Los cambios que deberían rejuvenecer al SENCE no van precisamente por el carril que ha construido el actual proyecto de Ley
Que se debe modificar y modernizar el rol y la operación de SENCE, claro que sí. No creo que haya dudas al respecto. El punto es qué es lo que se debe cambiar.
Hace relativamente poco tiempo se envió al Congreso un Proyecto de Ley que se hace cargo de este asunto. Sin embargo, incluso sin leer el texto del proyecto, remitiéndonos a la síntesis que hizo el Ministro del Trabajo (por lo mismo, supongo que es lo que la autoridad estima como lo fundamental) y ha sido publicado en el sitio web del SENCE, surgen dudas respecto del verdadero objetivo de estos cambios. En esta entrada, quiero remitirme a tres de estas cuestiones:
1- Se crean, y otorga un rol clave para poder acceder a la Franquicia Tributaria (FT), los Consejos de Competencias Sectoriales (CCS). Dos comentarios al respecto: (a) los CCS se financiarán con entre el 5% y el 10% del porcentaje franquiciable de la propia empresa. Como además son las mismas empresas las que “financian” los OTICs con otro porcentaje de su FT, la empresa se queda cada vez con menos recursos para financiar su capacitación (cada vez más generales y menos soldados). (b) Desde su propio nombre, ligan todo el quehacer al desarrollo de competencias, asunto muy incipiente en el ambiente laboral chileno, dejando en grave riesgo a la mayoría de las medianas y pequeñas empresas. En mi opinión, si los OTICs hicieran bien su trabajo, los CCS son claramente innecesarios, en especial desde la existencia de ChileValora.
Adicionalmente, sin decirlo, se reenfoca el uso de la FT hacia las grandes empresas, dado que son ellas las que tendrán mayor capacidad financiera para avanzar en los procesos de identificación de competencias laborales, y establecer las que se están llamando “competencias sectoriales”. El resto, me temo que irá quedando a la deriva, pese a ser quienes más necesitan de la FT. Y ojo, quienes menos ocupan la FT (a diferencia de lo que dice el Ministro del Trabajo) son las grandes empresas dado que, por los niveles de sus sueldos, lo que pueden “franquiciar” es, en la mayoría de los casos, el tramo menor (15%), asunto que los desincentiva por la carga administrativa que implica el proceso (por eso es tan alto su excedente anual). Es decir, si se activa este cambio, como parece que se pretende, no hay que ser brujo para presumir una drástica caída en la cantidad de gente que se capacite en el país, asunto muy grave e inaceptable. Mientras más barreras se instalen, más problemas surgen para acceder al sistema. Me parece que el camino es otro, el del aseguramiento de la calidad. De esto ya escribí en una entrada anterior.
2- Se incorporan criterios de medición de la calidad de los OTECs, mediante exigencias de niveles de empleabilidad y de incremento de remuneraciones de los capacitados. Esto es absurdo. De un lado, los OTECs, no pueden (no les corresponde) influir en las decisiones de las empresas respecto de la transferencia de lo aprendido, ni menos en cuanto a las mejoras en las rentas; en especial porque, entre una acción (la capacitación), sus resultados (la mejora del rendimiento), y las decisiones (mejora de rentas) hay un tiempo de extensión variable y vinculado a las coyunturas propias de cada empresa. Endosar esto a las OTECs, no tiene lógica alguna. Tal vez, y sólo tal vez, se podría pensar en algún tipo de regulación en este sentido, para las OTICs, entidades que, en mi opinión, tienen una tremenda deuda respecto de la razón que les dio existencia.
Además, en este tipo de iniciativas, aparece un tremendo sesgo paternalista que, de alguna manera, ningunea las capacidades de los empresarios y de sus encargados de RR.HH., para resolver qué y a quién se le debe aportar determinada capacitación. Esto es grave porque se exacerba el sentido centralista de las decisiones, imponiendo criterios sin ningún tipo de conocimiento de detalle respecto de lo que ocurre, los planes y los negocios de cada empresa. Imposible que SENCE, por el simple mérito de administrar un cuerpo legal, pueda saber más de lo que precisa y no precisa un grupo laboral.
3- Se faculta al Presidente de la República para reducir el 1% de la Franquicia Tributaria para la Capacitación. Me pregunto, ¿Y por qué no se le faculta también para ampliarlo?. Reducirlo, es simplemente señal de que no se cree en el potencial de la capacitación. Si, por el contrario, se asume que la capacitación es una inversión, la clave no está en la reducción, sino que, por el contrario, en su incremento. Operar en la lógica del proyecto, es reconocer implícitamente que, para el gobierno del Sr. Piñera, la capacitación es sólo un gasto. Discrepo absolutamente, asunto que está claro en mi otra entrada respecto del tema.
Efectivamente, hay espacios interesantes para repensar el porcentaje franquiciable por una empresa, por ejemplo, para darle una utilidad real al inoperante actual beneficio que incluye a los Comités Bipartitos en la aprobación de programas globales de capacitación. Como este caso, es posible encontrar otras dimensiones de mejoras que requieren de cambios a la actual Ley.
En mi opinión, los cambios que deberían rejuvenecer al SENCE no van precisamente por el carril que ha construido el actual proyecto de Ley. Sus cambios, más bien maquillan las mismas inoperancias actuales y, me temo, las acentuará, reduciendo drásticamente, aquello que más debe cuidar: el incremento en la inversión que debe ser la capacitación laboral, con más participantes asistiendo a ellas, con más empresas capacitando a sus colaboradores y con un SENCE en un rol de apoyo y asesoría directa en el uso de esta herramienta, mucho más que un regulador de un instrumento que, en vez de modernizarse, da pasos hacia atrás.
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