La opinión pública sabe lo que sucede con los guetos verticales construidos con permisos de edificación ilegales a partir del año 2013 en la comuna de Estación Central, ello en el período en que el alcalde era Rodrigo Delgado y, por tal motivo, seis ciudadanos informados, uno de los cuales es quien suscribe la presente, hace unos 5 meses interpusieron una querella criminal en contra de los 2 funcionarios municipales que cursaron los permisos para 70 edificios con alturas de entre 25 y 38 pisos. De acuerdo a cálculos aproximados, las inversiones totales serían del orden de los mil ochocientos millones de dólares.
Ya se formularon las declaraciones, entregando la documentación pertinente, en la Policía de Investigaciones (PDI) y hace unos días atrás, el nuevo alcalde, Felipe Muñoz, hizo lo propio por este delito de prevaricación, ampliando la querella a otros 2 funcionarios, luego los acusados en el Ministerio Público son 4 funcionarios municipales. La causa está en poder de la fiscal Giovanna Herrera.En la actualidad en esa comuna hay muchos edificios terminados que no cuentan con recepciones finales de obras, vale decir, existe una oferta de unos cuantos miles de departamentos que no se pueden habilitar
Lo anterior fue abordado en un programa de Meganoticias del pasado domingo 5 de junio.
Se deja en claro que ni el actual alcalde de Estación Central, conforme lo señala el artículo 148°de la Ley General de Urbanismo y Construcciones (LGUC), ni la Seremi de Vivienda y Urbanismo, acorde al mandato del artículo 157° de la misma LGUC, han ordenado la demolición de las torres ilegales, como tampoco lo han exigido los aludidos 6 ciudadanos. De ello se desprende que, para evitar un enriquecimiento sin causa legal, proceden las compensaciones económicas, por parte de todos los inversionistas a favor de esa comuna que en los últimos 7 años duplicó su población.
En la actualidad en esa comuna hay muchos edificios terminados que no cuentan con recepciones finales de obras, vale decir, existe una oferta de unos cuantos miles de departamentos que no se pueden habilitar, motivo más que suficiente para que el alcalde y el Minvu definan en conjunto el procedimiento y el monto de dinero, asociado al presupuesto contenido en el formulario de cada permiso, que permitirá el traspaso de fondos privados al municipio, para que se ejecuten todas las obras públicas necesarias de mejoramiento urbano, con las cuales se mitigarán los efectos negativos de la alta densidad habitacional.
Lo anterior, es posible debido a que en los últimos años se introdujo en la LGUC el sistema de aporte al espacio público y si se implementa la mencionada compensación, como esperamos, significa que no se demolerán las invasivas estructuras residenciales y se cursarán todas las recepciones finales de obras pendientes. Vale la pena destacar que las inmobiliarias Suksa y Conquista, las que, en conjunto, tienen varios de estos edificios, están de acuerdo con las reseñadas compensaciones económicas. Recordemos que demoler es muy caro y produce bastante contaminación.
No sabemos cómo se resolverá la situación, pero si el Minvu, por los motivos que sean, resuelve no abordar la materia en los términos propuestos, no se demolerá ningún edificio recibido oficialmente por la municipalidad y por los proyectos que no cuentan con las recepciones finales de obras, sus titulares tendrán que ejercer diversas acciones para obtenerlas y si les va mal, sus edificios quedarán como «elefantes blancos».
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