¿Ha llegado la hora de cambiar el programa Fondecyt?

Un estudio presentado por Alberto Mayol y Javiera Araya, sobre una supuesta politización en la entrega de los proyectos Fondecyt, ha causado una gran controversia retratada en varias columnas (1, 2, 3, 4). Concuerdo con algunas de las críticas que se han realizado al estudio. La estabilidad en la asignación de proyectos debió analizarse a nivel de investigadores, dentro de cada institución, y la ‘presunción de inocencia’ del estudio debió aplicarse entonces a los investigadores, para determinar si otros factores externos a la meritocracia inciden en la decisión de adjudicación de sus proyectos. Si investigadores ‘meritorios’ han dejado o no de adjudicarse proyectos Fondecyt en función del ‘paradigma político’ presentado en el estudio, es algo que no se puede concluir a partir de los datos entregados.

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En caso de aumentar el número de postulaciones respecto al 2015, este año podrían quedar miles de postulantes sin financiamiento de Fondecyt regular. ¿Puede sobrevivir nuestra ciencia con un programa Fondecyt en estas condiciones, especialmente a costa del sacrificio prácticamente irreversible de nuevas generaciones de investigadores?

Más aún, en el estudio existe un supuesto que puede ser errado: asumir “elencos investigativos relativamente estables”. El supuesto puede ser aplicable (sólo tal vez) a planteles grandes. Por ejemplo, la Universidad de Chile apenas ha duplicado el número de docentes con grado de doctor entre los años 2007 y 2015 (cifras de CNED), mientras que en el caso de otras universidades el aumento ha sido más notorio. Aunque estas cifras no necesariamente reflejan un aumento en el número de postulantes a proyectos Fondecyt, es un dato que parece apuntar en la dirección correcta: la Universidad de Chile ha pasado de 254 a 289 proyectos Fondecyt regular postulados entre los concursos 2007 y 2015, mientras que algunas universidades que han aumentado más notoriamente el número de docentes con grado de doctor, han duplicado o triplicado su número de postulaciones. Tampoco sabemos si existe movilidad, y en qué medida, de investigadores entre planteles. En cualquier caso, los planteles investigativos parecen distar de ser “relativamente estables”.

Por otro lado, pese a las variaciones que muestra el estudio, es poco lo que en realidad ha cambiado en el período analizado. De los diez planteles que más proyectos Fondecyt se adjudicaron en el concurso regular 2007, nueve se repiten en el concurso regular 2015, y mientras estas diez universidades “top” daban cuenta de casi el 85% de las postulaciones en el concurso 2007, aún dan cuenta del 77% en el concurso 2015. Las dos universidades “top” daban cuenta del 46% y el 40% de los proyectos Fondecyt adjudicados en los concursos 2007 y 2015, respectivamente. Es decir, es poco el terreno que han ganado otros planteles en casi una década.

Pero tampoco pretendo unirme a quienes critican a Mayol. En su defensa, Mayol acierta al afirmar que existe poco con lo cual trabajar. Pero también acierta en otra cosa: en forzar una discusión, que a ratos parece prohibida, sobre el actual estado del programa Fondecyt. Siendo este el principal concurso de apoyo a nivel de investigadores, vale cuestionarse si un programa creado hace más de tres décadas, en condiciones materiales muy distintas a las actuales, puede mantener el mismo formato, estructura y mecanismo de evaluación. ¿Cabe replantearse el programa Fondecyt sobre la base de una supuesta politización en la adjudicación del concurso, o existen otras razones de igual o mayor peso?

Aunque es difícil sustentar convincentemente la proposición de Mayol y Araya respecto a la supuesta politización de Fondecyt sobre la base de los datos entregados, dicha politización -de existir- puede no ser el principal problema de Fondecyt, por dos razones. Por una parte, existen indudablemente dimensiones políticas por sobre la decisión de adjudicación de los proyectos Fondecyt, y que no podemos ignorar. La decisión de dar a Fondecyt la estructura que tiene, sus mecanismos de funcionamiento, e incluso el presupuesto que se le asigna anualmente, ya constituye materia de deliberación política. Además, es plausible pensar que la distribución de proyectos Fondecyt no se sustenta únicamente en el mérito de los proyectos, pues si bien la unidad de análisis del estudio sí debió ser a nivel del investigador, este no ejerce su labor en lo abstracto. Una respuesta de tres investigadores en El Mostrador aborda este punto.

Pero, por otro lado, no es casualidad el momento del juicio a la dimensión meritocrática del programa. Mayol afirma, respecto a la idea de la operación de “criterios políticos” en Fondecyt, que “la mayor parte de las veces es esgrimida en tiempos de derrota…”. Pues bien, con las pesimistas cifras actuales es muy probable que muchos proyectos de mérito no reciban financiamiento. En efecto, en caso de aumentar el número de postulaciones respecto al 2015, este año podrían quedar miles de postulantes sin financiamiento de Fondecyt regular.

¿Puede sobrevivir nuestra ciencia con un programa Fondecyt en estas condiciones, especialmente a costa del sacrificio prácticamente irreversible de nuevas generaciones de investigadores? ¿Qué tan relevante es una posible “politización” de Fondecyt, si en la práctica el programa beneficia a una parte cada vez menor de la comunidad científica? Porque no nos engañemos: con las tasas de adjudicación actuales, una gran parte de la comunidad de postulantes que considera a Fondecyt como su principal instrumento de financiamiento, no está siendo ni será beneficiada por este. Y para quienes sí se adjudican proyectos, el problema no acaba. A pocas horas del inicio oficial de los proyectos Fondecyt regulares 2016, aún no se contaba con el fallo oficial del concurso.

La crisis es de tal gravedad que constituye razón suficiente para replantearse Fondecyt. Y forzar esta discusión tal vez sea el mayor mérito del trabajo de Mayol y Araya, por más debatibles o controversiales que puedan parecer sus conclusiones.