Me quiero referir en específico a cómo las dinámicas de expansión y crecimiento de la ciudad traen consigo diversas desigualdades que desencadenan en el aumento de vulnerabilidades de los habitantes que son parte de éstas.

Para observar este proceso, me focalizaré en la expansión como resultado de movimientos forzosos, en específico de los desplazamientos suscitados en la ciudad de Talca post-terremoto del año 2010.

Primeramente, se hace preciso definir el concepto de expansión urbana. Ésta es comprendida como el “crecimiento urbano por extensión con modalidades específicas históricamente determinadas por el contexto social, económico y político en que se materializa. Dichas modalidades se expresan territorialmente en la estructura de la ciudad, así como en las nuevas relaciones entre la ciudad y su entorno, entre distintas ciudades, y con la región”. Es así que la expansión urbana se presenta como un producto de diversos procesos sociales, económicos y políticos, los cuales en los contextos de catástrofe surgen de maneras explícitas y aceleradas. Cerda explica que un término asociado al concepto es el de sprawl. Éste es un crecimiento explosivo de las ciudades, el cual se caracteriza específicamentepor ser un “crecimiento urbano descoordinado o no planificado”, es decir, una expansión urbana que no mide sus consecuencias a corto y largo plazo.

Así también, el crecimiento y la expansión son la esencia política y económica de las ciudades, siendo laselites los grupos que más interés muestran en éstos procesos debido a las posibilidades del incremento del valor del suelo 

Sin embargo, las tensiones que surgen de la expansión de la ciudad se complejizan cuando son los grupos más vulnerables los actores de éste fenómeno, los que ciertamente devienen de localizaciones escasamente planificadas, materializándose en la dificultad en el acceso al equipamiento urbano, servicios públicos y privados, movilidad en la ciudad, entre otros. Esto se configura debido a que las posibilidades de localizar a personas “sin techo” responden a la capacidad de compra que tiene el organismo público o privado competente en la temática, los que en la mayoría de los casos optan por la racionalización de los recursos e instalan grandes conjuntos de vivienda a las fueras de la ciudad, donde surgen las tensiones anteriormente mencionadas. Es por ello que, en el ámbito de la acción estatal, “la calidad de la vida urbana pasa a depender fundamentalmente de las decisiones que los inversionistas privadostomen acerca de determinado territorio. Como la inversión privada, siguiendo supropia lógica interna, se centra en aquellos proyectos y territorios donde la probabilidad de ganancia es mayor, el resultado es una profunda segregación urbana” 

La ciudad de Talca antes del terremoto se caracterizaba por tener una dinámica de cierta intensidad de las lógicas urbanas neoliberales y el desarrollo inmobiliario.

Así, una parte del proceso de reconstrucción de la ciudad corresponde al desplazamiento de sectores populares o medios que habitaban su centro histórico, hacia nuevos conjuntos habitacionales en la periferia (esto porque los daños en las viviendas son de tal magnitud que la reconstrucción en sitio propio no es una posibilidad para ser financiada por el Estado), lo que trae consigo la conformación de nuevos sectores habitacionales populares, que son producto de políticas regulares de subsidio de vivienda.

En este sentido, la realidad de Talca es compartida por diversos países latinoamericanos, puesto que hay una localización inadecuada y aislamiento con el resto de la ciudad.

Por lo anterior, también se surgen problemáticas que atañen no sólo a la composición y densidad de la ciudad de manera estructural, sino que a la calidad y modos de vida de los habitantes. Esto porque a nivel del sistema familiar no existe una real posibilidad de decisión respecto de la localización de las viviendas, y por lo tanto, la instalación esdonde el mercado ha determinado previamente los menores precios del suelo, lo cual se acompaña de diversos inconvenientes y carencias. 

Así, se reafirma que para los sectores populares, “el aislamiento de sus barrios impacta directamente en su calidad de vida. Trae como consecuencia largos viajes diarios al trabajo, falta de accesibilidad, equipamiento adecuado y, lo más importante, produce la ruptura de las redes sociales y familiares por la imposibilidad de mantener contactos frecuentes con la familia y amigos que quedaron en el domicilio anterior” y donde el modelo de reconstrucción se presenta como una variable que acrecienta los procesos de segregación y pérdida de identidad.

Lo anterior se intensifica cuando secomienzan a configurar procesos de segregación social. Esto porque los nuevosbarrios que se van conformando traen aparejadamente estigmatización debido alos bajos recursos de las personas del lugar de residencia. Estose explica porque las variables que más preponderancia tienen en ladiferenciación de la estructura social son las socioeconómicas, puesto que esta condición se ve reflejada en la estructura espacial, y por tanto en el espaciourbano, de modo que “la división socialdel espacio tiene como componente fundamental la característica de ser la expresión espacial de la estructura de clases o de la estratificación social”

Es así que la representación espacial se muestra como un reflejo de la estructura social, es decir, no es una diferenciación a-histórica, causal o natural, sino que responde a una interrelación de elementos que convergen en la estructura social. Así lo señala Bourdieu “la estructura del espacio semanifiesta, en los contextos más diversos, en la forma de oposiciones espaciales, en las que el espacio habitado (o apropiado) funciona como una especie de simbolización espontánea del espacio social.” 

En conclusión, la influencia del mercado en el suelo de Talca ha generado que en un contexto de catástrofe surjan desplazamientos hacia la periferia de la ciudad, lo que desemboca en la aceleración de los procesos de expansión urbana. Quienes más se ven afectados y vulnerados con esto son los sectores de más bajos recursos, quienes pierden su derecho a decidir sobre el lugar donde vivir dignamente, debido a la presencia (o no) de unEstado que no considera la función social de la propiedad y la función pública del suelo.

En el caso de nuestro país, las ciudades se han conformado con la suma de calles, viviendas, empresas, comercio, servicios públicos, iluminación, desarrollo inmobiliario, etc., donde cada uno de estos puntos funcionan sin relación entre sí y en donde el factor económico juega un rol preponderante.

Esto ha terminado por constituir ciudades segregadas, que reproducen y refuerzan la desigualdad, fomentan la desconfianza entre los habitantes, facilitan la discriminación y generan distintos niveles de calidad de vida, además, de dar paso a la formación de guetos que hoy son fuertemente estigmatizados.

Una muestra de la desigualdad en la ciudad, es la asimétrica distribución de bienes públicos y privados en uno y otro sector de la urbe, ya sea por el número de carabineros, áreas verdes o farmacias por habitantes, o por los diversos grados de calidad del transporte público. No es posible, por ejemplo, que en comunas como Quilicura los vecinos demoren más de 45 minutos en solo poder salir de su comuna para dirigirse a sus trabajos.

Tenemos que generar un cambio de paradigma para poder producir igualdad en nuestras ciudades. Creemos firmemente que se puede construir ciudades justas. Por eso, desde hace varios años un conjunto de organizaciones venimos proponiendo el AUGE de la ciudad, una herramienta que permita garantizar por ley estándares por habitantes y por barrios, en distintas áreas como conectividad, servicios de calidad en salud, educación y vivienda, áreas verdes y seguridad, entre tantas otras. Debemos contar con ciudades, en las cuales el lugar donde se viva no determine la calidad de vida de sus habitantes ni sus posibilidades de desarrollo personal.

Valoramos que la Comisión Asesora Presidencial de Desarrollo Urbano haya acogido la propuesta de fijar estándares por habitantes en el territorio. El AUGE de la ciudad se puede lograr y esperamos que pronto sea una realidad en nuestro país.

Esto nos permitirá crear ciudades justas, donde el Estado y su institucionalidad tienen el deber de lograr niveles de equidad. Lo que debemos hacer ahora es socializar esta propuesta, y con participación ciudadana, definir los estándares a garantizar en nuestro país.

Nuestra convicción es que para construir una ciudad justa es necesario conciliar cuatro grandes voluntades: decisión política, participación ciudadana, conocimiento experto y la acción de los privados.

Necesitamos que las autoridades nacionales generen las políticas públicas que se requieren, que las autoridades locales se sumen a este esfuerzo y es imprescindible que se legisle adecuadamente. Pero este proceso solo alcanzará su objetivo con verdadera participación ciudadana. Tiene que existir espacio para que los movimientos y organizaciones sociales, juntas de vecinos, el tercer sector y los vecinos hagan escuchar su voz.

Sin duda que los expertos como urbanistas y arquitectos tienen mucho que aportar pero a la vez para lograr este gran objetivo se requiere de otros conocimientos complementarios de las ciencias sociales y de especialistas en desarrollo sustentable.

No se puede olvidar la acción de la empresa privada, considerando no solo a constructoras e inmobiliarias sino también a todas las que ofrecen bienes y servicios, a las que generan empleo, a las Pymes y emprendedores.

Finalmente, para lograr el AUGE de la ciudad es fundamental establecer prioridades en las áreas a cubrir y horizontes de tiempo acotados.

Estamos trabajando con fuerza para lograr la ciudad justa con la voluntad efectiva de todos los actores involucrados.

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Foto: Claudio Olivares / Licencia CC

En efecto, “solo a modo de información, no se requiere tomar una decisión en esta sesión”, fue solicitada la autorización para enajenar un terreno de Cuarto Centenario 951. Terrenito pequeño de sólo 227 m2, que el propietario del Centro Comercial Los Molinos pretende ocupar para instalar unos estacionamientos. No obstante que si se aplica el trazado de la línea de antejardín el tamaño se reduce a 59,46 m2. Este terrenito es propiedad municipal, que se encuentra inserto dentro de un triángulo de propiedades privadas y que se había quedado allí olvidado desde hace unos 20 años.

Surgieron desde los concejales varias preguntas, tales como ¿por qué no usar un arrendamiento de servidumbre de paso? ¿Por qué no dejarlo como estacionamiento municipal de bicicletas, o por qué no dejarlo como una plazuela o área verde? ¿Por qué no planificar un desarrollo urbanístico de mayor envergadura?

A todas las preguntas se les dio respuestas negativas y el propio Ulises del siglo XXI se encargó de aclarar: “si se llegara a fusionar el terreno del Centro Comercial con el municipal tendría un costo aproximado de 30 o 40 UF el metro cuadrado” y, agregó, “cuando se transfiere un bien, el nuevo propietario adquiere el derecho de hacer lo que estime conveniente con el terreno”. El Administrador municipal aclaró más las cosas indicando que la tasación ya hecha por el banco BCI “daría un total de 102 millones de pesos”.

Los que vivimos en Las Condes sabemos que cualquier casa vale hoy más de 130 millones, pero este terreno no es cualquier cosita. Desde el Plano Regulador de los años 90, sólo tres sectores de la comuna tenían la clasificación EAa+cb como área de edificación.

1) El triángulo entre Los Troyanos, IV Centenario y Cristóbal Colon (que es el que nos convoca).

2) La franja sur del Estadio Palestino, por Las Condes desde Padre Hurtado hasta Kennedy.

3) El triángulo entre Latadía, Vespucio y Bilbao.

En la modificación del Plano Regulador hecha el año 2010, desaparece la clasificación EAa+cb pero aparecen las EAa+cm y EAa+ca. Estas siglas significan que el plano autoriza edificaciones en altura con continuidad media y con continuidad alta; las que en ambos casos permiten 15 pisos con un máximo de 52 metros.

En la clasificación uso de suelo, este mismo sector es comercial 1 (Comercio e Instituciones Comerciales). El caso específico de Los Troyanos es EAa+ca C1, de “re chupete”.

Los profesionales de la industria inmobiliaria saben que en dichos sectores los valores son más altos que en los meramente habitacionales, porque se han ido cubriendo con uso especialmente comercial. En otras palabras, se podría llegar a construir uno o más conjuntos de edificios de altura que reservarían sus plantas bajas para uso comercial y los pisos superiores para oficinas o habitación. Nuestro Ulises se los advirtió a todos, pero la enajenación se aprobó con sólo dos votos en contra: Cecilia Serrano y Tomás Fuentes.

No puede dejar de venirnos a la memoria un proceso semejante cuando se inició el proceso de entregar en concesión un trozo del Parque Araucano a empresarios privados del entretenimiento. En esta oportunidad se inició todo con la aprobación del Concejo para la construcción de una piscina de 1.500 metros cuadrados, bautizada como Parque Acuático, y a los pocos años se llegó a tener más de 40 mil metros cuadrados en 5 niveles bajo el piso y dos sobre el nivel del suelo. Un enorme sector de área verde se perdió, la municipalidad obtuvo un menguado beneficio y la parte del león se la llevó el concesionario privado.

Seis juntas vecinales y la organización Defendamos la Ciudad hicimos la denuncia ante Contraloría el año 2011, pero sin respuesta hasta la fecha.

El nuevo concejo municipal, con inmensa mayoría de debutantes, no han podido o querido defender el interés de los vecinos que hace años venimos pidiendo que, ante problemas de esta envergadura, se decida previa consulta democrática, participativa y vinculante a quienes vivimos en la comuna, soportando el asedio de las inmobiliarias, el crecimiento desmedido del parque automotriz y la pérdida de áreas verdes. Nadie se la juega por consultar la opinión de los vecinos.

Creemos que el concejo municipal debe abrir más los ojos y pedir que este acuerdo se revise, preguntando por ejemplo a los pocos propietarios de casas de la calle Los Troyanos cuánto les están ofreciendo ya las inmobiliarias por ellas. ¿A qué valor llegará la manzana completa y cuánto ganarían las constructoras? La aprobación del Plano Regulador ya es un hecho, así como el acuerdo municipal de echarle para adelante. Posiblemente Ulises ya conozca las respuestas y después dirá “yo les dije”.

Nos parece que esta operación es una más entre las destinadas a inflar lo más posible la burbuja inmobiliaria en Las Condes.

En la misma sesión de enero ya mencionada, se trató también el tema de la Autopista Vespucio Oriente, quedando los Concejales con la idea de que sólo hay que esperar a que el MOP apruebe el túnel minero (la solución más cara y menos destructiva). Los recursos de todos los chilenos irían a financiar una obra faraónica.

Por otra parte, la publicitada solución del tranvía (que efectivamente disminuiría la polución de CO2) traerá consigo la sobre valoración de terrenos en su cercanía. Aquí habrá aportes combinados del Estado y de la Municiplidad.

Nuestro alcalde ha declarado que cerrará su último período de 4 años con el cumplimiento de todos sus sueños y parece que realmente lo logrará. Los vecinos posiblemente tengamos pesadillas.

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Resulta ya imposible negar el impacto ambiental que tiene el funcionamiento de los colegios, traducido en tacos y  su consiguiente contaminación. El taco lo generan los padres/madres intento acercarse a los colegios para dejar a los niños/as y a veces no tan niños. Es tanto, que muchas veces se hace necesario llegar muy anticipadamente para poder estacionarse y sortear el mismo taco.

¿Qué podemos hacer?

Lo ideal realmente sería contar con un servicio de transporte público de calidad, que permita no solo planificar la ruta sino el tiempo de los viajes para no estar sometidos/as a la incertidumbre que significa no saber a qué hora pasará el bus, o ver pasar dos seguidas que no paran. Creo que las arbitrariedades del sistema de transporte público son muchas otras, como que el pago anticipado de los pasajes vía carga de la tarjeta bip no se ve reflejada en precios más convenientes. Podríamos pagar un mes de pasajes de manera anticipada a un precio que implique un ahorro sustantivo, y disminuir la sensación de que pago mucho por un servicio impredecible, salvo que lo haga en el metro.

Adicionalmente, la Intendencia Metropolitana debiera dar indicaciones para que los establecimientos educativos escalonen sus horarios de ingreso, haciéndose parte de la solución de un problema social que contribuyen a provocar. Por ejemplo a las 8:00 los niños pequeños de pre kinder a 4 básico, 8:30 los/as alumnos/as de 5 a 8 básico, 8:45 de 1° a 2° medio y a las 9:00 los terceros y cuartos medios, que ya bien pueden andar el micro. Realmente, cuál es la necesidad, más allá de una necesidad normativa, que todos/as los/as estudiantes de un colegio lleguen a la misma hora. Reitero que además que sería justo que los establecimientos educacionales se hicieran cargo de su impacto en la ciudad.

Resulta además de bastante sentido común que los empleadores permitan la gestión del horario de ingreso de cada trabajador/a en función de los horarios escolares, entendiendo que tanto la producción –el trabajo- como la educación de los/as niños son problemas  que nos competen a todos como sociedad y que no se trata de arreglos domésticos, privados particulares. Finalmente, una buena mayoría de santiaguinos vive presa de las sanciones por incumplimiento de los horarios. En los establecimientos educaciones se llega al absurdo de amenazar con suspensiones, citas al apoderado, y en los trabajos, los descuentos. Nadie parece tomar en serio el colapso de la ciudad, el tiempo en un no lugar llamado taco.

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El último corte generalizado de agua en Santiago, si bien puede haber tenido como causa principal el aumento de la turbiedad del agua, por la lluvia caída en la parte alta de la cuenca del río Maipo, dejó de manifiesto la precariedad de nuestro sistema de tratamiento de agua potable, y una incógnita sobre si se han realizado las inversiones necesarias para modernizar la Planta de Agua Potable de Las Vizcachas, cuya construcción data de hace varias décadas.

Esto cobra mayor relevancia si consideramos que por causas del cambio climático es esperable que estas situaciones meteorológicas se repitan y con mayor frecuencia en el futuro. En este mismo sentido es necesario revisar con mucha atención cualquier intervención que se realice en la cuenca del Maipo, por las consecuencias que pueda ocasionar al normal abastecimiento de agua de la capital.

Por esta razón es necesario evaluar con urgencia el impacto que el proyecto de Generación Hidroeléctrica Alto Maipo pueda tener sobre el abastecimiento de agua potable de Santiago. Habrá que analizar en detalle los términos del contrato entre Aguas Andinas y Aes Gener, que permitió viabilizar este proyecto y que según la prensa debiera darse a conocer en los próximos días.

Las empresas sanitarias tienen la obligación de mantener la calidad y la continuidad de los servicios que prestan (agua potable, alcantarillado y tratamiento de aguas servidas), debiendo para ello realizar oportunamente, entre otras, las inversiones en reposición y ampliación de la infraestructura, especialmente de las redes que son elementos que por estar bajo tierra deben ser constantemente monitoreados, ya que en general sus fallas sólo son perceptibles a simple vista cuando se produce un colapso. El atraso en el reemplazo de redes de agua potable obsoletas puede traer gravísimas consecuencias en el abastecimiento de agua y en la salud de la población. De igual forma, atrasos en el reemplazo de redes de alcantarillado, con sus vidas útiles cumplidas, puede también afectar gravemente la salud de la población.

Las empresas sanitarias son monopolios naturales, regulados por el Estado, a través de la Superintendencia de Servicios Sanitarios (SISS), quien fija sus tarifas y aprueba y fiscaliza la ejecución de los planes de inversión de las empresas (planes de desarrollo). En este aspecto es imprescindible que esta autoridad revise los planes de inversión vigentes de las empresas, ya que las inversiones en mantención y reemplazo de redes parecen insuficientes. A modo de ejemplo, en 2011, las inversiones de Aguas Andinas fueron en términos porcentuales: 11,2% para agua potable, 2,9% para alcantarillado y 87% para tratamiento de aguas servidas. Para el mismo año, los promedios del sector fueron 33,1% para agua potable, 13,7% para alcantarillado y 53,4% para tratamiento de aguas servidas (según datos obtenidos del Informe de Gestión 2011, elaborado por la SISS).

Claramente existe un incentivo económico para que las empresas privilegien la construcción de obras de tratamiento de aguas servidas, ya que mediante ellas pueden agregar un cargo adicional a la boleta de los clientes. Sin embargo es también claro que el regulador debe velar porque las inversiones no sólo sean guiadas por la búsqueda de lucro de las sanitarias, sino que principalmente para garantizar la calidad y la continuidad de todos los servicios prestados.

Respecto de las tarifas, es necesario que la autoridad explique las altas utilidades de algunas de las empresas sanitarias, teniendo en cuenta que la ley, al mismo tiempo que garantiza una rentabilidad mínima (del orden de 7%) a los prestadores, señala que los aumentos de eficiencia deben ser compartidos con los clientes. Muy altas utilidades generan la duda razonable de si las tarifas están siendo fijadas tomando en cuenta, en forma adecuada, los intereses de los clientes. A modo de ejemplo, en 2011, las utilidades sobre patrimonio de algunas de las principales empresas fueron las siguientes: Aguas Andinas 18,2%, Essbio5,4%, Esval 5,2%, Aguas Antofagasta 18,5%, Aguas Altiplano 31,8% y Aguas Magallanes 28,6% (en este mismo período el promedio del sector fue de 11,8%).

Ha resultado lamentable ver a la población (de Santiago, y también de otras ciudades del país, como Valparaíso), que paga cada mes una boleta que incluye el 100% de todos los costos que genera la provisión de servicios sanitarios, incluyendo la utilidad de la empresa, trasladando agua en bidones para poder abastecerse. Esta imagen no se condice con lo que se espera de un país que aspira al desarrollo, y que hasta ahora ha contado con excelentes niveles de calidad, continuidad y cobertura de servicios sanitarios.

Es responsabilidad de las autoridades, de nosotros los usuarios y de la comunidad en general, tomar las situaciones ocurridas como una señal de alerta de lo que puede seguir pasando en el futuro, si no nos preocupamos de exigir a las empresas responsables que entreguen los servicios con la calidad y continuidad adecuada, así como también de velar por que el precio que paguemos por esos servicios sea el que corresponde.

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Foto: Felipe Burgos

Creemos en la democracia y queremos su profundización a través de la mayor y más fecunda participación y el fortalecimiento de las organizaciones sociales.

Es falaz el debate que opone representación con participación. No son caras opuestas de una moneda. Por el contrario, ambas expresiones manifestadas bondadosamente dan cuenta de una relación virtuosa entre el elegido a través de los procedimientos democráticos, para la re/presentación, para hablar y actuar de los ciudadanos electores, y la acción ciudadana que sigue presente en el ejercicio del poder y que no es hipotecada en el acto de la votación democrática.

Por eso cada día adquiere una mayor relevancia la opinión ciudadana en los asuntos del ethos. Los temas de interés público son discutidos y conversados en los espacios públicos de la democracia. Es en este contexto que somos parte del sentir de una comunidad que, afectada por una decisión que no solo tiene implicancias políticas, sino que afecta el centro su vida, su dignidad y capacidad en la determinación de su desarrollo.

Se equivocan cuando pretenden construir una imagen despectiva de la acción realizada para la defensa de una identidad comunal. No somos grupos interesados y minoritarios.

Señalar argumentos, realizar peticiones verosímiles, propiciar el diálogo cívico es, en nuestra opinión, el camino de la amistad cívica. Ello requiere de condiciones. La aceptación del otro en su respeto, en su dignidad.

Hoy ha dejado de ser un lugar común no escuchar la opinión de los afectados. Todo acto de autoridad es puesto a exigencias mayores, dado el desarrollo político y cultural de las personas en el país y en sus respectivas comunidades.

En consecuencia, el tema de la Autopista Vespucio Oriente no es un hecho aislado y no corresponde a un tema de vecinos con mayores ingresos. Es la preocupación de Aysén sin Represas, Freirina, Til Til, Pelequén, en suma, comunidades, tanto urbanas como rurales que logran demostrar que sus conflictos son de todos.

Nuestra exigencia es una y categórica: Vespucio por Vespucio y en túnel. Además, tampoco es sostenible que la licitación que permitiría terminar con esta autopista se haga parcializada. El llamado a esa licitación debe ser solo uno, al igual que su construcción.

Ya a comienzos de este siglo XXI las decisiones públicas no pueden ser tributarias del escritorio de las autoridades y de los técnicos. Por lo tanto, el acto de la denuncia y de la protesta con el argumento y la propuesta conforman los hilos de una nueva relación, exigente y demandante, entre las autoridades y los ciudadanos.

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Aún recuerdo lo maravillado que estaba cuando en los ochenta visité Buenos Aires por primera vez. Recién había retornado la democracia a ese país después de muchos años de horror. En Chile aún estábamos en dictadura. En Santiago, teníamos el Paseo Ahumada, en Buenos Aires estaba el paseo Florida; ambos similares físicamente, pero tan distintos a la vez. En Buenos Aires los argentinos, se juntaban en cada esquina a conversar y discutir de política y otros temas en la más absoluta libertad. En Santiago la vigilada calma de nuestro Paseo Ahumada era solo interrumpida por las manifestaciones políticas de la resistencia, que rápidamente terminaban en una multitud arrancando de las bombas lacrimógenas, del guanaco y de las Fuerzas Especiales de Carabineros. (Con tristeza vimos como el 2011, durante las manifestaciones de los estudiantes, las autoridades de turno, transformaron el Paseo Ahumada y el centro de Santiago en un espacio similar al de los años ochenta).

Ya recuperada la democracia, los habitantes de la ciudad, volvimos a salir cotidianamente de nuestras casas y oficinas; ya no solo para trabajar y comprar; sino que para comenzar a vivir la ciudad en todo su esplendor. Sin embargo, por razones obvias, en ese minuto solo existía una escasa oferta de espacios para ejercer la democracia. Ahí surgió la primera oferta del mercado, el pub. Estos lugares rápidamente se convirtieron en un importante espacio de socialización en la ciudad. A partir de ese momento comenzó a ser común ver a los nuevos ciudadanos disfrutando de la conversación y la relajada convivencia que en esos lugares se generaba. Se podría decir que el pub pasó a ser algo así como una extensión del living de la casa. Claro que para ocuparlo había que pagar, lo que los hacía un espacio limitado y restringido, tanto en su acceso como en su función. Sin embargo, pese a sus limitaciones, hasta ahora el pub, mantiene y acrecienta su carácter de extensión de la vivienda, y es cada vez más común encontrar a algunos clientes incluso celebrando allí sus cumpleaños.

Con el correr del tiempo, el mercado nos ofreció una nueva opción, el mall. Estos nuevos lugares, por su extensión y modernidad rápidamente pasaron a ocupar un sitial como espacio de convivencia. Hasta el día de hoy, estos centros comerciales son ocupados por muchas familias, especialmente los fines de semana, para mirar vitrinas, pasear, comprar y cada vez más frecuentemente ver cine o disfrutar de una obra de teatro o de un show musical. Sin embargo al igual que el pub, los mall son un lugar cuyo destino está claramente orientado al comercio y por tanto tienen barreras de acceso, por localización, por función y por el diseño mismo de las instalaciones. Aunque se llamen “plaza”, no son una plaza.

Durante los primeros gobiernos democráticos, a través de las instituciones preocupadas de las obras públicas y de la vivienda, el Estado se enfocó a desarrollar la atrasada infraestructura pública y a reducir el gran déficit de viviendas que dejó el período dictatorial, postergando el desarrollo de los espacios públicos y generando en muchos casos verdaderos guetos en la ciudad. En una segunda etapa, además del impulso al desarrollo de infraestructura concesionada, el Estado se orientó a desarrollar proyectos de espacio público, surgidos desde las oficinas técnicas de los ministerios, algunos con gran éxito, como el Programa de Desarrollo de Borde Costero, impulsado por la Dirección de Obras Portuarias del MOP, que recibió un merecido reconocimiento en la última Bienal de Arquitectura.

Al ver hoy nuestras ciudades, con sus graves problemas de contaminación, congestión, déficit de transporte público de calidad y con sus desarrollos inmobiliarios fuera de todo control y planificación, pareciera que mejorar la oferta de espacios públicos fuese todavía secundario; sin embargo no debiera ser así. La ciudadanía está cada día con más fuerza saliendo del mall y volviendo a la plaza, ocupando la calle y cuanto espacio esté disponible para ejercer sus derechos democráticos; lamentablemente muchas veces viviendo el espacio, más que como un bien colectivo, como una tierra de nadie (baste  como ejemplo recordar lo que ocurre cada año con los Festivales Culturales de Valparaíso o después de cada manifestación política en Santiago).

En el futuro cercano debieran irse sumando nuevas iniciativas de desarrollo del espacio público, surgidas o demandadas desde y por las comunidades locales. Estos nuevos proyectos debieran apuntar a mejorar el entorno de los barrios y a facilitar y estimular la apropiación democrática de la ciudad por sus habitantes. Para disponer de más y mejores espacios públicos será necesario planificarlos, diseñarlos y mantenerlos, en conjunto con la sociedad civil organizada. En ese mismo sentido tendremos también que ser capaces de leer a tiempo las nuevas funciones que los ciudadanos van asignando a los espacios colectivos y acoger de manera adecuada esas demandas. Por ejemplo, la Plaza Italia, a pesar de que hace ya muchos años se transformó en un lugar simbólico de manifestaciones ciudadanas, no ha evolucionado para acoger adecuadamente esa función. Es urgente que la ciudad provea a los ciudadanos de lugares para manifestarse públicamente; espacios donde, sin alterar el funcionamiento de la ciudad, podamos hacer sentir clara y nítidamente nuestra voz. El zócalo de Ciudad de México es, al parecer, un buen ejemplo de ello. En cambio en nuestra Plaza de la Ciudadanía casino hay lugar para que los ciudadanos puedan manifestarse libremente.

En ese mismo futuro seguirá existiendo un gran oportunidad para que los agentes privados aporten al desarrollo del espacio público en la ciudad; sin embargo para que eso ocurra, deberán abandonar la máxima que ha guiado a la mayoría de ellos hasta ahora: “ni un solo metro cuadrado sin lucro en nuestros proyectos”.

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La comunidad talquina debe saber que existía un contrato entre el municipio y el Ministerio de Educación por varios miles de millones de pesos, destinado a la recuperación del histórico edificio. Sin embargo, el actual Concejo, liderado por el alcalde y sus 7 concejales oficialistas, pretenden poner término a dicho contrato, revocando el acuerdo del anterior Concejo Municipal y debiendo reembolsar el dinero gastado por los trabajos que ya se habían iniciado.

Es cierto que las pasadas elecciones otorgaron una amplia mayoría a la actual administración, pero también es cierto que en democracia las autoridades son responsables ante sus mandantes, es decir, la ciudadanía y no como aseguraron los concejales Vielma (la voz de los que no tienen voz) y Cherif, al decir que el buen resultado de los comicios pasados avala todo lo que se ha venido haciendo y que las manifestaciones en contra son solo con fines políticos. Señores por favor ¡qué discurso más trasnochado y vacío! Todo lo que tiene que ver con el manejo de la polis (ciudad) es una forma de hacer política y jamás debe “demonizarse”, pues es la más noble tarea o ¿me van a decir los señores concejales que ellos no son actores políticos y no adoptan decisiones políticas alineados en bloque como en este caso?

Ciertamente la ciudadanía – y en especial la comunidad educativa de estos establecimientos – debe  ser la primera escuchada para tomar una decisión como la que se pretende adoptar. Una municipalidad no puede operar sólo con una visión empresarial y netamente económica, pues hay cuestiones que no siempre serán rentables en este sentido. Precisamente para ello están los órganos del Estado, no para generar excedentes financieros en las cuentas de fin de año. Es posible mantener una administración comunal responsable con una visión enfocada en el mayor alcance del bien común.

Seguro ahora muchos lamentarán enterarse de que el pack de luces navideñas y fiestas veraniegas incluía la desaparición del patrimonio histórico y cultural de Talca (Mercado Central, Casa del Arte, Escuelas Concentradas).

Es una mala solución porque no hace más que incentivar el uso del automóvil particular, que es justamente el que produce los altos niveles de congestión en nuestras calles. El fenómeno se llama tráfico inducido, y se define como el progresivo aumento en la demanda (más autos en movimiento) a raíz del incremento en la superficie de circulación (nuevas vías). ¿Suena fantástico? Es exactamente lo que ha ocurrido con autopistas urbanas como la Costanera Norte, que en pocos años pasó de ser una vía rápida a un río de automóviles andando a baja velocidad en las cada vez más prolongadas horas punta. En materia de agilización del tráfico, Vespucio Oriente es pan para hoy y hambre para mañana.

Es una mala solución porque destruye el espacio público, no importando si se construye a nivel de suelo, elevada o bajo tierra. Un túnel puede dar espacio a un parque en su superficie, pero también debe contemplar grandes obras para entradas y salidas de vehículos –se informa que en este caso serían cinco- que producen profundas heridas en el tejido urbano, segregan barrios, y generan típicos cuellos de botella que a la larga originan gran congestión dentro y fuera de la autopista. En otras palabras, la velocidad que supuestamente se gana al interior de la vía expresa se pierde al momento de salir de ella y entrar a la vialidad local.

Es una mala solución porque no hace más que dilatar la adopción de medidas que sí tienen alto impacto a la hora de enfrentar la congestión vehicular. El problema no es la falta de infraestructura, sino el exceso de vehículos. Una ciudad del tamaño y características de Santiago no puede basar sus políticas de movilidad en el uso del automóvil particular; no hay calles que aguanten ni economía que lo resista. La congestión vehicular no se combate multiplicando la cantidad de vías para la circulación de más automóviles, sino ofreciendo más y mejor infraestructura para el transporte público, la bicicleta y la caminata, y adoptando medidas orientadas a hacer un uso más racional del automóvil, como la gestión del estacionamiento, el establecimiento de zonas de tarificación vial, y el fomento al uso del auto compartido.

Es una mala solución porque nos hace creer que es la ciudad la que tiene que adaptarse al número creciente de automóviles, y no al revés.

El desafío de los próximos años no es el aumento en el número de autos, sino cómo los utilizamos. Contrariamente a lo que se nos quiere hacer ver, Santiago no está condenado a Vespucio Oriente, una solución que sólo beneficia a quien la construye. Santiago necesita –y merece- otro tipo de respuestas, basadas en políticas de transporte y desarrollo urbano orientadas a disminuir distancias de viaje y a mover gente, no vehículos. Es de esperar que el debate suscitado por la construcción de Vespucio Oriente nos lleve a una discusión más rica sobre el modelo de ciudad en que queremos vivir y cómo queremos movernos en ella. Santiago tiene todo para tener un sistema de transporte público de alto nivel, integrado a redes peatonales y ciclistas, y que actúe de manera complementaria al transporte particular. Para avanzar en esa dirección no necesitamos construir grandes autopistas de supuesta alta velocidad, sino más bien plantearnos para qué queremos usar y cómo queremos vivir las calles y barrios que actualmente tenemos.

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Foto: La Tercera

Señora
Josefa Errázuriz
Alcaldesa de Providencia
Presente

Estimada Alcaldesa:
He seguido con atención la campaña para cambiar el nombre a la avenida 11 de septiembre. No puedo estar más de acuerdo. La decisión de ponerle ese nombre a la avenida fue un oscuro capricho político. No es hoy novedad decir que el 11 es una fecha que divide a Chile. Muchos santiaguinos se han terminado acostumbrando a este nombre, pero los extranjeros que nos visitan no entienden cómo no lo hemos cambiado antes.

Sé que la propuesta en curso es volver al nombre original, Nueva Providencia. Sin embargo, este nombre me parece poco conveniente. Primero, no le otorga identidad propia a la vía; parece un mero apéndice de Providencia, cuando en realidad sí cuenta con una historia particular e hitos como la casa Schacht y la ex iglesia San Ramón. Segundo, van a existir múltiples confusiones entre Nueva Providencia y la Providencia original, que afectarán sobretodo a los recién llegados a la comuna y a la ciudad de Santiago. Las confusiones pueden multiplicarse en los sistemas de cartografía digital (como Mapcity y Google Maps) y sistemas de información geográfica en general (GIS). No será raro que algunos no lleguen a sus destinos y se pierdan confundiendo la “antigua” y la “nueva” avenida. Es cierto que este era el nombre original, pero eso no quiere decir que sea el mejor. El principio de lo práctico debiera primar al momento de renombrar esta calle.

Lo anterior no quiere decir, no obstante, que haya que descartar lo simbólico. Al contrario, ello es importante también. Combinando lo práctico y lo simbólico, me permito recomendar dos nombres:

1. Avenida 18 de Septiembre: Sin representar una gran, gran disrupción en la vida de los vecinos y ciudadanos -pues cambia sólo un par de números-, me parece que es un gran salto. Pasaríamos de tener una fecha que divide, a una fecha que suma, que convoca, que hace parte a todos los chilenos. Una fecha en que no hay vencedores ni vencidos, que no representa el capricho político de nadie como sí ocurría con el 11. El 18 de septiembre es tal vez uno de los pocos consensos verdaderos entre los chilenos, y debería tomarse en cuenta. Si lo piensa bien, no está aprovechado en el sentido de hacer memoria al respecto: no hay ninguna otra avenida significativa en Santiago con este nombre, por lo que Providencia podría innovar al respecto. Nadie se sentiría menos identificado que otro con este nombre, al contrario que 11 de septiembre.

2. Avenida Germán Bannen: Estoy seguro que usted conoce tanto como yo el gran mérito de este urbanista en el desarrollo de nuestra comuna. Ponerle este nombre a la avenida recordaría en vida con mucho respeto y cariño a su propio gestor, a quien buscó facilitar la vida urbana del sector guardando una escala humana en las tiendas y oficinas, potenciando los flujos peatonales -y no sólo los de vehículos- y, en definitiva, poniendo a Providencia en el mapa fundamental de Santiago gracias a la creación de este “nuevo centro” que es Providencia/11 de Septiembre. Contraste un momento su obra con “Sanhattan” y me entenderá. Sería la primera vez que una avenida lleva el nombre de un urbanista: una señal en línea con la idea actual de construir no sólo casas y edificios, sino también barrios, nuevos centros, ciudad.

Me parece que ambos nombres cumplen con el objeto de no excluir a ningún grupo de ciudadanos y a la vez recordar o simbolizar hechos importantes. Además, Providencia se pondría a la vanguardia y podría gestar un movimiento que cicatrice heridas muy parecidas en otras comunas: 11 de septiembre también es calle o pasaje en las comunas de Pedro Aguirre Cerda, Puente Alto, Buin y Renca. Asimismo, La Pintana tiene una larga avenida llamada General Francisco Franco. Imagine usted, si Providencia es capaz de superar su pasado autoritario y tributario de las élites, el ejemplo que puede dejar en otros lugares.

Envío esta carta también a cada uno de los Concejales de Providencia. Me parece que aquí tenemos una gran oportunidad como vecinos de Providencia para darle un giro definitivo a la identidad de nuestra comuna. La invito entonces, estimada Alcaldesa, a aprovechar esta oportunidad en plenitud.

Un afectuoso saludo,

Juan José Ayarza
Vecino de Providencia