Son las nuevas democracias globales con máscaras de gas, de cientos de ciudadanos movilizándose, mientras sus gobernantes imaginan sofisticados procedimientos de represión con excesos policiales convertidos en costumbre. ¿Cómo llegamos aquí? ¿Cuándo la democracia abolió el derecho a manifestarse en plazas y avenidas? Es al menos curioso que la democracia nacida para cautelar la libertad de expresión y oponerse a regímenes totalitarios -de izquierdas o de derechas- ahora esté convertida en un obstáculo para que los ciudadanos ejerzan el derecho inalienable de fustigar a los poderes públicos cuando así lo estiman.

Ya no es la represión de las dictaduras latinoamericanas que nos dejaron una triste herencia de atropellos a los DDHH, es la represión de regímenes democráticos, con gobiernos elegidos en las urnas y de cara a los ciudadanos, sus electores. A ello se suma, una cobertura mediática –especialmente de la TV- obsesionada con las imágenes de violencia de “unos pocos” mientras la gran mayoría de manifestantes se expresan pacíficamente, contribuyendo de manera decisiva a ese ensimismamiento represivo de los gobiernos que han convertido el “orden público” en un valor más importante que el derecho a movilizarse y expresarse.

Algunos la han llamado las revueltas del bienestar, para otros la explosión social de tantos abusos y desigualdades, no faltan –por supuesto- los que solo ven caos y desorden. Es la primavera árabe, los indignados en España y Wall Street, los estudiantes en Chile o el reciente estreno del “invierno brasileño”. Lo cierto, es que las sociedades en América Latina viven un período bien paradójico, pues mientras se consolidan sus democracias y crecen sus economías, tal como lo demuestran anualmente el PNUD y el Latinobarómetro, al mismo tiempo se expanden las brechas entre ricos y pobres. América Latina es hoy el continente más desigual del planeta.

Para los gobernantes definitivamente parece irritarles ver a los ciudadanos en las calles, haciendo uso de un derecho garantizado constitucionalmente y que funda uno de los avances civilizatorios más importantes de la humanidad: el derecho ciudadano a manifestarse públicamente. Lo dice de manera magnífica Salvador Giner: la ciudadanía es el mayor logro de la civilización moderna “todos los demás empalidecen ante él” y más aun “la calidad de una democracia depende de la textura y la actividad pública presente en la sociedad civil”. Allí está su fundamento, ahí permanece su energía de cambio, legitimidad y progreso.

Entonces, ¿cuándo se convirtió en normalidad que un rector en un país muy al fin del mundo y ciudadanos en un país árabe, deban movilizarse en el espacio público y enfrentar a las fuerzas policiales con máscaras antigás?; ¿cuándo perdimos la capacidad de asombro?; ¿en qué momento nuestros gobiernos democráticos convirtieron las manifestaciones ciudadanas en una irritable amenaza al orden público?; ¿por qué justificar excesos policiales con la violencia de una parte muy pequeña de manifestantes?

Felizmente, esta generación de ciudadanos, no se informa exclusivamente por la TV, severamente cuestionada en su capacidad de narrar con objetividad y profesionalismo las revueltas ciudadanas. Las redes sociales difunden incluso con más velocidad que los medios tradicionales lo que está ocurriendo in situ en calles y avenidas del país y el mundo. Esta vez, los gobernantes no tienen el monopolio de la información en concomitancia con los imperios mediáticos. La viralización en Internet es una poderosa herramienta de la población frente a gobiernos que no comprenden la dimensión democrática de las manifestaciones públicas.
Regreso con asombro a esas imágenes del rector de la Universidad de Chile con una máscara antigás rodeado de policías o ciudadanos de pié y en silencio en la plaza Taksim de Estambul y vuelvo a preguntarme ¿cómo vinimos a parar aquí? ¿En qué minuto los gobernantes elegidos en las urnas llegaron a la conclusión que las protestas sociales no son una legítima expresión democrática?

En esta ocasión lo sacamos del recuerdo, sin mayor produndizacion, solo para destacar que  fue un interés de los psicólogos de la época  revisar la sexualidad femenina homosexual. Los giros de la historia y los resultados futuros pueden ser revisados por cada uno de los interesados. No ser inteligible a nivel de lo nombrado, lo concebible y lo imaginable hizo de la sexualidad lesbiana un espacio en blanco condenado al silencio y la invisibilidad. Hecho que debe comprenderse en el contexto de una cultura de Occidente en la cual el deseo, desde “El Simposio” de Platón se plantea como una carencia del sujeto masculino que busca su complemento generalmente en «lo femenino» dentro de una estructura heterosexual y binarizada.

En el discurso de  Judith Butler, refiere la presencia  de una prohibición y castigo para las prácticas lesbianas como a un tipo de discriminación que las relega al ámbito de lo invisible e inimaginable, a aquello omitido y borrado de los discursos oficiales y, por lo tanto, sin la posibilidad de elaborar un contradiscurso

Es interesante  como en 1991, en un estudio realizado a 3.000 mujeres (Informe Hite, 1991), donde se les preguntó qué le gustarías probar que nunca hubieran hecho, la mayoría de las mujeres sacaba a relucir  el hecho de que estaban interesadas en tener relaciones sexuales con otra mujer o por lo menos sentían curiosidad.

La comunidad lésbica ha luchado por mantener una identidad propia y para esto ha estado rompiendo con el silencio alimentado por el miedo, violencia  de años. Cada vez que las mujeres se liberan y aceptan su sexualidad, no sólo se están aceptando a sí mismas, también se movilizan rompiendo un estilo de vida que proviene de décadas atrás.
Ser lesbiana para Simone de Beauvoir, es una actitud elegida en situación, libremente adoptada. Es una forma entre otras de resolver su condición general de opresión y su situación erótica en particular, un acto de libertad que la convierte en sujeto que trasciende a su condición de mujer.

Por mucho tiempo las lesbianas estuvieron resignadas a mantenerse escondidas, con miedo y sin poder dar a conocer su identidad, viviendo en un país como el nuestro, con amplia trayectoria machista y conservadora, resultando ser un escándalo el denominarse parte de una minoría sexual. Con el paso del tiempo esta realidad fue cambiando en función de las nuevas prácticas de las lesbianas, viéndose en ellas un traspaso de lo privado a lo público.

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Mientras que para muchos otros, la pertinencia democrática de iniciar un proceso constituyente es el camino a seguir. Y más allá de la discusión de si efectivamente estamos ante una crisis constitucional o una de representación que amerite un llamado a plebiscito para ello, el diagnóstico para el abogado y encargado de reformas constitucionales del comando de Michelle Bachelet, Fernando Atria, es muy claro.

La Constitución -en resumidas cuentas- define la identidad y forma de existencia de una nación, y la de 1980 es sencillamente antidemocrática, pues “es una Constitución que se protege del pueblo”, ya que, entre otras cosas, sobre representa a las minorías, excluyendo a las mayorías, y reproduce una desigual distribución de poder.

No se trata de solo consultar a la ciudadanía si quiere convocar a una Asamblea Constituyente porque sí, pues se necesitan ciudadanos y movimientos sociales empoderados y capaces de entender el proceso, se requieren propuestas claras y una estrategia de articulación de diferentes actores sociales para conformarla. Así lo expone Claudio Fuentes, director del Instituto de Investigación en Ciencias Sociales (ICSO) de la Universidad Diego Portales, quien también forma parte del movimiento “Marca Tu Voto”, que impulsa una campaña para que la ciudadanía escriba en su voto las iniciales “AC” manifestando su interés por establecer una nueva Constitución a través de un mecanismo plural, incluyente y participativo como es una Asamblea Constituyente.

Y como no tenemos referencias nacionales de cómo se realizan procesos constituyentes de forma democrática, bien viene mostrar luces de cómo los colombianos reformaron su Constitución en 1991 tras un acuerdo transversal e histórico.

El presidente colombiano Virgilio Barco propuso en 1988 iniciar un proceso para reformar totalmente la Constitución de 1886, la cual durante su siglo de vida había sufrido sucesivas reformas parciales, como la nuestra. Según el mandatario, se requería de una reforma más profunda para sentar las bases de un nuevo acuerdo político en el país. La respuesta por parte de la oposición fue totalmente constructiva (no es así en Chile) llevando al ex presidente Misael Pastrana, líder del Partido Conservador, a firmar un acuerdo con Barco para emprender el camino de la reforma constitucional. Se inició a la vez un movimiento estudiantil universitario, llamado “Todavía podemos salvar a Colombia” creador de la propuesta llamada la Séptima Papeleta, el cual consiguió que se contara extraoficialmente un voto extra en las elecciones parlamentarias de marzo de 1990, solicitando una consulta popular para la convocatoria a una Asamblea Constituyente.

La Corte Suprema avaló el resultado de más de 2 millones de votos, argumentando la incapacidad para limitar el poder del constituyente primario. De esta forma, junto a las elecciones presidenciales de mayo de 1990, se consultó sobre la aprobación de convocatoria a una Asamblea Constituyente, resultando aprobada por más del 86% de los electores.

Como consecuencia, se convocó a elecciones para diciembre de 1990, para elegir los 70 delegatarios a la Asamblea. Es más, como una forma de sellar el proceso de paz que el gobierno adelantaba con diversos grupos armados ilegales, se aprobó la inclusión de 4 constituyentes con voz pero sin voto en representación suya (2 del Ejército Popular de Liberación, 1 por el Partido Revolucionario de los Trabajadores, y otro por el Movimiento Armado Quintín Lame). Aunque lo ideal sea incorporar a voceros de nuestros pueblos originarios como de movimientos históricamente discriminados.

¿Cuán lejos estamos de iniciar un proceso constituyente por vez primera guiado por la ciudadanía? ¿Serán suficientes las voluntades políticas como cívicas comprometidas? ¿O la clase política actual por mera comodidad al poder rechazará el democratizar y legitimar nuestra carta fundamental? ¿Cuánto hay que esperar? ¿Es el mejor mecanismo?

Para Atria y muchos otros movimientos sociales como ciudadanos no hay muchas más alternativas. “Yo no creo que la Asamblea Constituyente sea la única manera con la cual pueda solucionarse este problema, pero es la más perfecta para darse una Constitución que sea más legitimada”. Para mí y muchos más, también.

* Entrada escrita por Ricardo Bustamante, Jefe Plataforma Acuerdos.cl, Fundación Casa de la Paz

Han decidido convocar a paro general de la ciudad para el 26 de junio próximo. En esta reunión se formaron comisiones para contactar a taxistas, estudiantes, camioneros, contratistas, juntas de vecinos, organizaciones socioambientales, comerciantes y muchos más. Veamos cómo esta asamblea, su convocatoria y su organización, pueden ayudarnos a visualizar un modelo posible de movimiento ciudadano autoconvocado.

1- el movimiento es territorial o local: es una comunidad ligada por algunos vínculos de pertenencia la que actúa como tal comunidad (o sea, conserva rasgos de comunidad real). La experiencia de “vivir como vecinos”, en un barrio reconocible y delimitado, o en una ciudad que uno conoce completa, o donde a cada rato uno va o anda por cualquiera de sus lados.

Una comunidad para una ciudad todavía a “escala humana”. Es decir, un movimiento ciudadano autónomo también contiene una recuperación de los lazos afectivos, “de pertenencia”, entre la gente, y una acción contra la impersonalidad de las metrópolis. Ellos dicen: somos gente con nombres y vivimos en esa casa, en tal calle (el nombre “calameños” recupera y exhibe su sensibilidad como experiencia pública). No somos números de una estadística, en el quintil de una política de Estado; menos todavía somos otro número en un censo (trucho por demás).

2- el movimiento es espontáneo: surge de la ocurrencia, la intuición o el accidente entre unas pocas personas que, de pronto, sin pedirle permiso a nadie constituyen una organización puramente informal, ligada por puras confianzas personales y el sentimiento de una causa potente pero no bien definida.

Estos “pocos” luego la difunden entre otros, y la gente a veces los pesca y a veces no los pesca. Primera prueba de fuego para el movimiento: que tu propia gente te crea.

3-  el movimiento es autoconvocado: se constituye fuera de las instituciones legales de participación ciudadana –aquellas que las leyes chilenas señalan-, sin pasar por ningún proceso ni papeleo estatal. Y, aunque se pasa olímpicamente por encima de los formularios y las ventanillas de las oficinas, ello no implica necesariamente que el naciente movimiento, en cada una de sus acciones, rechace por principio los recursos legales. También se usan cuando sirven, y es frecuente encontrarse con una mezcla intrincada de lo autónomo y lo institucional, que en cualquier momento puede cambiar en sus balances internos.

4-  el movimiento es autorregulado: se da su propia organización, comités, dirigencia y sus procedimientos para las decisiones. Las decisiones pareciera que siempre contemplan momentos de asambleísmo –o sea, de la horizontalidad de bases y dirigentes-. El carácter asambleístico es uno de los que más desconcierta a las elites políticas, acostumbradas a percibir a las bases ya sea como masas manipulables, clientelistas o estúpidas.

5- el movimiento genera una CAUSA: es decir, no solamente hay que poner atención a las “demandas” sectoriales de los movimientos –en salud, por ejemplo, que se construya un hospital-, sino atender al “efecto de creación de una causa”. El movimiento se va proponiendo, pensando y debatiendo hacia dentro y hacia afuera, un proyecto para la comunidad y su territorio.

6-  el movimiento es eficaz: si en Calama llaman este martes a una huelga general para el 26 próximo, se verá en los días y semanas cómo se inicia el desfile de actores institucionales sopesando las capacidades del movimiento. Si se estima que el 26 Calama para –cosa que ya sucedió y ha sucedido en otras localidades y territorios (¿se acuerdan de Pelequén?)-, entonces el movimiento va a triunfar antes del 26.

No hay modo: si la ciudadanía está en la calle y paraliza una ciudad, no hay pacos ni represión que resuelva el asunto.

Por estos meses, la eficacia se multiplica cuando los autoconvocados intervienen la coyuntura electoral, desordenando las campañas de los candidatos y, notablemente, a sus oficinas de marketing político. Los escenarios de incertidumbre se hacen insoportables.

7-  el movimiento debe poder pasar desde la movilización a la potencia política. Es decir, en este caso, algo así como, pasar de las calles al Congreso y el Estado.

Se ha dicho que es una debilidad inmanente de los movimientos ciudadanos su raigambre local y su extensión comunitaria. Porque la política requiere movimientos nacionales. Pero estamos ante dos coyunturas que desordenan también esta percepción: primero que lo local ha surgido como una base cultural/social no anticipada de la misma globalización –y cada paso en globalización rebota en la aparición y brotes de localismo-, y, segundo, que estamos ante el escenario de una posible Constituyente o sus similares, y allí las voces organizadas tendrán más que decir que las voces meramente legales.

Calama lejos de casi todo en la pampa. Lejos y de repente tan cerca. Tan cerca que están haciendo lo mismo que hacemos nosotros. Cada lugar y su singularidad, y su universalidad.

Fue tomada por el fotógrafo  Mario Ruiz y se consagró como la mejor foto del año 2012, galardón otorgado por la Unión de Reporteros Gráficos y Camarógrafos de Chile. Una escena que sólo ha sido posible, gracias a la grosera desigualdad que impera entre los chilenos, y que se manifiesta con caracteres alarmantes de la mano de un poder financiero que campea sin contrapeso en la vida cotidiana de nuestro país. Sus protagonistas son dos estudiantes que se cogen de las manos para reivindicar su amor adolescente en medio de una manifestación callejera, de protesta por la deficiente calidad de la educación y el afán de lucro compulsivo de sus gestores privados. Con sus rostros cubiertos, saben que son una amenaza para el orden público, pero también saben que a los abusadores les importa un bledo la paz social, seguros como están con la red de influencias y fortalezas institucionales que han generado a su alrededor.  A no dudar que estos muchachos, con la ligereza de ánimo con que los jóvenes enfrentan la realidad, creen que con las armas paleolíticas que empuñan en sus manos, serán capaces de intimidarlos.  Aunque no hayan reparado  que lanzar piedras sea un acto simbólico.

Pero ¿quiénes son con precisión, estos jóvenes encapuchados?  Porque es evidente que hay más de una clase de encapuchados en la calle convulsionada. A la luz de una observación cuidadosa, se puede  concluir que existen allí, tres clases de encapuchados, a saber: aquellos que, como estos jóvenes, provienen directamente del movimiento estudiantil y se distinguen sólo por su rebeldía,  actitud que  muchos ciudadanos estructurados en el orden, comprenden sin compartir.

Jóvenes estudiantes que representan la visión rebelde de sus pares, más ordenados y organizados en la protesta. Claramente pertenecen a la misma camada de disidentes. Pero son rebeldes, y como tales, creen pertinente cubrirse los rostros, desafiantes e irrespetuosos. Con su actitud exultan convicción, decisión y heroísmo; hay diálogo interno y comprensión cabal de una realidad que no demoraron  en descubrir que hay que subvertir, por muy inmutable y cómoda que le parezca a una minoría. En su categoría, hay una madre cercana que se ve clarita en sus atuendos, como en el blanco  limpio, pulcro, de la blusa de la muchacha,  que en su amor sin condiciones, acompaña el gesto de su compañero, conformando un escenario que nos sugiere que detrás de ellos hay quizá, una realidad  de apremios y de dolores  en el pasado ciudadano de sus abuelos.  O un afán de solidaridad con sus congéneres y  con ellos mismos; un sentimiento de trascendencia, porque,   “en la rebelión, el hombre se supera en el prójimo y, desde este punto de vista, la solidaridad humana es metafísica” (Albert Camus). Un acto bizarro del ser en cuanto tal.

La segunda clase de encapuchados es aquella que claramente fija su domicilio en el lumpen, y que sale a la calle dispuesta al saqueo y a la destrucción de la propiedad pública y privada, y cuyas madres por cierto, no están cerca ni para aconsejar ni para proteger a nadie; son los hijos de la frustración y el resentimiento, empoderados en la desesperanza.

Y la tercera  clase de encapuchados, la más controvertida, la de  aquellos que ya no responden a una madre, si no es a un presumible pacto con el poder, y que hace rato viene llamando la atención, como consta por ejemplo, en denuncia formulada ante la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados en agosto de 2011. Ellos también funcionan destruyendo todo lo que está a su paso y se distinguen porque nunca son detenidos por la policía, ofreciendo así al observador atento, la inquietante sospecha de su procedencia, que para no caer en el infundio, más vale  proponer como dato de las marchas estudiantiles.

De esto se desprende que el pulso narrativo de la representación gráfica que nos reúne aquí, palpita en el relato arbitrario de su historia interna.

Estamos en presencia de un bello acierto fotográfico. Su valor estético descansa en una composición donde los contrastes de color, y la quimérica  atmósfera de su profundidad de campo ―generada por el  gran angular―, marcan la definición protagónica del movimiento estudiantil en una pareja de enamorados. La imagen es una deslumbrante toma de conciencia. Repentina y fantástica. Un acto loco de rebeldía,  de la mano con el amor más limpio y transparente de que es capaz la especie humana comprometida con la justicia. La escena lleva la carga dramática del gesto arcaico de los jóvenes portando las piedras como armas de combate,  lo que la convierte en un documento social y cultural de singular importancia. Enhorabuena para su autor.

No planeo rasgar vestiduras respecto de la condición de favorito que a Lagos le otorga tener amigos famosos, eso sería absurdo, es obvio que su círculo lo va a apoyar.

Se ha señalado, como causa de éste infortunio, la mala política legislativa de criminalizar el consumo, pero el problema es de raíces más profundas. Creo que este es el punto en el cual se fundamentan las fervorosas y actuales reivindicaciones sociales. El hecho es que la Constitución Política de 1980 no reconoce como garantía fundamental plena, el derecho de autonomía personal.

El derecho de autonomía personal implica que cada persona puede tomar las decisiones que afectan su vida personal. Normalmente se descompone en derecho de libertad ambulatoria, derecho a la vida privada, derecho de libre albedrío, libertad de pensamiento, el derecho que se le entrega al moribundo de no aceptar transfusiones de sangre, el derecho del discapacitado a elegir su tratamiento, etc.

La Constitución de 1980, si bien consagra algunos aspectos del derecho de autonomía personal, lo diluye, lo divide y lo limita, pues claro, nunca un régimen autoritario lo consagraría integralmente. Éste absurdo se ha mantenido durante los últimos años de forma casi inadvertida por la mayoría de los ciudadanos.

Recuerdo hace unos años, en medio de la discusión generada por la ley que prohíbe la venta de comida chatarra en colegios y universidades (la Ley del Súper 8), el senador Jovino Novoa alegaba: “Si una persona adulta, mayor de 18 años quiere comerse un choripán, entonces es libre de hacerlo”. La pregunta es: ¿por qué esa misma persona adulta no puede fumar marihuana? Los efectos nocivos y adictivos de la comida chatarra están comprobados, por lo que no es dable el argumento de la salud. ¿Por qué entonces esa misma persona adulta no puede decidir casarse con otra de su mismo sexo? ¿Por qué esa misma persona no puede decidir morir dignamente? Y así un largo etcétera.

No existe razón alguna, más allá de que el porcentaje conservador que integra nuestra población insiste en imponer sus propias convicciones y su propio estilo de vida sobre el porcentaje que abogamos por la libertad de los individuos.
Hablo de porcentajes, pues siempre he mantenido la duda sobre cuántos somos realmente liberales en Chile. A rato,  uno se siente algo sólo.

¿Qué tipo de sociedad les presenta Kidzania a nuestros niños? Una en donde prácticamente todas las relaciones sociales están mediadas por los mercados y el dinero. Un modelo en donde las marcas y la publicidad están presentes intermediando prácticamente todas las actividades que realizamos cotidianamente.

En Kidzania no existen -o si lo hay son secundarias- actividades de carácter público donde no prime alguna forma de relación con el consumo. Actividades como la sociabilidad entre iguales, los deportes y juegos en la plaza, la conversación o el intercambio de ideas, la participación en organizaciones civiles o el hacer política, desaparecen en este mini país frente a un modelo a escala de sociedad cuyo principal eje de articulación son los mercados.

En Kidzania, en suma, el mundo de lo público en sus distintas manifestaciones, es invisibilizado frente a un modelo de sociedad donde prima la figura del consumidor por sobre la del ciudadano.

En el mundo de los niños-Kidzania, la vida se reduce a dos cosas: trabajar y consumir. Trabajar para consumir y consumir para seguir trabajando.

Lo anterior quizás no sería tan alarmante si la empresa describiera exactamente lo que hace desde un principio. Sin embargo en el sitio web se habla de entretención y educación, se habla de oficios, vida urbana y profesiones. Existen, de hecho, muy pocas referencias al consumo, las marcas y en general las distintas prácticas de marketing infantil que se realizan al interior del recinto cerrado, donde los padres no tienen acceso y que a pesar de estar emplazado en un parque bastante soleado cuenta solo con iluminación artificial.

Este tipo de actividades de entretenimiento y en general el vínculo entre niños y marketing han sido crecientemente vigiladas y cuestionadas por la ciudadanía en distintas partes del mundo siendo México uno de los casos emblemáticos. Esto por cuanto la organización apunta directamente a influir en, quizás, lo más preciado para cualquier grupo humano: sus niños, la forma en que ellos ven y se vinculan con el mundo y aprenden a vivir en sociedad. De hecho, crecientemente la ciudadanía se ha organizado para hacer frente de las cada vez más virulentas formas de marketing infantil.

En Brasil, por ejemplo, la fundación Alana, presentó una demanda millonaria contra McDonald’s por incluir en su menú para niños, juguetes. En la ocasión, se acusó a la corporación de “deformar los valores” y “promover hábitos poco saludables”.

Como Fundación Ciudadano Responsable tenemos la necesidad de empoderar a las personas acerca de los efectos sociales y ambientales de nuestras prácticas de consumo. Nos interesa particularmente levantar la atención frente al fenómeno del marketing infantil y los efectos que este tiene sobre quienes aún no poseen el criterio para juzgar y evaluar qué tipo de vida quieren vivir: nuestros niños.

¿Qué tipo de mundo de los adultos, se les presenta a los niños a través de Kidzania? Uno en donde la vida se reduce a trabajar para consumir y en donde la publicidad y el marketing se erigen como principales articuladores de la vida social.

Hacemos un llamado a no llevar a los niños y niñas a Kidzania y a tomar consciencia del tipo de prácticas que conlleva este tipo de actividades infantiles.

Exigimos también a la empresa dueña de este centro de entretenciones que transparente el tipo de actividades que se realizan en su interior. Al menos que mencione las marcas comerciales que participan activamente fidelizando consumidores en  este mundo de entretención, se puede consultar un listado acá.

Invitamos a las marcas que auspician Kidzania en Chile, donde se mezcla indiscriminadamente marketing infantil en un espacio que se supone que es de entretención, a evaluar su participación y poner mayor atención al tipo de actividades a las que asocian sus productos.

Puedes leer otras columnas respecto a Kidzania publicadas en elquintopoder:
Cinco razones para no ir a Kidzania
Kidzania, ¿un juego de niños?
Kidzania II: el juego al servicio del marketing

Los resultados de aludido Comité de Expertos fueron plasmados en un documento de más de 120 páginas que, sin dejar de reconocer los méritos de la Ficha de Protección Social, propuso mejoras a partir de la misma, constatando  un conjunto de tareas  pendientes referidas a la institucionalidad  que sostenía el instrumento,  como al propio instrumento y a su modelo de cálculo.

Gran parte  de las causas del problema observados por el Comité,  eran parte de los consensos identificados por la comunidad vinculada al trabajo con la Ficha, consensos a veces implícitos, otras explícitos; pero expresados en foros y espacios de discusión. Si bien el Comité no hizo sino constatar un diagnóstico relativamente compartido, no es menos cierto que sistematizó y relevó las causas del  problema y en esa perspectiva parecía una plataforma suficiente para iniciar el proceso de reformas a la Ficha de Protección Social, puesto que en la intención del Comité nunca estuvo el diseño de un nuevo instrumento,  ni el re-encuestaje total de la población.

La validación administrativa de los datos  reportados, el diseño de un nuevo modelo de cálculo, la incorporación de nuevos índices y el ajuste de otros, la normalización de los procesos de gestión al interior del Ministerio y en conjunto con otros Ministerios, especialmente con las municipalidades; la instalación del proceso de supervisión, la nivelación y normalización de los procesos de levantamiento de información,  la determinación de los costos del proceso y su financiamiento, entre otras materias, constituían tópicos que habían estado en la preocupación original del instrumento, pero que, como muchas otras cosas, no avanzaron durante los tres primeros años de existencia de la Ficha de Protección Social. Sea por lo que fuere el diagnóstico no era novedoso y por lo mismo era ampliamente compartido.

Pero lo que pudo haber sido el perfeccionamiento necesario de un instrumento de focalización, hecho sobre la base de lo que ya existía, se convirtió, como otros empeños, en tarea fundamental; en otra de las cruzadas por refundar el Ministerio.

Y el discurso moderado del Comité de Expertos mutó en un conjunto de titulares  que anunciaban a partir del 2011 el cambio en 360º grados de una FPS inservible a una Nueva  y Justa Ficha Social. Conocido es en esta refundación el acto casi ritual del reciente ex Ministro Lavín rompiendo la antigua Ficha frente a las cámaras. Nada más patético a la luz de lo que ha venido ocurriendo: lo cierto es que la refundación hecha sobre la marcha, bajo la impronta, en el camino arreglamos la carga, se les enredó al punto que pone en riesgo su existencia futura.
   
Y como toda Misión requería del sacrificio y adscripción total, no sólo de quienes la acometían, también y por sobre todo, de los socios estratégicos: los municipios; así como la de los propios ciudadanos sujetos de la estratificación. La cohesión interna y la alineación de los funcionarios a cargo de los  procesos en regiones se trabajó sistematizando la participación regular de los encargados regionales en jornadas a partir de las cuales se fue revisando y ajustando el proceso de implementación.

Lo cierto es que ninguna decisión importante pasó por esas jornadas de trabajo y éstas más bien se usaron para validar decisiones ya tomadas, bajo la lógica de la participación. En esta estrategia se utilizó a las regiones para que ordenadamente hicieran la bajada a las comunas y a los equipos municipales,  los cuales finalmente han tenido que soportar el peso de un proceso hecho con la absoluta prescindencia de quienes hacen el día a día. La desconsideración a los municipios ha sido grosera, no sólo por la falta de rigurosidad en el  cumplimiento de las  etapas; la carga laboral impresa  en estos años a los equipos comunales ha doblado sus capacidades reales y el Ministerio lejos de transferir más recursos, ha trasferido menos recursos para el encuestaje; porque si bien es cierto que el valor unitario por encuesta ha subido levemente  respecto de los valores históricos cancelados, no es menos cierto que la tarea es hoy significativamente superior al incorporarse un cuestionario que ocupa más tiempo en terreno y una fase de gabinete  previa, como lo es el Registro de Residentes.

La Nueva Ficha ha precarizado el trabajo municipal, promoviendo la contratación de encuestadores, revisores, digitadores, entre otros,  con remuneraciones exiguas, lo que ha determinado la  rotación de personal, afectando la calidad de la información y poniendo en cuestión ciertos derechos laborales.
Por otro lado,  los beneficiarios del sistema han sido objeto de decisiones francamente autoritarias, dejando sus Fichas de Protección Social  sin puntajes, denominándoseles en estado de revisión,  cuestión que a  muchos les ha significado perder beneficios, por el sólo hecho de no haber acudido a la convocatoria para la aplicación de la Nueva Ficha; convocatoria que el Ministerio ha instruido se realice mediante cartas, como si convocar a un proceso, desde ya complejo, fuese tan simple como remitir una carta escrita con códigos centralistas, no necesariamente comprensibles para toda la población.

Pero lo que no deja de llamar la atención es la elaboración de un cuestionario antes de haber definido y rediseñado el modelo de cálculo, ello se explica por la necesidad de mostrar resultados por sobre procesos bien hechos. Bajo la asesoría de otro grupo de expertos se elaboró este grupo de preguntas, por cierto cuestionable en términos de la construcción de las preguntas y los fraseos, documento que recogió en gran medida variables ya contenidas en la Ficha de Protección Social.

Así, se partió encuestando sin saber aún qué variables serían las que finalmente ponderarían. Es curioso que en ésta como en otras materias, no se hayan recogido las propuestas del Comité de Expertos, que estableció un itinerario lógico en el proceso de la Nueva Ficha; esto es, que los bueyes debían empujar la carreta, es decir, que una vez listo el modelo de cálculo, se avanzara en la construcción del cuestionario.

De otro modo,  el proceso de implementación pareció no considerar las necesarias modificaciones normativas y administrativas que debían estar garantizadas para hacer la transición de un instrumento a otro, especialmente en otros Ministerios y Servicios que se valen de la Ficha para focalizar sus beneficios sociales.

En suma la lista de desaciertos es larga, tan larga como los más de tres años transcurridos desde que el presidente Piñera anunciara en su discurso del 21 de mayo de 2010 el perfeccionamiento de la FPS, un período completo para otra promesa incumplida.

En esta breve columna no alcanzamos a desarrollar cada uno de los despropósitos y los sin sentidos de este proceso, se nos queda el Call Center para la Ficha Social, que posee aristas más complejas, no sólo por representar un modelo ajeno a las necesidades de los beneficiarios, sino también por dimensiones que el tiempo sabrá sacar a la luz y que nosotros observaremos con atención.

Nos gustaría hablar de los Manuales para operadores de la Nueva Ficha (encuestadores, digitadores) en los que se han incorporado sucesivas fe de erratas, demostrándose con ello, la improvisación en esta materia; son más de 7 orientaciones complementarias,  que lo que hacen, es ir llenando los vacíos de un instrumento que utilizó de mala manera el método del aprender haciendo.

Hoy, cuando junio comienza a enrumbarse en su segunda semana, las municipalidades permanecen ignorantes de las razones de esta nueva postergación. El estilo del secretismo en la toma de decisiones que ha sido frecuente, golpea y desconcierta a quienes más informados deberían estar, precisamente los equipos municipales que trabajan cara a cara con la comunidad y quienes hoy, no tienen respuesta frente a las interrogantes de los ciudadanos.

Algunas preguntas  nos surgen de inmediato ante este debut fallido: ¿qué hay detrás de esto? ¿se trata de una simple razón técnica? ó ¿se esconden las causas políticas más complejas? Acaso ¿hay cifras que no están calzando? ó ¿resultados poco convenientes en una coyuntura electoral?
Que cada uno saque sus conclusiones.

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Primero, un bono que comenzará en $100.000 – para la mujer que tenga el tercer hijo y llegará a los $200.000 – al del quinto hijo.
Su segundo anuncio, es la duplicación de los tratamientos de baja complejidad contra la infertilidad prestados por la Red Pública de Salud y las instituciones con convenio.

Si bien es del todo positivo que el Estado adopte medidas para mejorar nuestras tasas de natalidad, el anuncio del 21 de Mayo presenta dos caras, una negativa y la otra positiva.
En cuanto al aspecto negativo, debo mencionar el anuncio del bono por tercer hijo. Si el objetivo es mejorar las tasas de natalidad, no tendrá ninguna incidencia.
Pensar que incentiva la natalidad es como creer que el bono bodas de oro contribuirá a que los matrimonios duren 50 años o más. Así como ningún matrimonio durará 50 años sólo por cobrar una regalía estatal, ningún niño nacerá gracias al bono por tercer hijo.
Y es que se lo podrá calificar como ayuda, como premio, como subsidio, pero jamás como política pública de natalidad. En este sentido será absolutamente ineficaz e ineficiente.

El aspecto positivo es que, por primera vez en una cuenta pública, se toca directamente como política de natalidad el financiamiento de tratamientos contra la infertilidad en baja complejidad, esto es, en inseminación artificial.
Se entiende que la mayor cobertura en los tratamientos en reproducción asistida son medidas que van en la dirección correcta si queremos revertir las tasas de natalidad en Chile, pero considerando que la infertilidad afecta, con mayor o menor grado, a trescientos cincuenta mil personas en nuestro país, sin duda la cobertura anunciada de dos mil tratamientos, es insuficiente.

En cuanto a los tratamientos de alta complejidad, como fertilización in vitro, la cobertura en el sistema público alcanza a 459 tratamientos, pero en cuanto a estas técnicas de reproducción humana asistida, no hubo ningún anuncio en la cuenta presidencial.
Por lo tanto, el anuncio de aumentar la cobertura a 2000 tratamientos en baja complejidad apunta en la dirección correcta, pero es insuficiente si realmente queremos que esta medida tenga incidencia en las tasas de natalidad. Se debe avanzar en la cobertura universal en los tratamientos de reproducción asistida.

Por otra parte, si queremos abordar seriamente una política de natalidad orientada a revertir las preocupantes tasas de los últimos 20 años, se deben crear las condiciones económicas y sociales para que las personas tengan hijos.

En condiciones de profunda inequidad, donde no existe educación gratuita de calidad o tener un digno acceso a la atención sanitaria, esto no se da.

Las causas de las bajas tasas de natalidad, tienen un componente biológico y un componente económico social. Para abordar las causas biológicas se debe avanzar hacia la cobertura universal en los tratamientos de reproducción asistida, para abordar las causas económico-sociales, se debe adoptar políticas para lograr el acceso a la educación gratuita de calidad y el adecuado acceso a la atención sanitaria.

Solo atendiendo a las causas biológicas y a las económico-sociales de la baja natalidad, lograremos tener política pública efectiva para revertir las magras cifras que desde 1990 se vienen registrando en esta materia.

Si bien es prioritario avanzar en las materias señaladas,  las legislaciones anteriormente detalladas se establecen bajo el supuesto  de que la ciudadanía ejercerá un control ciudadano, de hecho, el mensaje que establece la discusión sobre probidad señala:  “El sistema jurídico considera que la labor fiscalizadora puede ejercerse con órganos propios de la administración o con instituciones independientes, como los tribunales de justicia; pero en un régimen democrático el mejor fiscalizador es la propia ciudadanía que tiene incentivos para denunciar y perseguir los actos de corrupción, razón que ha movido a este Gobierno, ante diversas opciones, a preferir el denominado “control ciudadano” que implica el derecho a requerir información para perseguir responsabilidades administrativas”.-

¿Qué pasa entonces si la ciudadanía no ejerce ese control?, ¿está la administración preparada para el aumento de requerimiento de información?, ¿cuáles son los incentivos que tiene la ciudadanía para fiscalizar? Estas preguntas son claves para determinar el éxito o fracaso de la implementación de estas leyes. Considerando lo lento que es el trámite legislativo es determinante que las leyes promulgadas no sean reingresadas con modificaciones en el corto plazo como ocurrió con la ley de primarias este año.

El tercer estudio del Consejo para la Transparencia no entrega respuestas muy positivas a las preguntas antes planteadas. Señala que la ciudadanía desconfía de la información entregada por los organismos públicos porque creen que es incompleta (25.2%), ocultan información (28.9%) y son poco claros o confusos (30.6%). Además solo el 15% de los encuestados afirma conocer el derecho de acceso a la información pública. Por último, el fin con el cual la ciudadanía solicita información se concentra en conocer beneficios o subsidios (48,1%), por tramites (17.5%) y para/por trabajo o estudio (13%). Solo el 12.3% solicita información por interés personal.

Frente a las últimas cifras y la importancia que tiene en la agenda presidencial los temas de transparencia y probidad no queda más que prever un bajo nivel de incidencia de estas nuevas legislaciones ya que, actualmente la ciudadanía no ejerce control social al menos por los mecanismos existentes como lo es ley de acceso a la información publica que, como forma de potenciarla el Consorcio para la Transparencia busca proponer como un derecho constitucional. ¿Será esta iniciativa una fórmula para aumentar el control ciudadano? , esperemos que sí.

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