Discutida demolición de la Galería Imperio

En el centro de la ciudad de Santiago existen innumerables galerías comerciales que, en la práctica, son pulcros pasajes peatonales bajo techo, algunas de las cuales son Monumentos Nacionales regidos por la Ley Nº 17.288 y otras tantas están declaradas, ya sea como individualidades o como Zonas, con la figura de Conservación Histórica en la Ordenanza del Plan Regulador Comunal (PRC) de Santiago.

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Este deplorable episodio será llevado por la Fundación Defendamos la Ciudad a la Contraloría General de la República para que investigue cuales fueron las razones de la “conveniente” pirueta del mencionado funcionario público. Lo más seguro es que se iniciará un sumario que se conocerá en un año más.

Como esta galería estaba emplazada en la Zona A de Conservación Histórica A1- Micro Centro del PRC de Santiago, era obligatorio que un arquitecto firmara un informe en el cual debía fundamentar las razones de seguridad o de fuerza mayor que harían recomendable la demolición de la galería y en base al contenido de ese documento el Director de Obras Municipales estaba en condiciones de resolver si era procedente o no la demolición.

Sin contar con el mencionado informe técnico, un arquitecto de esos que se prestan para cualquier trámite por impúdico que sea, curiosamente el mismo que intervino para que se vulnerara la reglamentación urbana para dar paso al inundado Mall Plaza Copiapó de Falabella, le pide en agosto de 2011 al arquitecto Jefe del Departamento de Desarrollo Urbano e Infraestructura de la Secretaría Regional Ministerial (Seremi) de Vivienda y Urbanismo, su autorización para demoler el inmueble protegido y su colega que ejercía dicho cargo público le responde que la iniciativa comercial propuesta era improcedente. Entre otras cosas, la autoridad administrativa sectorial le contestó al privado pedigüeño que la intervención propuesta no armoniza con las edificaciones del entorno y sus características arquitectónicas, “afectando desfavorablemente el carácter y valores patrimoniales del referido Sector de Conservación Histórica”. Contundente explicación.  

Luego, el aludido funcionario público del Minvu cumplió a cabalidad la atribución que le entrega al Seremi, su jefe, el artículo 60º de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, pero recordemos que en la fecha de la compra de la galería Imperio por parte de Saieh, quien gobernaba el país era Sebastián Piñera, de tal forma que el rechazo oficial de la demolición para concebir un espectacular negocio inmobiliario privado perfectamente podía ser revertido. Los actores que se desenvuelven en el mercado habitualmente dicen que es cuestión de tiempo cambiar esas “molestas y burocráticas negativas”. Comentan que sus avispados abogados saben “interpretar” las leyes para establecer finalmente razonamientos conducentes al crecimiento económico que, para ellos y para los que rigen los destinos del país, es lo único que importa.

Y así fue como operó perfectamente la retroexcavadora del anterior gobierno y el 6 de marzo de 2013, en plena campaña de la pasada elección presidencial, el mismo funcionario que exigía el cumplimiento de la ley respecto de los inmuebles de Conservación Histórica, borró con el codo lo que escribió anteriormente con sus deditos en el computador.

Es evidente que este funcionario de carrera recibió precisas instrucciones de sus habilidosos jefes para que se aprobara el desplome de la galería y en su informe decía que el nuevo volumen tendrá 12 pisos y que ahora “la intervención propuesta no afecta el carácter y valores patrimoniales de la referida Zona de Conservación Histórica” (sic) : entendemos que con esta conveniente obediencia conservó la pega.

Pero como ningún profesional se pudo haber atrevido a firmar un certificado, como lo ordena el artículo 5.1.4 de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones (OGUC), mediante el cual solo se recomienda la demolición de este tipo de inmuebles patrimoniales por debilidad estructural de la edificación, este deplorable episodio será llevado por la Fundación Defendamos la Ciudad a la Contraloría General de la República para que investigue cuales fueron las razones de la “conveniente” pirueta del mencionado funcionario público. Lo más seguro es que se iniciará un sumario que se conocerá en un año más.

Dado que en esta trucha operación comercial su titular obtendrá una pingüe ganancia, sin que el fláccido Estado chileno reciba ni una migaja y como las obras de construcción todavía no se ejecutan, a pesar de que la demolición ya se produjo, revisaremos la materia con algunos abogados para ir al Ministerio Público pues en este vergonzoso episodio “las instituciones administrativas funcionaron al compás del privado interesado”. En cambio, los fiscales sí investigarán cuales fueron los sórdidos motivos que tuvieron los intervinientes para que el astuto Saieh obtuviera un indebido y espectacular lucro.

En términos de ganancias, este negocio por lejos genera mayores utilidades que el desarrollado por el matrimonio Dávalos-Compagnon de Caval.