Hace exactamente dos años, el presidente Sebastián Piñera daba inicio a la “puesta en marcha” del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación (MinCTCI), con la designación de sus dos principales autoridades, en una ceremonia realizada en una calurosa mañana en el Palacio de La Moneda. Cabe recordar una vez más que este anhelo, si bien no era compartido unánimemente, sí había sido un objetivo por el que muchas personas y organizaciones habían (habíamos) trabajado, desde hacía varios años. Incluso la propia puesta en marcha fue recibida con cierta alegría y expectación. ¿Qué podemos decir, al menos desde la ciencia, a dos años de la ceremonia en el Palacio de La Moneda? ¿Qué palabra resume mejor el desarrollo de los eventos hasta la fecha? ¿Cuál es el balance?
En estos dos años de trabajo, el MinCTCI arrastra varias controversias y algunas críticas. Quizás algunas de ellas puedan obedecer a una comprensible ansiedad e impaciencia de parte de la comunidad científica; después de todo, este ministerio no podía borrar de un plumazo, en especial en medio de un estallido social y una pandemia, casi medio siglo de una institucionalidad prácticamente estática. Sin embargo, quizás la mayor parte de las controversias suscitadas por el quehacer de esta cartera sí tienen algún grado importante de fundamento.Estos dos años de trabajo dejan la sensación de una cartera que lucha por ser más que una “oficina al fondo del pasillo” […], pero que lo hace con la ayuda de solo unos pocos nombres selectos y reciclando ideas que han sido escasamente debatidas.
La necesidad de contar con una nueva institucionalidad se fundamentó no solo sobre la base de “ordenar” o “evitar duplicidades”. Desde luego, se esperaba el impulso de mejores políticas para el área, un trabajo más enérgico para promover mejores condiciones para la investigación, y una vinculación más integral de nuestra ciencia con otras dimensiones del desarrollo del país, y que fuese más allá de la visión de resolver “retos” o “misiones” (en otras palabras, una narrativa más atractiva). Para cumplir estos y otros objetivos, se requería de un trabajo mancomunado real con una mayor diversidad de personas y representantes de la comunidad académica, científica, cultural y empresarial, además de la elaboración de buenas políticas e, idealmente, de la designación de instancias asesoras inclusivas, superando la histórica tendencia de solo escuchar a (y reunirse con) investigadores “notables” o “de trayectoria”.
¿Cómo estamos hoy? La Política de CTCI, publicada hace algunas semanas, no pareció cumplir con las expectativas. No impone metas ambiciosas en cuanto a las condiciones estructurales para el desarrollo de la investigación, ni apunta a resolver deficiencias de larga data y con consecuencias negativas para nuestro sistema científico. Por el contrario, la “política” consagra el carácter “hipercompetitivo” del sistema científico, aún con un marcado carácter economicista, y sin objetivos más generosos en materia de financiamiento (por el contrario, enfatiza la idea de “orientar” gasto), solo por mencionar algunos aspectos (comentados en una columna anterior). Mención aparte merece la participación más bien “superficial” de la comunidad científica en el proceso de elaboración de la política, y la presencia de nombres ya conocidos en el “comité editorial” que elaboró el documento final. ¿Por qué no se hizo una convocatoria abierta y transversal para conformar esta instancia, por ejemplo?
También se pudo haber conformado un comité asesor ministerial más diverso. El consejo, desde luego, incluye nombres de indudable reputación y trayectoria. Pero este es uno de los problemas: este consejo corresponde precisamente a la idea de “trayectoria” que por tanto tiempo ha prevalecido a la hora de conformar consejos asesores. ¿Dónde están los “destacados profesionales y especialistas” (como señala una nota del propio MinCTCI) que por años han trabajado por temas como las condiciones laborales en la investigación, la equidad de género, el perfeccionamiento de los instrumentos de formación de postgrado, o incluso por la creación de la propia institucionalidad? ¿Quiénes cumplen con el “mérito” para poder pertenecer a este tipo de instancias?
Por otro lado, las decisiones que ha ido adoptando la actual institucionalidad tampoco parecen ser recibidas con alegría o siquiera cierto grado de esperanza. La controversia suscitada por la “suspensión temporal” del programa Becas Chile motivó un amplio rechazo, llevando a empantanar la discusión del presupuesto del año 2021 para el área. Se habría pensado que la existencia de un ministerio ayudaría no solo a procurar un mejor presupuesto para un sector históricamente subfinanciado, sino que haría más expedito su trámite legislativo.
Otras medidas que fueron adoptadas sin un diálogo amplio han carecido de éxito. Un ejemplo, que extrañamente ha sido poco comentado, es el de los cambios instaurados en el programa FONDECYT de Iniciación en Investigación, en particular la “evaluación ciega”. Se esperaba que este cambio promoviera la equidad de género, según una nota de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo. Sin embargo, la última versión de este concurso (evaluado con el nuevo sistema) mantuvo la brecha en términos de proyectos adjudicados, entre investigadoras e investigadores. ¿Qué pasó? Una posible respuesta es que este cambio atenuó solo parcialmente el actual sistema hipercompetitivo. Como resulta difícil que, en general, quienes postulan no cumplan con los “productos” solicitados (ya de por sí excesivos para personas que vienen concluyendo lo que, en esencia, es una etapa formativa) por el nuevo sistema de evaluación, las postulaciones posiblemente se decidirían, una vez más, por la denominada “productividad científica”. El haber integrado a personas y organizaciones, en particular de investigadores e investigadoras jóvenes, pudo haber enriquecido el diagnóstico para así haber avanzado hacia cambios más profundos y efectivos. Desde luego, existen otras controversias que han afectado a la naciente institucionalidad, y que fueron señaladas en una columna anterior.
Estos dos años de trabajo dejan la sensación de una cartera que lucha por ser más que una “oficina al fondo del pasillo” —para emplear las palabras de un destacado periodista—, pero que lo hace con la ayuda de solo unos pocos nombres selectos y reciclando ideas que han sido escasamente debatidas. Esto no implica que se deba retroceder en la implementación de la nueva institucionalidad, desde luego. Sin embargo, sí implica mirar de forma autocrítica el trabajo realizado, y sobre todo ampliar el número y tipo de voces que son incorporadas al quehacer del ministerio. Es necesario reiterar nuevamente que la exclusión de personas y organizaciones que han trabajado arduamente por mejorar diversas dimensiones de la ciencia (y que, en virtud de este trabajo, han destinado tiempo y esfuerzo a pensar sobre dichas dimensiones y plantear ideas) resulta inaceptable y debe ser corregida. Después de todo, la lucha por la creación de esta institucionalidad fue demasiado dura y extensa como para que siga siendo concebida como “esa oficina al fondo del pasillo”.
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