Desde la entrada en vigencia de la Ley de Transparencia, los 346 servicios y organismos de la Administración Central del Estado recibieron un total de 99.281 requerimientos de información. Sólo en el año 2011, se formularon 39.960 solicitudes.
De acuerdo a la normativa internacional y parámetros de Open Data, en nuestro país no se cumple con la mayoría de los estándares en las instituciones públicas. Por ejemplo:
Siendo que los datos deberían estar disponibles para cualquier persona, sin necesidad de registro o cualquier barrera de entrada, en Chile, te debes inscribir con todos tus datos personales.
La información es gratuita parcialmente, ya que se cobran los costos directos de su reproducción. Los datos rara vez están disponibles en un sitio de Internet estable indefinidamente. Si usted desea saber algo, debe hacer la solicitud por medio de la Ley de Transparencia, quien le responderá en un plazo máximo de 20 días hábiles, con la posibilidad de extenderse otros diez días, por lo que los datos llegan dentro de un mes. Datos que a veces pierden su valor, siendo demasiado tarde para que puedan ser útiles para el público. Si comparamos con ask the eu, el sitio para solicitar información a todas las instituciones de la Unión Europea, aquí realizas la solicitud y se deriva a los organismos correspondientes (en Chile debes hacer la solicitud organismo por organismo, no hay interoperabilidad) y la respuesta no demora más de dos días (comprobado personalmente). Los datos publicados por el Gobierno deben estar en formatos y bajo enfoques que promuevan el análisis y la reutilización de estos, para desarrollar análisis propios de los datos en bruto, en lugar de confiar en el tradicional análisis oficial o de terceras partes (prensa, medios de comunicación).
Con nuestra legislación y la voluntad de los organismo públicos, sólo se obtienen datos en la mayoría de los casos en formato PDF o EXCEL, sin detalle posible de granularidad, ni en formatos para su uso y reuso en acuerdo a protocolos estándar (CSV), por lo que no permite que sean procesables. Se requieren datos, no documentos, y firmados digitalmente o que incluyan certificación de la fecha de creación-publicación, autenticidad e integridad.
La información que debería ser libre y sin condiciones, se niega cuando afecta las funciones institucionales, pasa a llevar los derechos de las personas, por seguridad e interés nacional o al ser documentos reservados o secretos, que podrán durar hasta 10 años. Pero lo que más causa extrañeza es la negación en caso que los documentos solicitados contengan información que pueda afectar los derechos de terceros, y estos oponerse a la entrega de la información, ya que los parámetros no están claros y se ha usado para ocultar información.
Finalmente, ejemplos del uso y la reutilización de datos públicos, aplicada por comunidades de nativos digitales, hoy permiten cosas tan novedosas como, saber en menos de un minuto en qué se han gastado los impuestos (dónde van mis impuestos), saber acerca de los grupos económicos mundiales y sus vínculos (open corporates), subvenciones a la pesca (fish subsidy), registro de problemas viales (fix my street) o en Chile los talentosos de Ciudadano Inteligente, de entre muchos ejemplos diseñados y construidos a partir de los datos liberados por los Gobiernos y transformados por grupos de ciudadanos mediante aplicaciones sencillas y útiles, y por sobre todo, disponibles para quienes lo necesiten.
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