Ante la crisis en la investigación, ¿qué proponemos los científicos?

Tanto es el revuelo que ha generado la renuncia del Sr. Francisco Brieva a la presidencia de la Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica -CONICYT-, que un grupo de científicos evidenciaron su molestia, mediante un inserto en la prensa, el cual lleva por nombre “Nuestros gobiernos han elegido la ignorancia”. En este se detallan los principales problemas que enfrenta la investigación nacional: baja inversión pública en ciencia, tecnología e innovación -CTI-, bajo número de investigadores, falta de innovación en la empresa, falta de políticas de largo plazo e institucionalidad, entre otros. Si bien es cierto, el estado actual de la CTI en Chile se debe en gran medida a que los gobiernos han elegido la ignorancia por no haber hecho lo necesario durante los últimos años, los científicos tampoco hemos hecho lo suficiente como para cambiar la estrategia que permita crear un sistema de CTI que contribuya al desarrollo del país.

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En síntesis, es innegable la responsabilidad que le cabe al Gobierno y al Parlamento en cuanto a la generación de una institucionalidad robusta que permita crear un sistema de CTI que contribuya al país. No obstante, lo anterior no exime de responsabilidad a los científicos quienes no hemos sido capaces de cambiar la estrategia.

Entonces, cabe preguntar, ¿hemos, los investigadores, realizado lo necesario y suficiente en cuanto a contribuir al desarrollo del país desde el quehacer científico? Para responder a esta pregunta, es necesario establecer un marco sobre el cual se pueda derivar una respuesta. En ese sentido, un primer elemento de este marco es el concepto “desarrollo”. Respecto a este se debe señalar que existen diversos paradigmas de desarrollo (humano, sustentable, etc.), y en Chile el que impera es el de crecimiento económico. Es por ello que la medición del “impacto científico” nacional se hace de forma similar a las grandes potencias y organizaciones como la OCDE, esto es, usando indicadores que están fuertemente vinculados con el crecimiento económico y no con el desarrollo integral. Es decir, el foco está puesto en generar, a través del conocimiento, un incremento de los factores de productividad lo cual se traduciría, por consecuencia, en un aumento del ingreso per cápita. No obstante, este paradigma adoptado ha demostrado ser poco útil para resolver problemas que están más ligados con el desarrollo integral del país.

Un segundo elemento que es necesario establecer dentro del marco, corresponde a la exigencia de una “nueva institucionalidad” para la CTI en el país. Cabe señalar que existen autores quienes señalan que el concepto “institucionalidad” es: “aquel conjunto de creencias, ideas, valores, principios, representaciones colectivas, estructuras y relaciones que condicionan las conductas de los integrantes de una sociedad, caracterizándola y estructurándola”. Por lo tanto, y basándonos en tal definición, la generación de una nueva institucionalidad para la CTI debiese ser aquel proceso sistemático de consolidación de ideas y conductas (imaginario político de la investigación en CTI) a través de medios e instrumentos (organizaciones y normas) para alcanzar un fin social.

Los dos elementos anteriores (entre otros) pueden servir de base para definir si lo realizado por los científicos nacionales ha sido suficiente y pertinente para mejorar la situación de la CTI y el desarrollo nacional. En ese sentido, si el modelo de producción de conocimiento y medición del mismo está basado en el paradigma de crecimiento económico, ¿por qué muchos científicos afirman que es necesario fomentar la investigación en CTI siendo que el modelo de desarrollo científico no traería consigo un impacto directo en el desarrollo del país? Además, si la definición de “institucionalidad” no se restringe solamente a la generación de una organización, ¿por qué nuestros científicos sostienen que la creación de un Ministerio de CTI podrá resolver la crisis por la cual pasa la investigación científica nacional? Con estas preguntas se busca que los científicos salgamos de nuestros espacios de confort para discutir, desde una mirada ciudadana, respecto a la idea de desarrollo del país y cómo la CTI puede, a través de una robusta institucionalidad normativa y organizativa, contribuir a tal desarrollo.

Además de los dos elementos anteriores existen otros que están directamente relacionados con el desarrollo en los cuales el país y, en particular, la comunidad científica tienen una importante deuda, por ejemplo, en desigualdad de género. En ese sentido, tal como consigna la encuesta de ingresos del año 2014 del Instituto Nacional de Estadísticas -INE-, las mujeres con grado de doctor en Chile, tienen un ingreso medio 32% más bajo que el que tienen los hombres con el mismo grado. Respecto a los proyectos FONDECYT (el más grande fondo para investigación individual y que es evaluado por científicos), las estadísticas de CONICYT establecen que en los últimos tres años el número de proyectos adjudicados a hombres es, en promedio, 3,4 veces mayor que el número de proyectos recibidos por las mujeres.

Otro elemento en el cual la propia comunidad científica puede generar cambios importantes y con ello contribuir al Desarrollo del país, es la inequidad social. Respecto a esto, en Chile los ingresos medios (reportados por el INE) de la población con grado de doctor ($1.968.113 pesos para hombres y $1.322.422 pesos para mujeres) incluyen las remuneraciones de investigadores como: directores, jóvenes, sénior, ayudantes, colaboradores, etc. Esto hace que la realidad sea aun más crítica, dado que dentro de la propia comunidad de investigadores existen diferencias significativas. Esto se revela, a modo de ejemplo, en las diferencias de ingreso entre los investigadores de distintas facultades de la Universidad de Chile (cabe señalar que esta universidad se adjudica, en promedio, el 20% de los recursos de FONDECYT).

En ese sentido, existen Facultades en las que el salario promedio de académicos de planta asciende a los 4 millones de pesos, en circunstancias que en otras facultades de la misma Universidad, las remuneraciones promedio en la misma categoría de académicos no superan los 2 millones. Estas diferencias se acentúan aun más cuando se toman en cuenta los ingresos de aquellos investigadores jóvenes que forman parte de los equipos de colaboración, quienes en su mayoría (más del 50%) reciben salarios menores a $500.000 pesos.

Por lo tanto, cabe preguntarnos si lo que hemos realizando como comunidad científica es suficiente y adecuado para contribuir al desarrollo del país. Lo presentado en esta columna demuestra, en parte, que si bien muchos de los problemas podrían ser resueltos por las autoridades de turno (Gobierno y Parlamento), hay dilemas que pueden ser corregidos en la medida que los propios científicos seamos capaces de modificar el modelo de producción de conocimiento y la “institucionalidad” que actualmente existe en organizaciones como Universidades, Centros de Investigación y algunas instituciones públicas como CONICYT, en la cual existen Consejos compuestos principalmente por científicos.

En síntesis, es innegable la responsabilidad que le cabe al Gobierno y al Parlamento en cuanto a la generación de una institucionalidad robusta que permita crear un sistema de CTI que contribuya al país. No obstante, lo anterior no exime de responsabilidad a los científicos quienes no hemos sido capaces de cambiar la estrategia. Es decir, diseñar una nueva estrategia que pase de la exigencia gremialista de cartas e informes a la propuesta de una política de CTI consensuada por la comunidad científica completa en conjunto con la sociedad y que permita contribuir, a través de nuestro quehacer, en la construcción de un país que incremente su Desarrollo de forma integral.