Sin duda el caso La Polar será recordado como uno de los fraudes más indecentes de la escena local: un delito de cuello y corbata que significó tres procesados, más de 1 millón de clientes estafados y un profundo deterioro en los fondos de pensiones de muchos/as chilenos. Pero aquel descaro parece no tener límites: hoy el Presidente de la compañía, antiguo mandamás de los salmoneros, pone a los trabajadores como excusa para que el Fisco absuelva a la empresa, pues si no “la multitienda se va a la quiebra y con ello 7.000 familias se van a la calle”.
A fines de octubre de 2011, ya con nueva administración, las palabras del flamante presidente del Directorio, Cesar Barros, fueron elocuentes y, hasta ese entonces, lapidarias: “La Polar hizo el maquillaje más grande de la historia de Chile…en estos últimos 10 años la empresa nunca tuvo utilidades”. Esta información ponía las cartas boca arriba de una situación que, al parecer, había tocado fondo. El fraude significó que tres de los principales ejecutivos recibieran bonos ilícitos por más de $8.000 millones de pesos, es decir, el equivalente a la ganancia promedio de toda la industria televisiva chilena. Dichos bonos se añaden al sueldo mensual que ya recibían por La Polar.
Sin embargo, Alcalde, Farah y Moreno son sólo la punta del iceberg del escándalo de La Polar, la parte visible de la misma élite que hoy, sin empacho alguno, le pide al Ministro de Economía misericordia y piedad con la millonaria multa que la empresa deberá pagar al Fisco. Es la misma administración que meses atrás, fijando el plan de negocios, advertía que los trabajadores no recibirían un sólo peso del aumento de capital. En su lógica, los trabajadores debiesen estar agradecidos de tener un trabajo.
Barros, el experto negociador de La Polar, representa a esos mismos accionistas que con el mega fraude exprimieron las finanzas de la empresa hasta la última gota. Y es que, sabiendo o no de la maquinaria de las repactaciones, los accionistas enriquecieron sus propios patrimonios en cifras exorbitantes: en el año 2003, el precio de la acción rozaba los $500, en 2010, llegó a $3.500. Dicha valorización, sí se tradujo en riqueza efectiva para los poseedores de acciones: se materializó en automóviles, en casas, en bienes de lujo, en viajes, etcétera.
A lo anterior, se añade la copiosa distribución de utilidades que se dio en el lapso de los últimos siete años: más de 70 mil millones de pesos se distribuyeron de manera muy especial. Por supuesto todo quedó entre los dueños y nada llegó a los trabajadores. En rigor, si recordamos las palabras de Barros (“en estos últimos 10 años la empresa nunca tuvo utilidades”), ese dinero nunca debió haberse distribuido. Si no existen utilidades, no existe distribución ¿Le pedirá Barros a los accionistas que devuelvan ese dinero?
Un segundo grupo que también sacó ventaja de las repactaciones fue la aristocracia trabajadora, esa franja de ejecutivos receptores de millonarios sueldos. Fueron ellos quienes gozaron por años de incentivos económicos ligados al resultado de la empresa. Particularmente, significó que 33 ejecutivos de la empresa aumentaran sus remuneraciones de forma significativa. Si en el año 2003 sus compensaciones representaban el 8,8% de las ganancias de la empresa, ya en 2010 habían llegado al 20%.
Hoy, el experto negociador quiere que el Estado –es decir todos los chilenos- salvemos a La Polar, mientras, para sus dueños, aún no está en los planes hipotecar el buen vivir. El lujo y la buena vida se mantienen, aún cuando los 70 mil millones y suculentos incentivos jamás debieron haber llegado al bolsillo de sus receptores. César Barros, otrora sheriff salmonero, pone a los trabajadores como excusa. Parece entonces que los dueños de La Polar no se acostumbran a la idea de tener que ganar menos. En todo caso, dicha actitud no es una excepción en la elite.
Por Gonzalo Durán y Marco Kremerman, economistas Fundación SOL
www.fundacionsol.cl/ @lafundacionsol
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Foto: diariopyme
Comentarios
07 de febrero
Bueno, es la manera de funcionar del llamado «crimen organizado» ¿no?. Aunque suene a mala película gringa.
No hay manera que un crucifijo pueda excusar a estos infelices.
Por ahi un cómico italiano decía: «Siempre róbale a los pobres: no tienen mucho pero son muchos». Estos antisociales lo han cumplido a cabalidad. Su castigo debiera ser social. La carcel es insuficiente. Por está claro que en nuestro país siempre habrá privilegios,incluso para cumplir las penas carcelarías. No, debiera sufrir el castigo de inhabilitarlos a que puedan actuar directamente o indirectamente en cualquier actividad que implique actividad económica.
20 años por lo menos. 20 años dedicados a limpiar water en los hospitales.
20 años a barrer las calles de Santiago o ciudades similares.
20 años de castigo que implique un claro beneficio para la sociedad, para nuestros ciudadanos.
Para los cabecillas y para todos aquellos que se hayan hecho más ricos gracias a su criminal acción.
Si el comprador de un cd pirata tambien corre el riesgo de ser castigado por su acción al igual que el vendedor de ese Cd ¿cómo el accionista de una empresa que ha robado a sus clientes no va a pagar tambien por ese delito?
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