Democracia y espacio público

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La democratización de la toma de decisiones requiere de espacios para llevarla a cabo. En todas las comunas del país debe existir un lugar (parque, centro cultural, etcétera) con instalaciones adecuadas para que sus ciudadanos puedan organizarse, desarrollar asambleas, informarse, para que los representantes puedan realizar cuentas públicas.

El espacio público debe ser funcional al tipo de sociedad en la que vivimos. No es casualidad que el auge de la sociedad del “no estoy ni ahí”, en los noventa, haya estado marcado por la proliferación de los malls, lugar donde el individuo se relaciona con otros a través del consumo. El escenario ideal para la democracia puramente liberal: cada uno satisface sus necesidades económicas y los problemas políticos se resuelven, si es que hay interés, cada cuatro años a través del voto.

Pero Chile cambió y ese modelo se encuentra en crisis. A partir del 2006 emerge un nuevo modelo de democracia, donde los ciudadanos ya no pueden entenderse sólo como individuos conectados por el interés económico. La “asamblea” como fuente de deliberación colectiva se transforma en el escenario propicio para que el movimiento estudiantil de los secundarios se expanda por todo el país y ponga en serios aprietos al primer gobierno de Bachelet.

Luego de cinco años de desarrollo menos mediático, pero no por ello más débil, de este modelo de organización, el 2011 sorprende al país y su clase dirigente con el movimiento social más grande desde el retorno a la democracia, que cambia los ejes del debate público y vuelve a dibujar nuestro mapa político. Nuevamente no es casual que sus escenas se hayan desarrollado en dos espacios fundamentales: las universidades (muchas de ellas en toma o paro) y la calle. Dos lugares donde las formas de participación, característica del movimiento, la asamblea y la marcha, encuentran su escenografía vital.

Con la misma fuerza y en paralelo, la sociedad civil se organiza para influir. Ya no son los partidos políticos los que marcan la agenda, sino que las diferentes organizaciones de ciudadanos que se agrupan para determinar la agenda pública. Así, el AVP y la Ley Antidiscriminación son impulsados en el debate público por las organizaciones vinculadas a la diversidad sexual, la defensa del medioambiente por las propias comunidades afectadas o bien –como sucedió con HidroAysén- por movimientos de carácter nacional, las demandas regionales por sus propios ciudadanos y así con los más diversos temas.

Vivimos tiempos de mayor horizontalidad y autonomía. No podía ser de otra manera dado los avances en las formas de comunicación y el natural desarrollo evolutivo del ser humano. Los gobernantes, los partidos políticos y en general todas las formas tradicionales de control del poder, deberán adaptarse a sus nuevos roles coadyuvantes de la sociedad civil, o bien resignarse a desaparecer. Una de las tareas que deben emprender es la reformulación del espacio público.

La democratización de la toma de decisiones requiere de espacios para llevarla a cabo. En todas las comunas del país debe existir un lugar (parque, centro cultural, etcétera) con instalaciones adecuadas para que sus ciudadanos puedan organizarse, desarrollar asambleas, informarse, para que los representantes puedan realizar cuentas públicas. Así también, el surgimiento de nuevas organizaciones sociales va a requerir un apoyo del Estado para su funcionamiento a través de espacios físicos adecuados, la democratización del transporte requerirá de nuevas y mejor implementadas ciclo vías, como la recientemente inaugurada por la Municipalidad de Santiago en calle Rosas, y podríamos seguir con un largo etcétera.

Se trata de que la ciudad se adapte a los nuevos tiempos. De abandonar gradualmente la escenografía del consumo desenfrenado por la del espacio público, la reflexión y la instrucción. La olvidada Matucana, con sus veredas libres de excesivo comercio y –por el contrario- abultadas de centros culturales, museos, bibliotecas, metro y parque, puede ser un buen ejemplo a imitar.