En días recientes, el Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación (MinCTCI) dio a conocer el resultado final del proceso “Pensemos Juntos”, impulsado para generar de forma participativa la primera Política Nacional de CTCI. Cabe señalar que esta es una de las tareas más importantes asignadas al MinCTCI en la ley que crea la actual institucionalidad.
Demás está decir que la publicación de esta política es un paso positivo para nuestro país, al menos en la teoría. El progreso de la investigación científica y la posibilidad de que esta contribuya a resolver las necesidades y desafíos que enfrenta un país, dependen de la existencia de políticas públicas sólidas y ambiciosas. Por otro lado, la publicación de la política muestra que, más allá de las críticas que ha recibido y de las dificultades que ha enfrentado, el MinCTCI está comprometido con el cumplimiento del mencionado objetivo. De lo anterior no se puede concluir, sin embargo, que la política planteada esté a la altura del desafío. En este sentido, es posible formular algunas reflexiones generales al respecto.El progreso de la investigación científica y la posibilidad de que esta contribuya a resolver las necesidades y desafíos que enfrenta un país, dependen de la existencia de políticas públicas sólidas y ambiciosas
En primer lugar, la Política Nacional de CTCI contiene algunas omisiones importantes. Tal vez la más llamativa y preocupante sea la ausencia de una crítica al actual modelo de financiamiento científico, el cual se exalta a través del ya conocido concepto de la “excelencia”. Se asume que el actual sistema hipercompetitivo, supuestamente basado en el mérito, es el único posible (o, peor, el único deseable), y por ende la política de CTCI pasa a tratarse simplemente de cómo “orientar” el esfuerzo científico, según criterios previamente definidos.
Lo anterior nos lleva a un segundo problema de la política. Respecto al carácter “participativo” del proceso, el texto final corrobora que no había espacio real para cambiar (o al menos matizar) definiciones sustantivas que sostenían la elaboración de la política (una posibilidad que adelanté en una columna anterior). En el proceso de diálogo no había, por ejemplo, un espacio para discutir sobre el concepto de “desarrollo” (el texto habla de poner las capacidades en CTCI “al servicio de las personas y del desarrollo del país”, sin entregar una definición). De forma relevante para esta discusión, lo mismo ocurre con los criterios de priorización u orientación del sistema científico, a saber, los “retos para el desarrollo” y los “laboratorios naturales”. Nunca pareció existir real voluntad para debatir si estos eran criterios aceptados, compartidos, o siquiera si eran los mejores. El MinCTCI ha asumido como propia la narrativa impulsada en años recientes por el CNID y ciertas personalidades, sin abrir una discusión real al respecto. De este modo, la política de CTCI pasó a tratarse de cómo vincular las capacidades científico-tecnológicas con un concepto desconocido de desarrollo, sobre la base de criterios ya establecidos de priorización y orientación del esfuerzo científico. Todo el resto de la política, entonces, descansa sobre una premisa que, en los hechos, no fue debatida ni analizada en profundidad.
Lo anterior se debe, más que a las voluntades (aunque no es posible descartar esta posibilidad, desde luego), a un defecto de diseño. El MinCTCI ha promovido una visión relativamente idealizada de lo que fue el proceso de participación, el que incluyó a poco más de mil personas (como comparación, el personal en I+D del país, en jornadas completas equivalentes, alcanzaba el año 2018 a cerca de 15500 personas). La mayor parte de quienes participaron (más de 400 personas) lo hicieron a través de mesas autogestionadas, cuyos insumos debían ser entregados por vía electrónica, y nunca existió claridad sobre cómo se emplearían esos insumos, incluso en el escenario de visiones contrapuestas. En el caso de los diálogos presenciales, la situación pareció ser similar, constituyendo instancias acotadas y en las que no se podía profundizar en la discusión, debido a su duración. Tampoco hubo oportunidades de seguimiento y participación extendida en el tiempo. Por otro lado, la redacción final del informe quedó en las manos de un “comité editorial”, en el que se repiten nombres, en particular de economistas, que han dominado estas discusiones por un largo tiempo, sin haber claridad respecto a los criterios para la conformación de dicho comité ni sobre su metodología de trabajo.
En tercer lugar, el informe preparado contiene definiciones indudablemente cuestionables. El caso más preocupante es, posiblemente, la idea de que en el país se financiaría una suerte de exceso de ciencia “no orientada”, lo que justificaría un enfoque de priorización de investigación orientada, en especial por “desafíos” y “singularidades”, como ya se señaló. Esta idea se basa en un cálculo que no se detalla, pero que desde ya se puede aventurar que es discutible. Los cálculos de este tipo usualmente se basan en el porcentaje del gasto público en I+D (créditos públicos presupuestarios de I+D) no orientado a objetivos socioeconómicos, a partir de datos de la OECD. Estos datos pueden ser incorrectamente generalizados para asimilarlos a ciencia “motivada por curiosidad”, de lo que se podría concluir que la fracción restante correspondería a la investigación orientada “a industrias o misiones específicas”. Sin embargo, existen evidentes deficiencias con aproximaciones de este tipo, como por ejemplo el ignorar las condiciones sociales, políticas y/o culturales que pueden llevar a investigadores e investigadoras a escoger ciertas líneas por sobre otras; el otorgar similar valor estratégico a ciertos objetivos socioeconómicos entre países diferentes (lo cual no es necesariamente correcto); o incluso el olvidar la advertencia contenida en el propio Manual de Frascati respecto a este tipo de indicadores. Pero lo que resulta más preocupante de este tipo de aproximaciones es que sugieren cierto desdén hacia la contribución de la investigación básica o la motivada por curiosidad, la que es concebida como incapaz de aportar a la resolución de problemas o “desafíos” (llevando a la necesidad de “orientación”), otra idea indudablemente discutible.
Existen otros aspectos no abordados por la política, o bien abordados de forma superficial. Las dimensiones de género y descentralización, por ejemplo, pudieron haber sido más ambiciosas. La relación de la I+D con el mundo de la cultura también se presenta débil. Respecto a las condiciones del personal en I+D, prácticamente no hay mención alguna, y la referencia al grave problema de la falta de oportunidades y de inserción laboral es más bien escueta (como una “dimensión” de un “sub-eje”; el propio lenguaje revela la falta de prioridad en este ámbito). Finalmente, no se establece un compromiso de avanzar hacia un mayor gasto en I+D. De hecho, las únicas menciones en este sentido se refieren a la idea de “orientar” recursos.
De este modo, cuesta considerar esta política como ambiciosa o potencialmente transformativa. En su defensa, esta se plantea como una política para el “breve periodo” 2020-2022, y el “plan de acción” podría ayudar a resolver algunas interrogantes. Sin embargo, si el objetivo de esta política es sentar “las nuevas bases fundacionales que muchos otros y otras tendrán que continuar”, entonces primero será necesario revisar en profundidad esta política para corregir (o al menos para enriquecer) algunos principios o ideas, así como para alcanzar definiciones compartidas y discutir críticamente otras que se dan por establecidas; para incorporar miradas más diversas; y para incluir problemáticas que deben formar parte de cualquier política de ciencia, tecnología, conocimiento e innovación.
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