propietarios Ripley, Parque Arauco y Cencosud, con la complicidad de aquellos que se resistían a fiscalizar, se acogían a las normas de edificación sustantivamente más permisivas de hace 14 años en el Plan Regulador Comunal (PRC) de Viña del Mar.

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Si las instituciones administrativas cumplen con sus atribuciones, el invasivo mall Marina Arauco 2, se degradaría y se transformaría en un amigable stripcenter.

En razón a que las autoridades municipales y las del gobierno central, Seremi de Vivienda y Urbanismo de la V Región, majaderamente no ejercían sus atribuciones para que se declarara la caducidad de ese antiguo permiso, tal como lo ordenaba el artículo 5.1.20 de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones (OGUC), en la fecha de la emisión del permiso y en el actual artículo 1.4.17 de la misma OGUC, fue necesario que los vecinos interpusieran una denuncia en la sede regional de la Contraloría General de la República (CGR), instancia que trasladó todos los antecedentes a la sede central para que así el contralor Ramiro Mendoza ejerciera sus potestades que le entrega la Ley Nº 10.336 Orgánica Constitucional de la misma.

En el ínterin, exactamente el 20 de octubre de 2014, la fundación Defendamos la Ciudad, presentó un reclamo ante el díscolo Seremi describiendo el desarrollo de los hechos, ello con el propósito de que el destinatario hiciera valer el marco regulatorio. A esta fecha y a pesar de que los funcionarios públicos tienen la obligación de pronunciarse cuando son requeridos, no se conoce su respuesta.

El 11 de diciembre de 2014, la Contraloría General se pronunció con apego estricto a la ley, dejando de manifiesto que las habilidosas interpretaciones formuladas por los agentes públicos porteños para que no caducara ese antiguo permiso eran inútiles. En el dictamen Nº 95979 de la fecha indicada se dejó mal parado al anterior Seremi, hoy flamante alta autoridad en la Municipalidad de Viña del Mar. En todo caso destaco el hecho de que para resolver el ente fiscalizador escuchó tanto a los vecinos, al privado dueño del invasivo proyecto, como a los agentes públicos sectoriales.

La sede central de la Contraloría determinó que su delegada porteña deberá iniciar la instrucción de un procedimiento disciplinario para investigar las situaciones observadas en lo concerniente a la caducidad del añoso permiso, ello con el objeto de determinar las responsabilidades de aquellos funcionarios involucrados. Tan pronto se conoció la resolución del ente fiscalizador, Paulina Saball, ministra de Vivienda y Urbanismo, las emprendió en contra del ex Seremi y la Municipalidad de Viña del Mar señaló que el culpable en esta comprobada ilegalidad era el actual Seremi de Vivienda de esa región.

Hay que tener en claro que los dictámenes de la Contraloría revisten fuerza obligatoria para los órganos de la Administración, de modo que su eventual falta de aplicación, es decir desobediencia, por parte del Seremi actual y/o del Director de Obras Municipales en ejercicio, significaría una grave transgresión del artículo 9º de la Ley Nº 10.336 ya mencionada. Estoy seguro de que lo anterior no sucederá, pero por pudor profesional, todos los funcionarios que han intervenido en esta comedia de equivocaciones debieran renunciar indeclinablemente a sus cargos.

En resumen, como el permiso de edificación del año 2000 caducó por imperio de la ley, la inmobiliaria está en su  derecho de recurrir en contra del categórico dictamen de la Contraloría en los tribunales de justicia y ahí se verán las caras los abogados del Consejo de Defensa del Estado (CDE), que representan al Contralor, y los abogados santiaguinos de los grupos económicos que quisieron  pasarse de listos. No tengo ninguna duda de que el derecho a pataleo de la inmobiliaria será en vano pues la instancia judicial confirmará el concluyente dictamen de la Contraloría.

Pero sorprendentemente, teniéndose en cuenta que en el papel se puede escribir cualquier cosa, por insustancial que sea el mensaje, en la página B 4 de la edición de El Mercurio del sábado 20 de diciembre de 2014 se publicó una nota periodística titulada “Retailers responden por desarrollo de mall en Viña” que dice lo siguiente “Parque Arauco, Cencosud y Ripley respondieron ayer las dudas de la SVS sobre el proyecto que los tres -a través de la Inmobiliaria Mall Viña del Mar- levantan en la V Región y donde un grupo de denunciantes pidió su demolición. Las empresas negaron que la Contraloría haya dicho que el permiso de construcción estaba vencido, sino que ordenó una investigación. Añadieron, además, que las obras están en ejecución y tienen un 40% de avance en relación con el proyecto total” (sic).

Por el contenido de esa falaz noticia, lo prudente hubiera sido que el editor del diario, velando por el prestigio del mismo, les haya dicho a las empresa de lobby que para el propósito buscado lo óptimo sería la publicación de una inserción, pero no fue así.

Ya que las inversiones de este tipo de empresas se llevan a cabo, en ciertos porcentajes, con dineros de terceros y como el rol de la SVS es fundamental, el pasado martes 23 de diciembre se le entregó copia del dictamen de la Contraloría y copia de la “noticia” del aludido diario al propio superintendente, pues si se llegara a cumplir la ley se deberán demoler todas las edificaciones que superan las normas urbanísticas actualmente vigentes en el PRC de Viña del Mar, y ello generaría un perjuicio patrimonial, entre otros, a los cotizante de AFP, Fondos Mutuos y accionista minoritarios de las 3 sociedades anónimas fiscalizadas por ese servicio público.

De acuerdo a cálculos preliminares, ese tremendo mall, si se llegara a levantar, generaría un alto impacto en el barrio residencial en donde se inició su construcción. Por el contrario, si las instituciones administrativas cumplen con sus atribuciones ese proyecto, por el imperio de la ley, se degradaría y se transformaría en un amigable stripcenter.