En Chile, cada año la discusión de aumento del salario mínimo se toma parte de la agenda política durante meses. A veces comienza el debate desde las organizaciones de trabajadores; en tras surge desde el Ejecutivo y los parlamentarios. Normalmente Hacienda pone en la mesa argumentos técnico-económicos y hay quienes apelan a ellos para resguardar sus propios intereses, como el empresariado organizado (CPC, Asexma y otros) y los trabajadores (CUT, ANEF y otras asociaciones).
Es cierto que muchas veces la discusión se transforma en demagogia y alimenta discursos, desde los más populistas a los más apocalípticos y los actores políticos ensayan y apuestan cifras, sin otro fundamento que la defensa de posiciones. Entonces comienza la subasta. La negociación finalmente conduce a un punto más o menos intermedio que, supuestamente, satisfará a las partes. ¿Cuánto tiempo perdido?, ¿Cuántas horas/hombre de ministros, asesores, técnicos, parlamentarios, empresarios, dirigentes y tantos más, son invertidas en ese esfuerzo, año tras año?, ¿Por qué se asume como necesaria esa improductividad? , ¿Habrá una alternativa mejor?El alza del salario mínimo no sólo se trata de un problema económico, también es un problema ético y social, pues las sociedades deben procurar mecanismos que garanticen reducción de la desigualdad y si no se atiende apropiadamente este problema se genera rezago en un sector de la población.
El marco global. Prácticamente en todo el mundo se reconoce la importancia y la necesidad de contar con un salario mínimo, entendido como aquel monto requerido para satisfacer los requerimientos mínimos para una vida digna, ya sea medido como valor mensual (en el caso de Chile) o bien como valor hora (como en Estados Unidos). La Organización Internacional del Trabajo expone que el salario mínimo es «el nivel de remuneración por debajo del cual no se puede descender y que en cada país tiene fuerza de ley y es exigible bajo la aplicación de sanciones penales u otras apropiadas».
Por otra parte, la Declaración Universal de Derechos Humanos (ONU) en su artículo 23 establece el derecho de toda persona que trabaja a recibir «una remuneración equitativa y satisfactoria, que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana y que será completada, en caso necesario, por cualesquiera otros medios de protección social».
Hay consenso en que el reajuste del salario mínimo persigue que las personas que perciben ese sueldo puedan mantener (y no pierdan) su poder adquisitivo producto de la inflación. Si bien es cierto que la inflación afecta a todas las personas y no sólo a los que perciben el salario mínimo, no es menos cierto que es a ellos, proporcionalmente, a quienes les golpea más fuerte el bolsillo.
El efecto del alza del salario mínimo en la economía: ¿es positivo o negativo?
No hay consenso -dentro de los expertos en economía laboral- acerca de los verdaderos efectos que tiene sobre la economía el alza del salario mínimo. Por un lado están quienes sostienen, entre otras cosas, que un aumento del salario mínimo generará desempleo en los grupos más vulnerables (jóvenes y mujeres con muy baja calificación y poca experiencia). Además, algunos investigadores agregan que aumenta los costos de las empresas (afectando sobre todo a las micro y pequeñas empresas), dado que el costo laboral de las empresas aumenta cuando un gobierno decide aumentar el salario mínimo. Sobre la base de la evidencia empírica, el alza de los costos es absorbida a través de diversos mecanismos, como la reducción de los márgenes del negocio, la supresión temporal o permanente de algunos beneficios de los trabajadores, la disminución de la rotación de empleados o incluso la disminución del trabajo diario.
Como contrapartida, otros afirman que el alza del salario mínimo no provoca desempleo y, más aún, ayuda a que las familias puedan mantener su poder adquisitivo, consuman y contribuyan a impulsar la actividad de la economía.
Cahuc y Zylberberg (2004) mostraron que alzas moderadas en el salario mínimo (cuando es comparativamente muy bajo respecto de la media y la mediana) no necesariamente afectan el empleo, pero si el salario mínimo es relativamente alto, entonces sucesivos incrementos podrían tener efectos negativos sobre las contrataciones de aquellos trabajadores afectos al salario mínimo. Los resultados de sus investigaciones relativizan el efecto, y permiten afirmar que los efectos macroeconómicos de las alzas del salario mínimo dependen de las características de cada economía, aunque se mantiene constante el hecho de que afectan principalmente a la fuerza laboral joven con muy bajo nivel de estudios.
El salario mínimo y la cosa pública: más allá de los números
Hoy en día es claro que el alza del salario mínimo no sólo se trata de un problema económico. También es un problema ético y social, pues las sociedades se deben procurar mecanismos que garanticen reducción de la desigualdad y, naturalmente, si no se atiende apropiadamente el problema del salario mínimo se genera rezago en un sector de la población, los efectos de este fenómeno pueden incubar un grado de malestar que en ocasiones acaba en estallidos sociales.
Entonces se trata, al menos, de un tema económico, social, político, de productividad y ético.
Según William Spriggs, economista jefe de la Federación Estadounidense del Trabajo y Congreso de Organizaciones Industriales, el aumento del salario mínimo tendría otra virtud: llenar la brecha salarial entre los sexos en beneficio de las mujeres que representan el 62% de los aproximadamente 3,8 millones de trabajadores que perciben el salario mínimo o menos.
Una propuesta de reajuste del salario público: ¿es posible?
Hay claridad en que es necesario hacer permanentes aumentos del salario mínimo. El tema ahora es ¿Podemos hacerlo de manera automática, sin tanto desgaste y conservando la esencia de mantener el poder adquisitivo?
Podríamos acordar por Ley que el salario mínimo en Chile se reajuste automáticamente cada 01 de marzo (u otra fecha), en base al IPC del año inmediatamente anterior o de aquella parte de la canasta con se que se mide la variación del IPC y que es más representativa del gasto de las personas que reciben el salario mínimo. De esta manera, se cumple con el precepto de mantener el poder adquisitivo al grupo de la población que percibe ese ingreso. De la mano con lo anterior, se “libera” de esta tarea al Ejecutivo, parlamentarios, empresarios, dirigentes de organizaciones de trabajadores y otros incumbentes, en beneficio de la productividad de cada uno de ellos y de las organizaciones en las que participan.
Más aún, dado que el IPC es un índice representativo del alza generalizada y sostenida de los precios, pero sobre la base de una canasta que no necesariamente representa los bienes y servicios que consume la población que recibe el sueldo mínimo, se podría fortalecer esta propuesta con un estudio que muestre el comportamiento de precios de los bienes y servicios de este sector de la población. Si ese estudio evidencia que hay una inflación mayor, entonces se debiera usar ese factor para el reajuste del salario mínimo, porque reflejaría de mejor manera la pérdida de poder adquisitivo de esas personas.
Es imperativo que estos reajustes se acompañen de políticas que se hagan cargo de los potenciales efectos negativos que pudieran generar, y se implementen medidas innovadoras de estímulo a la contratación de mano de obra juvenil y de baja capacitación, como también de franquicias tributarias o herramientas de subsidio a la contratación.
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